José Antonio Argudín Barrera

Expediente 268/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
268/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
21/08/2018

Partes del expediente

  • José Antonio Argudín Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cúmplase

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de agosto de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que el amparista -quien es el único interesado en hacerlo-, no recurrió la sentencia de veintitrés de julio del presente año, mediante la cual se sobreseyó en el juicio, por lo que se estima ocioso continuar en espera del acuse de recibo del oficio girado para notificar la resolución de referencia a la autoridad responsable foránea; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado; por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. En tanto que, se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de este acuerdo, por lo que se señala como fecha probable para ello el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que no es necesaria la retención de las constancias enviadas por la autoridad responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    Cúmplase

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 268/2018, promovido por José Rafael Ortiz Ríos, por conducto de su defensor particular, contra actos del Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el cuatro de abril del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el doce de abril siguiente se admitió a trámite la demanda registrada bajo el orden 268/2018; se requirió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; asimismo, se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las constancias del expediente, se precisa que el acto reclamado es: La resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 147/2015-V, mediante la cual se revocó la libertad provisional bajo caución otorgada al quejoso, que se atribuye al: a) Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales de esta ciudad. Y su ejecución al: b) Director del Centro Federal de Readaptación Social Cinco "Oriente", Villa Aldama, Veracruz. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable señalada en el inciso a), pues así lo manifestó al rendir informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe de ley; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También es cierto el acto de ejecución que se atribuye al director en cita, pues no obstante que lo negó al rendir su informe, lo cierto es que el quejoso se encuentra interno en el centro de reclusión a su cargo, de ahí que debe tenerse por desvirtuada su negativa y como cierto el acto que se le imputa. No obstante la certeza de los actos en análisis, es innecesario el estudio de fondo del asunto, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia que es de orden preferente a dicho estudio y se invoca de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley.". Para sustentar esta causal, se considera necesario precisar lo siguiente: 1. Mediante auto de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 147/2015 el juez responsable concedió al quejoso el derecho de libertad provisional bajo caución. 2. Posteriormente, en auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable tuvo por exhibidos a satisfacción de dicho juzgado los billetes de depósito presentados para garantizar las obligaciones contraídas por el quejoso, por tanto, solicitó al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", en el Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama, dejara en libertad al procesado, única y exclusivamente por lo que respecta a la causa de referencia. 3. Atendiendo a lo anterior, el dos de febrero del año en curso, el Director del centro de reclusión donde se encuentra el quejoso, informó que no fue posible la excarcelación del amparista debido a que cuenta con diverso proceso penal en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, situación de la que se dio vista al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable. 4. El quince de febrero siguiente, se tuvo por desahogada la vista de la representación social, y toda vez que no solicitó la revocación del derecho concedido, se requirió al quejoso y a su defensor particular para que en tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. 5. Por notificación personal de veintitrés del mismo mes y año, el amparista solicitó "QUE LE SEA REVOCADO EL BENEFICIO Y LA GARANTÍA LE SEA ENTREGADA A SU DEFENSOR PARTICULAR; LO ANTERIOR, EN RAZÓN DE QUE NO PODRÁ CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES POR ESTAR RECLUIDO POR OTRO PROCESO". 6. Finalmente, mediante proveído de dieciséis de marzo de esta anualidad (acto reclamado), el juez responsable atendiendo a la manifestación expresa por parte del quejoso, y a que este se encuentra sujeto a otro proceso penal que le impide dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con motivo del referido derecho, lo revocó y ordenó devolver al defensor particular del quejoso los billetes de depósito exhibidos. Con base en lo anterior, la improcedencia de que se trata estriba en que el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso. Lo anterior se estima así, porque si la emisión del acto reclamado tuvo como finalidad atender lo solicitado por el quejoso respecto a la revocación del derecho de libertad provisional bajo caución, es evidente que no existe tutela jurídica alguna del interés en que se apoya la pretensión del promovente de este juicio, que acredite agravio jurídico alguno -directo o indirecto- que la legitime para instar esta vía constitucional. Tal afirmación se sustenta en que, como se advierte de la resolución reclamada, el juez responsable atendió a la manifestación del amparista, y tomó en consideración que se encuentra en prisión preventiva con motivo de diverso proceso, motivos suficientes para la revocación de dicho beneficio, pues se encuentra impedido para cumplir con las obligaciones contraídas como la presentación cada mes en el juzgado responsable, asimismo, ordenó la devolución de las garantías exhibidas a su defensor particular, determinación que fue favorable a los intereses del quejoso considerando su situación jurídica, pues no se le causó perjuicio y por ello, se estima actualizada la causal de improcedencia que se analiza. Más aún que en desahogo de la vista dada al defensor del amparista, manifestó de manera totalmente coincidente con lo expuesto por su defendido: ". no menos cierto es que él, en la actualidad sigue privado de la libertad en el CEFERESO número CINCO "ORIENTE", en Villa Aldama, Estado de Veracruz, a disposición del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por diverso delito, motivo por el cual le resulta formal y materialmente imposible cumplir con las obligaciones a que alude el artículo 411 del Código Federal de Procedimientos Penales, mismas que se le hicieron de su conocimiento a través de proveído de fecha 31 de enero de 2018.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de que se trata, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en el presente juicio debe sobreseerse, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo contra el acto atribuido a la autoridad ejecutora, en razón de que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de ejecución si no se reclama por vicios propios, como en el caso acontece. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 339, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, Tomo VI, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Por último, glósese al presente expediente el cuadernillo formado con motivo del oficio recibido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Rafael Ortiz Ríos, por medio de su defensor particular, contra la resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 147/2015-V, mediante la cual se revoca la libertad provisional bajo caución reclamada del Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, y la ejecución del Director del Centro Federal de Readaptación Social Cinco "Oriente" Villa Aldama, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Agréguese el cuadernillo de antecedentes relacionado con el presente juicio.

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