José Antonio Alamillo Romo
Expediente 34/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/03/2021
Partes del expediente
- José Antonio Alamillo Romo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, en la que se señala que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente haya recurrido el proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo generadora del asunto en que se actúa; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° de la legislación invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento legal invocado, se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y archívese en su oportunidad este expediente como asunto totalmente concluido. Así entonces, en cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Primero del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda; lo que se estima acontecerá a partir del once de marzo de dos mil veinticuatro.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que mediante circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, el cual tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, periodo que se amplió del doce al dieciocho de enero siguiente, mediante similar SECNO/1/2021, de ocho de enero del año en curso. Asimismo, atento a lo plasmado en la referida certificación emerge que mediante la diversa circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19, se indicó que entre otros, en el Estado de Baja California, a partir del diecinueve de enero del año en curso, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia de que se trata. Por tanto, tomando en consideración lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, en relación con el numeral 20, del último Acuerdo General mencionado, se reanuda el trámite del presente asunto en el estado procesal en que se encontraba el dieciocho de diciembre de dos mil veinte. En el entendido que, conforme a lo establecido en la fracción II, del dispositivo legal invocado en primer término, la reanudación de los plazos operará hasta en tanto se notifique la presente determinación. Seguidamente, intégrese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio firmado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo; de lo que se toma nota. Luego, tomando en consideración que de la referida certificación secretarial, se obtiene que por auto de siete de diciembre de dos mil veinte, por las razones ahí plasmadas, se requirió el cumplimiento a las autoridades vinculadas al cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Tecate, Baja California, como órgano supremo de Gobierno del Municipio, el cual ejerce sus funciones en forma colegiada, integrado por: ? Olga Zulema Adams Pereyra, Presidenta Municipal de Tecate; ? Gonzalo Higuera Bojórquez, Síndico Procurador del Municipio de Tecate y, ? Bertha Alicia López, Alfonso Zacarías Rodríguez, Marisol Lara Barreto, Francisco Joaquín Mercado de Santiago, Diana Margarita Vázquez Ortega, Ivonne Patrón Contreras, Salvador García Estrella, Román Cota Muñoz, Alfonso Cortez Ramírez y Yesica García Valdez, estos últimos en funciones de Regidores. Para que, en su carácter de superior jerárquico de la responsable Ayuntamiento de Tecate, Baja California por conducto del Síndico Procurador, ordenen a esta última que cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en autos, e informe a este órgano de control constitucional, los actos que haya realizado para tal efecto. Asimismo, requiérase a las autoridades vinculadas al cumplimiento, Presidente Municipal, Oficial Mayor, Tesorero, Síndico y Jefe del Departamento de Programación y Presupuestos, todos del Ayuntamiento de Tecate, así como al Cabildo Constitucional del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del ámbito de sus atribuciones y en términos de la ejecutoria que se recibió el siete de diciembre pasado, dentro del término de tres días, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo de que se trata, esto es, efectúen a favor del quejoso Macario Zúñiga Barragán, el pago total de las cantidades correspondientes al cumplimiento con el laudo burocrático de que se trata, en los términos que han sido requeridos por la diversa responsable Presidenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que acrediten dicho cumplimiento. Apercibidas las autoridades obligadas al cumplimiento con la ejecutoria de amparo de que se trata, que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá como medio de apremio una multa en lo individual, consistente en doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, ello, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que se fija en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; sin perjuicio de que en su oportunidad, de ser procedente, se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Cabe instruir a las referidas autoridades responsables, ue el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. De la porción normativa antes descrita, se desprende para lo que aquí importa, que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, al servidor público con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo que resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas dentro del procedimiento. Por ende, de determinarse en el caso concreto la posibilidad de encontrarnos ante un hecho delictuoso como lo es resistirse de cualquier modo a dar cumplimiento a un mandato u orden dictada en materia de amparo, con fundamento en el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, se ordenará dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; lo anterior para los efectos legales que en derecho proceda. De igual forma, requiérase a las autoridades responsables Presidente y Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en la capital de la entidad, para que dentro del término de tres días, informen el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en favor del quejoso Macario Zúñiga Barragán, por parte de la diversa responsable Ayuntamiento de Tecate, Baja California, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, como lo es en el caso, la copia certificada de la constancia que acredite el pago total efectuado al impetrante de mérito de las cantidades a que se refiere el cumplimiento del laudo arbitral que nos ocupa. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá como medio de apremio una multa consistente en cien unidades de medida y actualización, medida de apremio que se fija en dicho monto, atento a lo señalado por el Tribunal de Alzada, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; sin perjuicio de que en su oportunidad, de ser procedente, se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables Presidente y Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en la capital de la entidad, para que ordenen a éstas cumplir con la ejecutoria de que se trata, de conformidad con el párrafo tercero, del artículo 192 de la referida ley, toda vez que las autoridades laborales carecen de superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, por no encontrarse sometidas a la potestad de autoridad ninguna.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a los lineamientos previstos en el numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes, el correo electrónico enviado por la licenciada María de los Ángeles Calderón Muñoz, a través de la cuenta mcalderon@baja.gob.mx, al que adjunta el oficio firmado por la Coordinadora Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, designa a los asesores jurídicos adscritos a la citada institución, licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, para brindar el servicio de asesoría jurídica al quejoso José Antonio Alamillo Romo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a los referidos asesores jurídicos, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el asunto que nos ocupa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XXIV.2o. J/21, del rubro siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO." Por consiguiente, resulta procedente turnar los autos al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído a cualesquiera de los defensores Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, ambos adscritos a la Dirección Estatal de Defensoría Pública, Coordinación Penal, con sede en esta ciudad, respecto de quienes, la remitente señala como domicilio para ser notificados el ubicado en: Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida Poniente José Fimbres Moreno, locales 41-43, fraccionamiento San José, código postal 22226, en esta ciudad. En el entendido, de que, tomando en consideración que dicha Defensa representará los intereses del quejoso, y tendrá también el carácter de autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales previstas en el numeral 26, fracción I, inciso a), de dicha 1 Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación el siete de abril de dos mil diecisiete, Décima Época, con registro digital número 2014075. normatividad, podrán practicarse al impetrante, por conducto de los defensores de referencia. Finalmente, se tiene al oficiante designando en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, a las personas que para tal efecto señala.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el escrito signado por la tercero interesada Ana Luisa Ontiveros López, por sí y como albacea de la Sucesión a Bienes de Pantaleón Ontiveros Méndez; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, téngasele ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que adjuntó a su ocurso de cuenta y haciendo diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellos en la audiencia relativa al incidente no especificado para precisar, definir y concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, interpuesto en proveído de cuatro de septiembre pasado.
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