José Antonio Ángeles Sosa
Expediente 93/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Ángeles Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil dieciocho. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de once de abril de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 93/2018, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 93/2018, promovido por José Antonio Ángeles Sosa, contra actos del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio no existe tercero interesado. A continuación, el secretario hace constar que por auto de veintiséis de marzo del año en curso, se tuvo como inexistentes a las autoridades señaladas como Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Comandante de la Policía Ministerial Federal adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Federación, por lo que no se realizará pronunciamiento alguno respecto de éstas en la sentencia. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en eta ciudad. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes ofertó medios de convicción. JUEZ. Al no existir pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, a través del pedimento 28/2018. JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto IX-93/2018; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, misma que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, José Antonio Ángeles Sosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en el que reclamó del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, la orden localización, presentación y citación dictada en su contra. Actos que el quejoso consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 14, 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración, por auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, se registró la demanda como el expediente IX-93/2018; este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos de autoridad de una autoridad administrativa con funciones de procuración de justicia, con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, lo es la orden localización, presentación y citación dictada contra el peticionario del amparo. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis del informe justificado rendido por el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, se obtiene que negó la existencia de los actos que se le atribuyen. Pese a lo manifestado por las autoridades responsables de referencia, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime, que ante la negativa de la autoridad responsable, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados; sin embargo, no se satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por José Antonio Ángeles Sosa, en contra de los actos que reclamó de la autoridad responsable, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del dos de abril de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión IX-93/2018, promovido por José Antonio Ángeles Sosa, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Por otro lado, en este acto el secretario CERTIFICA: Que el término de tres días concedido al quejoso en proveído de siete de marzo del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la inexistencia de la autoridad responsable señalada como, "agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Atención Inmediata y al "Primer Comandante de la Policía Ministerial Federal adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Federación"; ambos con sede en Zitácuaro, Michoacán", trascurrió del dieciséis al veintidós de marzo del año en curso, descontándose los días inhábiles correspondientes, sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita por lo que se ordena suspender toda comunicación con dichas autoridades y en consecuencia no se hace pronunciamiento al respecto. Asimismo, da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendidos por: DELEGADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación del informe previo recibido con antelación y que ya obran en autos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. EL JUEZ: Al no existir pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente el Agente del Ministerio Público Federal de esta adscripción formuló alegatos a través del escrito presentado el veintidós de febrero del año en curso ante el Oficial de partes de este juzgado. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 93/2018; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, José Antonio Ángeles Sosa, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados al Delegado de la Procuraduría General de la Republica en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 2.- Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la probable orden de localización, presentación y citación, así como su ejecución, dictada en su contra. SEGUNDO.- INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.- Del informe previo rendido por Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que éste negó la existencia de los actos que la parte quejosa le reclama. TERCERO.- SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.- En ese sentido, no obstante que el amparista solicita la suspensión definitiva por cuanto a la probable orden de localización, presentación y citación, así como su ejecución, dictada en su contra, por la señalada autoridad ordenadora, satisfaciendo con ello el requisito que contempla el artículo 128 de la Ley de Amparo; se estima que, no procede conceder la medida suspensiva, en virtud de que el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables ante esta instancia constitucional, por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada en contra de los referidos actos, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1008, visible en la Segunda Parte, página 1630, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y ocho, bajo la voz: "INFORME PREVIO". En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables de la existencia del acto reclamado, sin que el peticionario del amparo haya ofertado probanza alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 154/88. Dominga Trinidad Robles. 5 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 472/90. Eduardo Salomón Quiroz. 15 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 126/92. Josefa Yauhtentzi Montiel. 31 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 592/92. Anselmo Tochihuitl Ramírez y otra. 8 de diciembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 281/95. J. Trinidad Valencia García. 7 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz." Atento a lo anterior, lo que se impone es NEGAR a José Antonio Ángeles Sosa, la suspensión definitiva que solicita. El criterio jurisprudencial que aparece citado, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 131 de la Ley de amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega a José Antonio Ángeles Sosa, la suspensión definitiva del acto reclamado, por los motivos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. AUTORIDAD INEXISTENTE Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que a la fecha ha fenecido el término de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista que se le dio en proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho, sin que hubiera hecho manifestación alguna; se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, esto es, se tiene por inexistente a las autoridades denominadas "agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Atención Inmediata y al "Primer Comandante de la Policía Ministerial Federal adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Federación", ambos con sede en Zitácuaro, Michoacán"; y se ordena suspender toda comunicación con las mismas. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.Ds/Mgm
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