José Antonio Aguirre Arellano

Expediente 397/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
397/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • José Antonio Aguirre Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    MESA "7" Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Análisis de cumplimiento Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a ---------------------------- en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se concedió la protección constitucional se hizo consistir en: - El acuerdo dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno en la carpeta de investigación ---------------------------------, a través de la cual se ordenó la "custodia" del folio real 9546630 y sus auxiliares, relativos al inmueble ubicado en calle -----------------------------------------------------------------------, en la Ciudad de México; así como su ejecución. Luego, mediante sentencia terminada de engrosar el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 5, de la Agencia C, de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (antes Titular de la Unidad de Investigación Uno, Sin Detenido, de la Agencia "D"), realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el acuerdo dictado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno en la carpeta de investigación -------------------------------, a través de la cual ordenó la "custodia" del folio real 9546630 y sus auxiliares, relativos al inmueble ubicado en calle----------------------------------------------------------------, en la Ciudad de México; así como su ejecución; 2. Emitiera un nuevo acuerdo, el cual podría ser en el mismo sentido; empero, tomando en consideración lo expuesto en la sentencia, debiendo purgar las deficiencias ahí destacadas, y; 3. Notificara personalmente dicha determinación a la parte quejosa en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en su escrito de diez de mayo de dos mil veintiuno. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado al Coordinador General de Investigación Estratégica de la Fiscalía General de Justicia y al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, ambos de la Ciudad de México, por no haber sido combatidos por vicios propios, sino como consecuencia legal del acuerdo de aseguramiento recamado. Luego, dicha sentencia de amparo causó ejecutoria el treinta de diciembre del año pasado, por lo que se requirió a las responsables que remitieran las constancias con las que acreditaran haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es importante precisar que en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional se destacó que la responsable trastocó el derecho fundamental de legalidad que subyace del numeral 16 constitucional en agravio de ------------------------------------ en razón a las siguientes consideraciones: Al emitir el acto reclamado, el Agente del Ministerio Público entonces Titular de la Unidad de Investigación Uno, Sin Detenido, de la Agencia "D", adscrito a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no precisó si el inmueble afecto constituía objeto, instrumento o producto del delito de distracción de recursos públicos. De igual forma, se destacó que la autoridad ministerial no justificó la relación que guardaba dicho predio con el hecho con apariencia de delito materia de investigación en la indagatoria --------------------------------------------. Asimismo, se precisó que el representante social responsable no expuso las circunstancias especiales, razones particulares o casusas inmediatas para determinar cuál es la vinculación que existe entre los hechos investigados y el bien inmueble respecto del cual se ordenó el aseguramiento del folio real. Por último, se enfatizó que la responsable fue omisa en precisar si al ordenar el aseguramiento buscaba: a. Preservar huellas o vestigios del delito; b. Garantizar la reparación del daño, o; c. Acreditar la comisión del delito que se investiga y la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión. Valoración Sentado lo anterior, de las constancias que integran el presente sumario se desprende que mediante proveído de veinte de enero del año en curso, el Agente del Ministerio Público entonces Titular de la Unidad de Investigación Uno, Sin Detenido, de la Agencia "D", adscrito a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México remitió copia auténtica de los acuerdos ministeriales de diecisiete de enero del año en curso, dictados en la pesquisa ------------------------------------, los cuales, una vez analizado su contenido, se deprende lo siguiente: En primer término, dejó insubsistente la determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, emitida en la indagatoria de referencia, a través del cual ordenó la custodia del folio real 9546630 y sus auxiliares, relativos al inmueble ubicado en calle ----------------------------------------------------------------------------------------------------------, en la Ciudad de México. En esas condiciones, se deprende que la autoridad ministerial responsable dio cumplimiento al primer punto de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Luego, mediante acuerdo ministerial de esa misma data, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, así como en atención a la solicitud de la parte quejosa para levantar el resguardo que existe sobre el inmueble en cuestión, la representación social acordó lo que sigue: Que de los registros que dieron origen a la carpeta de investigación de donde emana el acto reclamado, se desprenden hechos que la ley señala como el delito de distracción de recursos públicos, previsto en el artículo 279 del Código Penal para el Distrito Federal. De igual manera, señaló que, derivado de los hechos investigados, se advierte no sólo la utilidad y pertinencia del acto de investigación consistente en la custodia del inmueble en cuestión, sino que resulta indispensable, con la finalidad de evitar que se altere o modifique la situación jurídica en que se encuentra dicho predio, evitando de esa manera la inscripción de cualquier acto jurídico y/o resolución que pueda afectarlo en perjuicio de la investigación. Asimismo, destacó que, la denuncia génesis de la investigación, así como los documentos que se acompañaron a la misma, resultan ser idóneos, suficientes, útiles y pertinentes, para que en este momento de la indagatoria, se establezca razonablemente la existencia de un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que la imputada hubiere participado en su comisión. Por ende, señaló que la técnica de investigación de trato, se encuentra regulada en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y su finalidad es que no se altere, destruya o desaparezca el producto del delito. Consecuentemente, afirmó que, de acuerdo con las manifestaciones de los denunciantes, cuenta con la información suficiente para determinar la existencia del producto del delito, a saber, el inmueble ubicado en calle ------------------------------------------------------------, en la Ciudad de México. Al respecto, destacó que producto del delito, es todo beneficio económico derivado del ilícito, el cual puede consistir en cualquier clase de bien, ya sean muebles o inmuebles, así como documentos legales o instrumentos que acrediten la titularidad o un interés en tales bienes. Para arribar a lo anterior, precisó que del escrito de denuncia se desprendía el otorgamiento de recursos públicos que no fueron destinados para el objeto correspondiente; lo que corroboró con los documentos que hasta ese momento se hicieron llegar, consistentes en las copias de las que se desprende en el anexo 3, la existencia de la cuenta de la imputada, en el anexo 4, los documentos en los que constan los pagos por ayuda y subsidios que otorga el Gobierno de la Ciudad de México. En el anexo 9, la escritura pública en la que consta el correo electrónico en el cual la imputada entabla comunicación con los coherederos en la sucesión testamentaria a bienes del decuyus -------------------------------para el tema de compra de su parte correspondiente del inmueble. Luego, el anexo 10 que corresponde al proyecto del contrato privado de compraventa relacionado con los anexos 11 y 13 en cuanto al mismo tema; aclarando que el original se encuentra en el Juzgado 44 Civil de la Ciudad de México. De acuerdo a todo lo anterior, la representación social sostuvo que se justifica la relación que guarda el inmueble con el hecho con apariencia de delito materia de la investigación, esto es, que existe una probabilidad de que la imputada no dispusiera los recursos públicos que obtuvo para la reconstrucción o rehabilitación del inmueble, sino por el contrario, para adquirir de las otras personas sus derechos sobre el predio. Por ende, reiteró que la técnica de investigación de trato es procedente a efecto de evitar la disposición jurídica del inmueble, que de lo contrario, implicaría en su momento la desaparición, alteración o destrucción del producto del hecho que la ley señala como delito. Consecuentemente, enfatizó que el aseguramiento del predio en cuestión tiene como única finalidad que el producto del delito que se investiga no se altere destruya o desaparezca, con lo que se permitirá acreditar la comisión de un ilícito, y la probabilidad de que la indiciada lo cometió o participó en su comisión. Luego, indicó que el aseguramiento, es la técnica de investigación que más favorece al esclarecimiento de los hechos y la que resulta menos lesiva para el propietario del inmueble, pues que, con ella, reiteró, se puede evitar que se altere, destruya o desaparezca el producto del delito. Ello, aunado a que se impedirá que se registren asientos en el folio, impidiendo con ello afectar derechos de posesión, uso y disfrute del inmueble. Así entonces, al tenor de las consideraciones expuestas, ordenó nuevamente el aseguramiento real, material y jurídico del folio real 9546630 y sus auxiliares, relativos al inmueble ubicado en calle Oaxaca ------------------------------------------------------------- en la Ciudad de México. Derivado de lo anterior, ordenó girar el oficio respectivo a la Directora General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, a efecto de solicitar el aseguramiento del folio real en comento. Lo anterior, pone de manifiesto que la autoridad responsable dio cumplimiento al punto 2 de la ejecutoria de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la representación social responsable, se desprende que mediante diligencia de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se notificó personalmente a la parte quejosa el acuerdo ministerial de referencia, dando así cumplimiento al tercer efecto del amparo concedido en esta instancia constitucional. Finalmente, y en diverso contexto, mediante oficio identificado con el número de folio 1419, el Subdirector de lo Contencioso y Amparos, adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México informó que, derivado del acuerdo ministerial señalado con antelación procedió al aseguramiento del folio real señalado, por lo que actualmente se encuentra bajo los efectos del artículo 169 del Reglamento de la Ley Registral para la Ciudad de México. En relatadas condiciones, y a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Es importante precisar que las anteriores consideraciones no prejuzgan sobre violaciones distintas en que pueda incurrirse en la nueva resolución dictada en cumplimiento al fallo federal protector. Hágase del conocimiento del impetrante de derechos fundamentales este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese; por lista a los terceros interesados, y vía electrónica a la parte quejosa, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y a la tercera interesada María del Pueblito Rincón Gallardo Camacho.

  2. Principal

    mesa"7" Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta, suscrito por la tercero interesada .., a través del cual, se apersona en el presente juicio de garantías; asimismo, señala diversos autorizados y proporciona un usuario para consultar el expediente en que se actúa y recibir notificaciones por el mismo medio. En esas condiciones, téngase a la tercera interesada apersonándose en la presente contienda constitucional. Asimismo, solicita acceso al expediente electrónico, a través del usuario "-----", el cual, después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte su registro; se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a través del mismo; por ello, instrúyase a la Oficial Judicial A, para que capture esa autorización. Atento a lo anterior, infórmese a las partes interesadas que quedan en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario señalado para tal efecto. De igual forma, ----se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario citado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que una vez realizada la consulta en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF) del Consejo de la Judicatura Federal, las cédulas proporcionadas no se encuentran registradas. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizadas a las personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA "7" Ciudad de México, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable que lo signa y anexo que lo acompaña, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que, una vez transcurrido dicho término, este juzgado se pronunciará en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    mesa 7*** Ciudad de México, veinte de enero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios suscritos por las autoridades responsables, a través de los cuales informan sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, ...., dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que, una vez transcurrido dicho término, este juzgado se pronunciará en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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