José Antonio Ballinas Cancino

Expediente 1155/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1155/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • José Antonio Ballinas Cancino

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación precedente y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hayan inconformado contra la sentencia constitucional de treinta de septiembre de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara ha causado ejecutoria. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, de sobreseimiento, no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la DESTRUCCIÓN de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito, no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de proveer lo relativo, toda vez que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos ni tomos para devolver a las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    La suscrita Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, certifico: Que el presente juicio de amparo 1155/2022-III, promovido por José Antonio Ballinas Cancino, se encuentra debidamente integrado y en condiciones de emitir resolución, ya que se cuentan con las siguientes constancias: - Constancia de emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable. - Informe justificado rendido por la autoridad responsable. - Se cuentan con las constancias visibles y necesarias para resolver. - No hay pruebas ni diligencias pendientes por desahogar en este juicio. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Doy fe. Audiencia y Sentencia Constitucional En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 1155/2022-III, promovido por José Antonio Ballinas Cancino, se levanta la presente acta ante la presencia de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. El Secretario en Funciones de Juez declara abierta la audiencia, y la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda. 2 Auto admisorio. 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. 4 Emplazamiento a la autoridad responsable. 5 Informe justificado. Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. Autoridad responsable Sentido Auto 1 Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. No es cierto Doce de septiembre de dos mil veintidós El Secretario en Funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Diversas documentales relacionadas con el acto reclamado. Doce de septiembre de dos mil veintidós. 2 Parte quejosa. Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Veintinueve de agosto de dos mil veintidós. El Secretario en Funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más probanzas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria del juzgado hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 1155/2022-III, promovido por José Antonio Ballinas Cancino. R E S U L T A N D O: I. De la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, José Antonio Ballinas Cancino, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto reclamado que se precisarán más adelante en los puntos considerativos. II. Admisión y trámite. Por auto de veintinueve de agosto del año en curso, se radico bajo el número 1155/2022-III, se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado se atribuye a autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y el acto reclamado, advertido de la demanda de amparo. Del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que la quejosa señaló como autoridad responsable: Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Asimismo, se advierte que el acto reclamado resulta ser el siguiente: a) La omisión de proveer sobre las pruebas ofrecidas por las partes dentro del incidente de liquidación en el juicio laboral 490/2018. TERCERO: Certeza o inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la siguiente jurisprudencia: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, según constancias de autos, se advierte lo siguiente: No obstante que lo niega, es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que de la constancia que remitió se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda persistía el acto reclamado que se le atribuye. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la copia certificada de la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, por tratarse de documentales públicas emitidas por un funcionario en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO", con registro 394182. Lo expuesto con anterioridad, permite tener la certeza de los actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia de la acción de amparo intentada, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se advierta, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida el análisis de fondo de la cuestión debatida. Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente juicio se advierte que se actualiza la causa prevista en el diverso 61, fracción XXI, del mismo cuerpo reglamentario que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se arriba a la convicción de que cesó los efectos del acto reclamado, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En efecto, de las pruebas documentales que obran en el sumario, se advierte que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas en el incidente de liquidación, asimismo dictó resolución interlocutoria en donde condenó a la demandada al pago de $840.829.80 (ochocientos cuarenta mil ochocientos veintinueve pesos 80/100 m.n.); por ende, cesaron los efectos de los actos reclamados, en virtud que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de agosto de dos mil veintidós), aún existía dicho acto que reclamaba el promovente. En las relatadas condiciones, tal como se advierte, el acto reclamado descrito ha cesado en sus efectos, en mérito que la omisión de referencia, fue subsanada. Por ello, resulta inconcuso que dicho acto reclamado en esta vía por la parte quejosa, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejaron de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado en esta instancia atribuido a las autoridades responsables en comento. No obsta a lo anterior el hecho que en proveído de veintinueve de agosto de la presente anualidad, este órgano se reservó respecto de la existencia del tercero interesado, sin embargo, tomando en consideración el sentido del presente fallo, este juzgado considera innecesario llamar al presente juicio a la parte tercera interesada, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto. Resulta aplicable a lo anterior, la Tesis Aislada de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por José Antonio Ballinas Cancino, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado y anexa copias certificadas en apoyo al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio de cuenta y sus anexos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de cuenta, en donde la autoridad responsable manifiesta que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tiene por admitidas las documentales que remite la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Con el contenido del informe, dese vista a la parte quejosa, y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Relaciónense en la audiencia constitucional. Por otro lado, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, que fue reformado por el diverso 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, para la consulta del expediente físico en el cual obra el informe de cuenta y anexos, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que de no hacerlo se considerará que no es su deseo imponerse de los mismos, y que si media el plazo de ocho días exigido por el artículo 117, de la Ley de Amparo entre el día siguiente del surtimiento de efectos de la notificación de este auto y la fecha señalada para la audiencia constitucional, ésta se celebrará. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por José Antonio Ballinas Cancino, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1155/2022-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por José Antonio Ballinas Cancino. III. Autoridad responsable. - Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. IV. Acto reclamado. - La omisión de proveer sobre las pruebas ofrecidas por las partes dentro del incidente de liquidación en el expediente laboral 490/2018. V. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. VI. Audiencia. Se señalan las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. VII. Informes y constancias. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. VIII. Prevenciones. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se le giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirigen los oficios haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. IX. Intervención del Agente del Ministerio Público. Dese a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. X. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. XI. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas consistentes en la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones que ofrece la parte quejosa, las cuales se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Ahora, en relación a la probanza ofertada por la parte quejosa, relativa al expediente laboral 490/2018 que obra ante la autoridad responsable, dígase que no ha lugar a su admisión, porque dicha constancia deberá ser allegada en copia certificada por esta última como anexo para justificar el acto que aquí se reclama, máxime que, de conformidad con el artículo 121, de la ley de la materia, tampoco acreditó haber realizado la solicitud respectiva ante ella. XII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. XIII. Autorizados y domicilio, expediente y notificaciones electrónicas y medios magnéticos. Se tiene como autorizado en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luz Ceballos Culebro y Cristina Alfaro Palacios, toda vez que tiene inscrita su cedula profesional que los acredita como licenciados en derecho en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública, consecuentemente, se tiene a Wendy Alejandra Rojas Villatoro, como autorizada en términos del numeral 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo de la ley de la materia, esto, es únicamente para oír y recibir notificaciones. Atento a lo peticionado de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizada para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio a la antes citada, registrada con el nombre de usuario "JLCeballos", para consultar de manera electrónica el presente juicio. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones a través del usuario "JLCeballos"; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. Cabe destacar que no se soslaya el hecho de que la parte quejosa señala como domicilio físico para efecto de oír y recibir notificaciones, sin embargo, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 2019, deben de privilegiarse los medios electrónicos. De igual forma, con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su aplicación en el presente expediente a la representante y autorizados, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad en términos de la legislación Penal Federal. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. XIV. Tercero Interesado. Este juzgado se reserva de proveer lo relativo a la existencia del tercero interesado hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado o fenezca el termino otorgado para tales efectos. XV. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de las autoridades que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XVI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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