José Antonio Alvarez Guiloche

Expediente 2092/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2092/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Alvarez Guiloche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha, el quejoso haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto dictado el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se determinó que la sentencia de amparo se encuentra cumplida, en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme. ARCHIVO DEL ASUNTO En esas condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y debido a que el expediente en que se actúa se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un sumario constitucional en el que en la sentencia dictada por el juzgado de origen se sobreseyó en el juicio y se concedió la protección de la justicia Federal, y en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión el tribunal colegiado confirmó la sentencia y concedió el amparo y protección de la justicia Federal, por tanto, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo quinto del mencionado acuerdo general, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el numeral 18, penúltimo párrafo, del referido acuerdo. En la inteligencia de que el expediente se conservará por el plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que se emite este acuerdo. Una vez concluido el referido plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará depurar el expediente en que se actúa y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES Hágase del conocimiento del quejoso que en caso de haber exhibido documentos que estime relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido de que, de no hacerlo, serán destruidos junto con este expediente. Atento lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa en auto de dieciocho de noviembre de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "[.] TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. [.]" Decisión que fue combatida por la quejosa vía revisión, siendo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en sesión de seis de octubre del año en curso, en el amparo en revisión administrativo 256/2017, de su índice, en la que se confirmó la sentencia recurrida. El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 25258 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que la quejosa realizara señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese; personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta y considerando la circunstancia de que por oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo de la Judicatura, en la que se determina la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, una vez que se cuente con las constancias de notificación relativas a este acuerdo, devuélvanse los autos al área de proyecto a fin de que se emita la sentencia que en derecho corresponda. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. AUTO DE TURNO PARA EL DICTADO DE SENTENCIA Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se desprende que mediante acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se reservó turnar este asunto para el dictado de sentencia, hasta en tanto se contara con la totalidad de las constancias correspondientes al auto antes mencionado; en consecuencia, y atendiendo a que ya se cuenta con la totalidad de las mismas, túrnese este asunto al área correspondiente a efecto de que se dicte la sentencia respectiva. Notifíquese.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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