José Antonio Anchondo Arzaga

Expediente 127/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
127/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Anchondo Arzaga
  • Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que inmediatamente antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, primer párrafo, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido la resolución dictada en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el auto dictado el dos de diciembre de dos mil veinte, que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el informe justificado rendido por la ******************** de esta Ciudad. Por consiguiente, agréguese a los autos y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el ordinal 119 de la ley de la materia, se tiene por recibida dicha documental pública, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Igualmente, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, al haber acordado lo conducente en relación a los escritos que le fueron presentados por la parte actora el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve y veintisiete de julio de dos mil veinte, en los cuales solicitó se le pusiera a la vista los autos del expediente laboral 2/08/3560 y se le expidiera copia certificada de la totalidad de las constancias que lo integran. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedent XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. Hipótesis que se actualiza en el caso a estudio. En este asunto, ************ -ahora quejoso-, actor en el juicio laboral ********* señala como acto reclamado, la omisión de *********************, de dar contestación a su escrito de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, donde solicitó extraer del archivo y ponerle a la vista el expediente de origen y expedirle copia de dichas actuaciones. Sin embargo, mediante acuerdo de trece de abril del año en curso, la Junta responsable, dio contestación a dicho escrito y puso a disposición de la parte actora los autos del juicio laboral *********, que promovió contra ************* y ordenó la expedición de la copias requeridas de dicho expediente; acuerdo que se ordenó notificar por medio de lista, publicada en los estrados de dicho Tribunal Laboral. Lo que evidencia que han cesado los efectos de la omisión reclamada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de manera tal que se restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales trasgredidos. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado y, por ende, la actualización de la causal invocada, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, de la referida Ley. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia ciento tres, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, se deja sin efectos la fecha que se encuentra señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo, señalada para las diez horas con diez minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Materia Común, página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar, se fijan las diez horas con diez minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el escrito presentado por Raúl Corral López, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "Raul Corral". A fin de proveer en cuanto a lo peticionado, conviene destacar que el artículo 3 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, con la utilización de firma electrónica, lo cual tiene como objetivo fundamental, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En el mismo sentido de la tramitación en línea en los juicios de amparo, la Ley de la materia, en el artículo 24, establece la posibilidad de realizar notificaciones de forma electrónica a la parte quejosa y tercero interesada, al establecer: ".cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con Firma Electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de esta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma." Ahora bien, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, es un hecho notorio que la contingencia sanitaria que afecta al país, derivada por el virus COVID-19, restringe la movilidad de las personas y que esto ha traído como consecuencia que los quejosos y sus abogados se vean impedidos para acudir a los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación para consultar sus expedientes y darles el impulso procesal que estimen pertinente. En ese sentido, la restricción a la práctica tradicional del litigio persigue un bien constitucional, que es el de preservar la salud y la vida de las personas, lo que incluye desde luego tanto a los justiciables como a los servidores públicos, empero, ello no significa que el acceso a la justicia para los quejosos, esté del todo vedado, pues el Consejo de la Judicatura Federal, ha implementado medidas para que los juicios de amparo no queden inactivos, voluntad que se ve reflejada, entre otros documentos, en el "ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO". En los considerandos séptimo y octavo del citado Acuerdo General, se realiza un esbozo de la normatividad aplicable a la tramitación en línea de los procedimientos regulados en la Ley de Amparo, posteriormente, en el considerando noveno, se señaló que "Ninguna de las legislaciones adjetivas que rigen los procedimientos competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal difiere sustantivamente de las reglas previstas en la Ley de Amparo". En virtud de lo anterior, con el objeto de fortalecer el derecho de acceso a la justicia en relación con el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en la parte final del considerando noveno del mencionado Acuerdo General determinó que "es impostergable y resulta normativamente viable que el acceso a los servicios en línea que ya se prestan para la materia de amparo y para el sistema penal acusatorio-adversarial, se extiendan a todos los procedimientos jurisdiccionales que conoce el Poder Judicial de la Federación, bajo una plataforma homologada por el Consejo de la Judicatura Federal". Por otra parte, se destacó que resultaba apremiante la necesidad de emitir el Acuerdo General 12/2020, en virtud del contexto de las medidas adoptadas frente a la pandemia por el virus COVID-19. Así, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señaló que la emisión de ese Acuerdo General constituye un nuevo conjunto normativo que establece el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, regula la integración de los expedientes electrónicos que permitan a las personas justiciables promover, consultar expedientes, recibir notificaciones e interponer recursos, así como la celebración de audiencias y comparecencias a distancia. En congruencia con lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el "Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". En su artículo 1, estableció un esquema de trabajo con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, durante el período del dieciséis al treinta de junio de dos mil vente. En el artículo 12 del Acuerdo citado en el párrafo precedente, se levantó la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción, trámite, estudio y resolución de los asuntos con expedientes electrónicos integrados y en los que las partes estén autorizadas para actuar a través del Portal de Servicios en Línea, accediendo al expediente y notificándose por medios electrónicos. Por su parte, en el artículo 13 se asentó que para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes o sus representantes deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado y que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Ahora bien, con el objeto de regular la integración de los expedientes electrónicos y la actuación desde el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, entre otros aspectos, en el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020, se precisa que a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación se podrá realizar la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, atendiendo a la normatividad aplicable en cada materia y al propio Acuerdo. Dentro del Sistema Electrónico del Poder Judicial se encuentra el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que el artículo 14 define como un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. El Portal cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. De conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, el acceso al expediente electrónico, entendiéndose por este el conjunto de documentos electrónicos que coinciden integralmente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en los expedientes correspondientes a los asuntos competencia del Poder Judicial Federal. Asimismo, el párrafo segundo del artículo 35 y el artículo 40 del Acuerdo General 12/2020, establecen que la solicitud de acceso al expediente electrónico podrá solicitarse de la siguiente forma: "Artículo 35. (.) podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad". "Artículo 40. Con independencia de que la demanda se presente por vía impresa o electrónica, la parte en el procedimiento jurisdiccional, por sí, por conducto de su representante legal o, excepcionalmente, por conducto del autorizado que cuente con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrá solicitar en cualquier momento autorización para ingresar al expediente electrónico. Sólo las partes y sus representantes legales pueden solicitar dicha autorización para terceras personas". De la lectura de las porciones normativas transcritas, se advierte que el directamente quejoso o su representante pueden solicitar el acceso al expediente electrónico para sí o para un tercero y de igual manera solicitar que las notificaciones se realicen de manera electrónica y, excepcionalmente, el autorizado en términos amplios, puede efectuar realizar dicha solicitud, siempre que cuente con facultades expresas para ello. Ahora, de las actuaciones existentes en este contradictorio federal se aprecia que el promovente es autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, no se aprecia que se le haya otorgado la facultad expresa para que, en esa misma vía, se practiquen las notificaciones respectivas, tal como lo establecen los artículos 35, en su segundo párrafo, y 40, del Acuerdo General 12/2020, invocados en párrafos precedentes, ni la facultad de solicitar la reanudación en la tramitación del expediente en que se actúa mediante el esquema de servicios en línea. Por tanto, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de que, como autorizado en términos amplios de la parte quejosa, carece de la facultad expresa para solicitar el trámite del presente asunto bajo el esquema de juicio en línea; dado que, de acuerdo a los numerales citados la petición debe realizarla la parte quejosa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Valeria Moreno Durán, Secretaria de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.

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