José Antonio Arceo Alaniz
Expediente 969/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Antonio Arceo Alaniz
- Responsable del Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Suministradora de Servicios Básicos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14, 20, fracción I, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 20, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, como lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. En la inteligencia de que en el presente asunto, no obra algún documento original exhibido por las partes. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción del cuaderno que para el efecto se formó. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno de incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional así como la definitiva, es susceptible de destrucción, dentro del término de tres años, acorde a lo contemplado en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vinculación con los lineamientos contenidos en el apartado 7.5 y 8.1.2, punto 3 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Así, conforme a lo ordenado en el numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 969/2022-VII-A, promovido por José Antonio Arceo Alaníz, por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales K.A.C. y J.D.A.C., contra actos que reclamaron de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el tres de noviembre del dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que hizo consistir los establecidos en el capítulo IV de la demanda de amparo. SEGUNDO. Mediante proveído de dieciséis de junio del dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo y se registró con el expediente 969/2022-VII; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se ordenó dar la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien no formuló alegato ministerial; finalmente, se citó a las partes a la audiencia constitucional que hoy se celebra, por lo que; C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en la inconstitucionalidad de una norma tributaria estatal, cuyo acto de aplicación se realizó en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar los actos reclamados, los cuales se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte discordante. Así, se estima que los solicitantes del amparo reclaman a las autoridades responsables la negativa de colocar un aparato medidor de energía eléctrica en su domicilio, así como la omisión de reconectar el servicio de energía eléctrica, a pesar del convenio de colaboración que tienen celebrado con la paraestatal. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables CFE Suministrador de Servicios Básicos y Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, quien está a cargo de la Superintendencia de la Zona Juárez de CFE Distribución, ambos con residencia en la localidad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que se les atribuyen. Asimismo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte que éstas adjuntaron a los mismos la captura de pantalla del sistema comercial denominado SICOM, el cual utiliza la Comisión Federal de Electricidad, imagen de la cual se aprecia que el usuario de nombre Arceo Alaniz José Antonio (aquí quejoso), se encuentra en estatus de activo, con servicio de suministro de energía eléctrica y sin adeudos; también anexan la imagen de un medidor de energía eléctrica instalado y en funcionamiento. Así, ante la negativa especifica externada por las precitadas autoridades responsables al rendir su correspondiente informe justificado en torno a los actos reclamados, a la parte impetrante correspondía demostrar su existencia, en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Entonces, toda vez que en el caso, la parte quejosa no ofreció alguna prueba idónea para desvirtuar la negativa expuesta por las autoridades responsables en su informe justificado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Además, este órgano jurisdiccional considera que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el ordinal 217, de la Ley de Amparo, referente a la Jurisprudencia obligatoria que deben acatar los Juzgados de Distrito, específicamente, cuando en determinados actos que se reclamen a la Comisión Federal de Electricidad, se determine que no es autoridad para los efectos del juicio de amparo. En efecto, las hipótesis legales apuntadas, literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la interpretación de tales preceptos, se deduce que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales. Por su parte, el artículo 217, de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, es obligatoria para este Juzgado de Distrito. En ese tenor, se estima pertinente destacar lo que nuestro Máximo Tribunal de Justicia, resolvió en la contradicción de tesis 4/2014, en relación con la autoridad y actos que por esta vía se tildan de inconstitucionales. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que tratándose de la determinación del servicio de suministro de energía eléctrica, inclusive cuando contenga una advertencia de corte o suspensión del servicio, no es procedente el juicio de amparo al no estar en presencia de un acto de autoridad, ello toda vez que el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario, adquieren derechos y obligaciones recíprocas; por lo que, la relación jurídica existente se regula por el derecho privado y no así por una relación de subordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio. Ello es así, porque las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte, deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el acceso del suministro de la energía eléctrica, no genera que la relación contractual entre el usuario y la Comisión Federal de Electricidad, se transforme en acto de autoridad. Por ello, el juicio de amparo es improcedente contra los actos que emita dicha dependencia o por cualquiera de sus departamentos, consistentes en la privación al acceso del suministro de la energía eléctrica, ya que dichos actos no son de autoridad, ni se equiparan a tales, pues se reitera, las características de esos actos siguen siendo las mismas, a saber: 1. Su origen es un acuerdo de voluntades. 2. La relación jurídica que existe entre este organismo y la otra parte no es de supra subordinación, sino de coordinación, entre dos sujetos que se encuentran obligados por el acuerdo que asumieron en el acuerdo de colaboración; uno obligado al suministro de energía eléctrica, y otro al pago del servicio prestado. 3. El corte de suministro de energía eléctrica, en su caso, implica que ante el incumplimiento del usuario se deja de prestar el servicio contratado en ejercicio del derecho legítimo de retención de la obligación, presente en cualquier relación contractual. En ese tenor, los actos aquí reclamados no provienen de una autoridad, porque la Comisión Federal de Electricidad o sus dependencias, no actúan en ejercicio de una potestad administrativa, que les otorguen atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realicen actos equiparables a dicha relación. Lo anterior pese a que el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que: "(...) Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."; pues lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurre en la especie, porque la suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva, como se indicó, de actos de una relación de coordinación entre la empresa y el usuario del servicio, emanada de un convenio de aportación relativo al suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, se sostiene que la Comisión Federal de Electricidad o sus dependencias, no realizan actos equivalentes a los de autoridad y, por ello, el juicio de amparo es improcedente, pues los actos que aquí se reclaman derivan de la relación contractual de coordinación entre la responsable y la parte aquí quejosa (usuario del servicio). Robustece lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.43/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, pues: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Esto es, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad o son equiparables a éste para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. Así, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no constituye ni es equivalente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Así como, la diversa Jurisprudencia 2a./J.44/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El corte o la suspensión del fluido de energía eléctrica contratado por falta de pago oportuno, no puede ser considerado por esa sola circunstancia, un acto de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad o equiparable a éste." De igual forma, se estima citar la Jurisprudencia PC.XVI. J/1 A (10a.), de la Décima Época, visible en la página 2125, Libro 2, Enero de 2014, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establece: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LA SUSPENSIÓN Y LOS AVISOS RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por éste aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de las jurisprudencias 2a./J.112/2010 y 2a./J. 113/2010, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 364 y 365, respectivamente, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en las que se define que el cobro, aviso, corte de energía e incluso clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de esos criterios jurisprudenciales es obligatoria en términos de los artículos 215, 216, 217 y Sexto transitorio de la ley de la materia, en tanto que no se oponen a las disposiciones insertas en la Ley de Amparo vigente; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen la tesis jurisprudenciales de trato." A mayor abundamiento, cabe destacar, que los actos reclamados no son de autoridad sino realizados entre particulares de naturaleza mercantil, en virtud que son relativos a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica celebrado por la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, no impugnables vía amparo, pues al no ser actos de autoridad sino celebrados entre particulares, los mismos son impugnables en la vía mercantil. En tal virtud, resulta inconcuso que en la especie, los actos reclamados no pueden considerarse que puedan impugnarse vía amparo indirecto, pues al ser emitidos entre particulares, la vía para impugnarlos es la mercantil, en los términos que indica en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación; Registro digital 2009410, de contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Consecuentemente, también se surte la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción III, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo y por tanto, se sobresee en el presente juicio de amparo. Se hace la precisión que, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Antonio Arceo Alaníz, por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales K.A.C. y J.D.A.C., contra actos que reclamaron de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de conformidad con el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y mediante oficio a las autoridades responsables.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
se R E S U E L V E ÚNICO. de conformidad con el considerando único de esta interlocutoria, se niega la suspensión definitiva por propio derecho y en representación de los menores de iniciales contra los actos y las autoridades responsables precisadas en dicho considerando. Notifíquese.
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