José Antonio Ángeles Sosa
Expediente 73/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Ángeles Sosa
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: No ha lugar a devolver de documento. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Itzel Jaquelín Carranza Sánchez, atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a devolverle el documento que solicita, hasta en tanto quede firme el auto de veintinueve de enero de dos mil diecisiete. . . .
- Principal
pOR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A QUEJOSO Y AUTORIZADOS EL ATUO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN SÍNTESIS REFIERE: Morelia, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista; la cuenta que antecede se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 73/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6° y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Itzel Jaquelin Carranza Sánchez, en favor de su esposo José Antonio Ángeles Sosa, contra actos del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Michoacán con sede en esta ciudad y otras autoridades. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6º de la Ley de Amparo, la promovente carece de legitimación para promover el juicio de amparo. En efecto, de los indicados preceptos deriva que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona que con el acto reclamado de la autoridad haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto que combate sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; dicha promoción la puede hacer por derecho propio o por medio de su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. De esa manera, se tiene que la legitimación de que se habla se traduce en la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, bajo la condición de que el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien efectivamente tiene aptitud para hacerlo valer. Por tanto, la legitimación de que se habla es requisito para la procedencia del juicio, mientras que el interés jurídico, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. En el caso, el acto reclamado consiste en el citatorio de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Atención Inmediata en Zitácuaro, Michoacán, girado a efecto de que el Síndico Procurador del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, notifique a José Antonio Ángeles Sosa, comparezca ante esa representación social, a fin de que rinda declaración ministerial respecto del expediente EXH/PGR/MICH/ZIT/032/2014, así como la localización, presentación, arresto, captura o arraigo del citado José Antonio Ángeles Sosa. La demanda de amparo fue promovida por Itzel Jaquelin Carranza Sánchez, supuesta esposa del indiciado quien, bajo protesta de decir verdad, manifestó que su conyugue se encuentra impedido para promover la reclamación constitucional porque se fue al vecino país del Norte. De lo expuesto, se advierte que la quejosa no cuenta con facultades para promover el juicio, en favor de José Antonio Ángeles Sosa, pues el citatorio de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, así como la posible localización, presentación, arresto, captura o arraigo de José Antonio Ángeles Sosa, no le afecta su esfera de derechos fundamentales. Ello es así porque de acuerdo con los hechos narrados bajo formal protesta de decir verdad, el citatorio de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, así como la posible localización, presentación, arresto, captura o arraigo de José Antonio Ángeles Sosa, está dirigida a persona diversa de la quejosa, por lo que llegado el momento de ejecutarla los elementos aprehensores solo deben de privar de la libertad al citado y no a la peticionaria. Por tanto, el único legitimado para promover el juicio de amparo para impugnar ese mandamiento privativo de la libertad es el citado José Antonio Ángeles Sosa, y no su conyuge dado que, de acuerdo con la naturaleza jurídica del acto reclamado solo puede afectar la libertad de ambulatoria del mencionado y no la de su conyugue. Máxime que el acto reclamado no encuadra en las hipótesis del artículo 22 Constitucional o 15 de la Ley de Amparo, para que un tercero pueda instar ante la justicia federal a favor de otra persona puesto que se trata de una orden de aprehensión. De ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Gerardo León Caballero, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, la persona restante, únicamente para recibir notificaciones, e imponerse de los autos, hasta en tanto acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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