José Antonio Bracamontes Vidrio

Expediente 389/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
389/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • José Antonio Bracamontes Vidrio

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de seis de mayo del año actual, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el mismo y se tiene por no interpuesto el recurso de queja. Además, de la certificación en comento, se advierte que ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 3, 14, 16 y 123 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 389/2019-V. Análisis de demanda. Del análisis del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: [L]a emisión, publicación y ejecución de la convocatoria marco para la promoción a categoría con funciones del Concurso para la promoción a categorías con funciones de Dirección en Educación Básica. Ciclo 2019-2020 en educación básica, ciclo escolar 2019-2020 COP-SUP-EB-19 de fecha 25 de febrero de 2019 que establece las bases nacionales para la realización del concurso para la promoción al cargo, categoría o función Básica/Educación Especial/Director. La ejecución de la fase primera de la Convocatoria del Concurso para la promoción a categorías con funciones de Dirección en Educación Básica. Ciclo 2019-2020 respecto al registro, recepción y revisión de documentación respecto a mi persona. En su calidad de superior jerárquico las órdenes y/o instrucciones realizadas respecto a la emisión, ejecución y calificación del oficio número CGSPD/159/2019 efectuadas al Lic. ***** en su calidad de Coordinador General del Servicio Profesional Docente de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno del Estado de Colima y/o de la Coordinación de los Servicios Educativos de Estado de Colima respecto de mi persona a la negativa de inscripción en el Concurso para la promoción a categorías con funciones de Dirección en Educación Básica. Ciclo 2019-2020. La no expedición respecto a mi persona de una ficha de examen con información de la sede de aplicación, fecha y hora en que me tendré que presentar la evolución nacional respecto a la Convocatoria del Concurso para la promoción a categorías con funciones de Dirección en Educación Básica. Ciclo 2019-2020 Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese sentido, este jurisconsulto advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que está previsto en el artículos 113 en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 en cita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se advierte como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. En la especie, la parte quejosa señala como autoridades responsables: [III]. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- El Secretario de Educación del Gobierno del estado de Colima. 2.- Director General de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima. 3.- Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República. 4.- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 5.- Coordinador General del Servicio Profesional Docente en el Estado de Colima 6.- Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República. 7.- Director General de la Promoción de la Coordinación Nación del Servicios [sic] Profesional Docente. A quienes les atribuye como actos reclamados: a) la emisión, publicación y ejecución de la convocatoria para Promoción a Categorías con Funciones de Dirección en Educación Básica, ciclo escolar 2019-2020 COP-SUP-EB-19, de veinticinco de febrero de 2019; b) la ejecución de la primera fase de esa convocatoria; c) la negativa de registrarla como participante; y, d) la no expedición de la ficha de examen con la información correspondiente. Ahora bien, sobre la base de las consideraciones expresadas con antelación, debe destacarse que la relación jurídica que une a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Colima, con sus trabajadores es de naturaleza laboral, pues cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, sino con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese órgano con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la parte quejosa es trabajadora de la Secretaría de Educación Pública, en particular del punto uno. De lo anterior, resulta que los actos de que se duele la parte quejosa consistentes en: la emisión, publicación y ejecución de la convocatoria para Promoción a Categorías con Funciones de Dirección en Educación Básica, ciclo escolar 2019-2020 COP-SUP-EB-19, de veinticinco de febrero de 2019; la ejecución de la primera fase de esa convocatoria; la negativa de registrarla como participante; y, la no expedición de la ficha de examen con la información correspondiente: está relacionado con aspectos laborales, pues esos actos fueron emitidos como patrón, no como autoridad dotada de imperio, sino como se desprende de los artículos 1° y 47 de la Ley de Educación del Estado de Colima, así como 1, 3, 4, 5 y 8 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema Educativo del Estado de Colima. Entonces, los actos imputados a las autoridades señaladas como responsables, pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública que también desarrolla la Secretaría de Educación Pública de la Entidad. Por consiguiente, es imposible tener a las autoridades señaladas en la demanda, como responsables bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que el acto reclamado encuadra en la relación laboral de la parte quejosa con aquéllas. Además, conviene indicar que cualquier conflicto suscitado entre la parte quejosa con su empleador, como bien pudiera ser el reconocimiento de derechos laborales, como los escalafonarios, pueden ser controvertidos a través de un juicio laboral contemplado en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Colima, como lo establecen sus artículos 132 y 138. Por tanto, se concluye que las autoridades señaladas en este juicio carecen de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo vigente, motivo por el cual es imposible tenerlas como responsables y menos ante el hecho de que actuaron dentro de la esfera del derecho privado, es decir, en la relación laboral que tienen como patrón frente a la parte quejosa -ésta con la calidad de trabajador educativo-. En tales condiciones, procede el desechamiento de la demanda, dada la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción II, del diverso 5°, ambos de la citada legislación, respecto de los actos imputados a las autoridades responsables. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, y que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 493/2017. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo.

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