José Antonio Álvarez Guiloche

Expediente 237/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
237/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • José Antonio Álvarez Guiloche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    AGRÉGUESE EN AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR EL SECRETARIO DEL VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, POR MEDIO DEL CUAL DEVUELVE LOS AUTOS ORIGINALES DEL JUICIO DE AMPARO 237/2018, EN UN TOMO Y REMITE TESTIMONIO DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN SESIÓN DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DEL AMPARO EN REVISIÓN R.A. 174/2018; ATENTO A ELLO, ACÚSESE RECIBO DE ESTILO Y HÁGASE SABER A LAS PARTES QUE EL ÓRGANO REVISOR RESOLVIÓ LO SIGUIENTE: "PRIMERO. QUEDA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE LA SENTENCIA RECURRIDA. SEGUNDO. SE CONFIRMA EL FALLO RECURRIDO. TERCERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, JEFE DE GOBIERNO, SECRETARIO DE FINANZAS Y SECRETARIO DE GOBIERNO TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSISTENTE EN LA DISCUSIÓN, APROBACIÓN, REFRENDO Y EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES; EN CONCRETO, POR LO QUE HACE AL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN TÉRMINOS DE LO EXPUESTO EN LA SENTENCIA RECURRIDA Y EN ESTA EJECUTORIA. CUARTO. QUEDAN SIN MATERIA LAS REVISIONES ADHESIVAS.". CONSECUENTEMENTE, ARCHÍVESE. ASIMISMO, GLÓSENSE ÚNICAMENTE LAS ACTUACIONES ORIGINALES DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES FORMADO CON MOTIVO DEL ENVIO DE LOS PRESENTES AUTOS, NO ASÍ LAS QUE OBREN EN COPIAS FOTOSTATICAS, TODA VEZ QUE ESTAS YA FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. REQUIÉRASELE, PARA QUE EN EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO, ACUDA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA RECOGERLOS; CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE DESTRUIRÁN JUNTO CON EL EXPEDIENTE. SE HABILITA AL ACTUARIO JUDICIAL PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES REALICE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    VISTO EL OFICIO, SIGNADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL COMUNICÓ LA READSCRIPCIÓN DEL JUEZ VÍCTOR OCTAVIO LUNA ESCOBEDO, EN SUSTITUCIÓN DEL JUEZ ALFONSO JAVIER FLORES PADILLA, LO ANTERIOR HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. VISTO EL ESCRITO DE LA PARTE QUEJOSA, TÉNGASE INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN, REMÍTANSE LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, FÓRMESE EL CUADERNO DE ANTECEDENTES. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    V I ST O S para resolver el juicio de amparo indirecto 237/2018, promovido por José Antonio Álvarez Guiloche, contra actos de la Asamblea Legislativa y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 2 a 36); en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado al siguiente día a este órgano jurisdiccional, José Antonio Álvarez Guiloche, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 2. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 3. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. 4. Secretario de Finanzas de la Ciudad de México. 5. Consejera Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 6. Tesorero de la Ciudad de México. IV. ACTOS RECLAMADOS 1.- De la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la discusión, aprobación y emisión del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en particular su artículo 130, fracción II, punto 1, que establece una reducción en el cálculo del Impuesto Predial. El Decreto reclamado fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México correspondiente al día treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. 2.- Del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la aprobación, promulgación y orden de publicación del Decreto mencionado en el punto anterior, a través del Decreto de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. 3.- Del Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el refrendo y publicación del Decreto mencionado en el punto anterior, como consta en la publicación señalada. 4.- Del Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, el refrendo del Decreto mencionado y, como responsable del área impositiva, la aplicación en perjuicio de la parte quejosa de las disposiciones reclamadas mediante la recepción del pago del impuesto, así como los demás actos tendientes a exigir de la propia quejosa el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las disposiciones reclamadas. 5.- De la Consejera Jurídica y de Servicios Legales, la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del Decreto reclamado que ha quedado descrito. 6.- Del Tesorero de la Ciudad de México, la aplicación de las disposiciones reclamadas; en particular, la realización de todos los actos de cobro, requerimientos, mandamientos de ejecución, embargos, aplicación de sanciones y todos los consecuentes a dicha aplicación. [.]" Segundo. Derechos fundamentales cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los consagrados en los artículos 16 y 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señalaron que no existe tercero interesado; bajo protesta de decir verdad manifestaron los antecedentes del acto reclamado; ofrecieron pruebas; y, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. Tercero. Admisión y trámite. Mediante proveído de quince de febrero del presente año (fojas 37 y 38); este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables los respectivos informes justificados; dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. El suscrito, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el contenido del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclaman actos de autoridades administrativas con residencia dentro de la competencia territorial de este Juzgado Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual, es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, página 255; cuyo rubro y texto, registro 181810, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables, y actos reclamados, los siguientes: 1. Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 2. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 3. Secretario de Finanzas de la Ciudad de México. 4. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. 5. Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. Autoridades a las que les reclama en el respectivo ámbito de sus competencias la discusión, aprobación, refrendo, emisión y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones; así como, la discusión, aprobación y expedición del artículo 130, del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 6. Tesorero de la Ciudad de México. Autoridad a la que se le reclama, la realización de los actos de cobro, requerimientos, ejecuciones, embargos y aplicación de sanciones. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registró 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En este orden de ideas, no es cierto el acto reclamado consistente en la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, específicamente el artículo 130, del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por parte del Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, (foja 118); pues al rendir el informe justificado, la autoridad responsable negó el acto que se le reprocha. Asimismo, no es cierto el acto reclamado al Tesorero de la Ciudad de México¸ consistente en la realización de los actos de cobro, requerimientos, ejecuciones, embargos y aplicación de sanciones. Lo anterior, debido a que las autoridades manifestaron en los respectivos informes con justificación que no intervinieron en el proceso ni en la ejecución de los actos reclamados mencionados en los párrafos anteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número VI. 2º. J/308, publicada en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 80, agosto de 1994, foja 77, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL, CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, ésta obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". En ese orden de ideas, al resultar inexistentes los actos reclamados en la presente instancia constitucional; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de Amparo, y la técnica que rige en el juicio de garantías, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, registro 212775, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de 1994, Octava Época, página 68; de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, son ciertos los actos reclamados a la Asamblea Legislativa (fojas 120 a 131); Secretario de Gobierno, Secretario de Finanzas (fojas 136 a 139); y, Jefe de Gobierno (fojas 140 a 167); todos de la Ciudad de México, pues así lo manifestaron al rendir los respectivos informes justificados. Aunado a lo anterior, la existencia del Decreto que se tilda de inconstitucional se demuestra sin necesidad de prueba alguna, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2º, conforme a los cuales las leyes (ordenamientos generales) no son objeto de prueba, pues basta que estén divulgadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para que el órgano jurisdiccional esté obligado a tomarlas en cuenta, al tratarse de un hecho notorio, tal y como se deriva del contenido de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, tomo XV-I, febrero de 1995, número V.2o.214 K, página 205, registro 209107, que establece lo siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la Ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". De igual forma, sirve de apoyo a esta consideración, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, agosto de 2000, registro 191452, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dispone: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo". Así como el criterio 226, establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, del Apéndice 1995, Quinta Época, número de registro 394182, que expone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que el análisis de las causales de improcedencia debe realizarse lo aleguen o no las partes, conforme a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia II. 1o. J/5, registro 222780, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, página 95; de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En este orden de ideas, este Órgano Jurisdiccional de oficio de advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". El precepto transcrito consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, se estima conveniente señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del criterio sustentado en la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 139-144 primera parte, página 13, registro 232527, estableció los requisitos que deben colmarse para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido; dicho criterio es de la literalidad siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". Así, atendiendo a lo anterior, para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: a) El acto reclamado debe existir y el agraviado debe conocerlo, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; b) Tal acto debe causar un agravio al quejoso, pues de lo contrario, aunque se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y, c) Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En principio, se cumple con el primer requisito, relativo a la existencia del acto reclamado, el cual ya fue valorado en el considerando anterior, puesto que así se aprecia del formato múltiple de pago a la Tesorería de la Ciudad de México y el comprobante de pago realizado ante la personal moral Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable, constancias que exhibió el quejoso en su escrito inicial de demanda (fojas 33 y 34). Además, se colma el requisito relativo a que el agraviado conozca el acto reclamado, toda vez que de constancias se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del impuesto predial el uno de enero del presente año, a través de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, pues así lo manifestó el quejoso mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 2 a 36), lo que también se advierte del formato múltiple de pago de la Tesorería de la Ciudad de México así como del pago realizado ante la persona moral Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 33 y 34). De igual forma, se encuentra satisfecho el tercer requisito relativo a que el acto reclamado cause agravio al quejoso, ya que de autos se advierte que José Antonio Álvarez Guiloche, presentó el trece de febrero de dos mil dieciocho ante la Oficialía de Correspondencia Común de estos Juzgados Federales el escrito de demanda (foja 2 a 36). Luego, en lo que respecta al requisito consistente en que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional dentro del plazo legal de quince días, establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado, como se evidenciará a continuación. El artículo 17, de la ley de la materia, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, del ordenamiento legal citado, establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se desprende tres hipótesis para el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo, a saber: La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis, consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, 9a. Época, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Así como la tesis I.1o.A.21 K, 9a. Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 1520, que señala: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación, la Jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página doscientos noventa y uno, del Tomo II, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". También, se cita por su aplicación, la tesis publicada en la página trescientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y dos, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, que literalmente establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". En el caso, como se apuntó con anterioridad, de las constancias que integran el juicio de amparo, obra, el pago del impuesto predial ante la persona moral Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable, el día doce de enero de dos mil dieciocho, por un total de $5,985.00 (Cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.); a la cual asiste valor probatorio pleno en término se los artículos 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, En ese contexto, es dable concluir que José Antonio Álvarez Guiloche, tuvo conocimiento del artículo 130, del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; asimismo, el quejoso realizó el pago del impuesto predial ante la persona moral Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable, el día doce de enero de dos mil dieciocho, por un total de $5,985.00 (Cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) correspondiente por tanto, esa debe ser la fecha que se tomará en cuenta como base para el cómputo del término a que alude el artículo 17, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso realizó el pago relativo el doce de enero de dos mil dieciocho, se colocó en la hipótesis normativa de la Ley que ahora reclama. Lo anterior, permite establecer que el plazo de quince días de que disponía el quejoso para promover el juicio de amparo en contra del acto precisado en líneas que anteceden, acorde con el artículo 17, de la Ley de Amparo, inició desde el día hábil siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado; así, tenemos que si ello aconteció el doce de enero de dos mil dieciocho, el término transcurrió a partir del quince siguiente y feneció el dos de febrero del mismo año, excluyendo los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero de esa anualidad, por ser días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19, de la Ley de la Amparo, así como con el artículo 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, si el quejoso, combatió el acto reclamado en comento, hasta el trece de febrero de dos mil dieciocho, fecha en que presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, según se aprecia del sello de recepción respectivo que obra a foja dos del presente expediente; es decir, después de la conclusión del plazo de los quince días a que alude el citado artículo 17, de la Ley de Amparo, es claro que resulta extemporánea; pues como ya quedo precisado; es indudable que desde el doce de enero del año que transcurre, en que se efectuó el pago del impuesto predial ante la persona moral Tiendas Soriana Sociedad Anónima de Capital Variable, por un total de $5,985.00 (Cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), tuvo conocimiento completo y directo del acto de autoridad, por lo que estaba en aptitud de combatirlo jurídicamente, dentro del plazo legal de quince días; al no hacerlo así, es claro que lo consintió tácitamente. En esas condiciones, al no haberse reclamado oportunamente el acto en estudio, implica un consentimiento tácito por parte del solicitante del amparo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por las razones asentadas, en la presente sentencia no se analizan los conceptos de violación hechos valer contra el acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado, se sobreseyó al actualizarse una causal de improcedencia, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la tesis II.2o.183 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 420, tomo XIII, de febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, así como los demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E Unico. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Antonio Álvarez Guiloche, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, que precisado quedó en el segundo considerando de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando tercero y quinto de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    SENTENCIA: ÚNICO. SE SOBRESEE. NOTIFÍQUESE.***

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,439 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano