Jose Antonio Aguilar Gonzalez

Expediente 851/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
851/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Jose Antonio Aguilar Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE Visto; lo de cuenta, agréguese a estos autos la demanda de amparo promovida por José Antonio Aguilar González, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira y otra autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 851/2019-I-B. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: *****El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. ****** Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. ****** se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: En la especie, analizado el escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en los acuerdos dictados el diecinueve de junio y diez de julio ambos del año en curso, en el juicio sobre alimentos definitivos *****, del índice del Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, mediante los cuales, se impuso al aquí impetrante una multa consistente en quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con el artículo 16, fracción I del código de Procedimientos Civiles para e Estado de Tamaulipas, así como su ejecución. Ahora, a juicio de la suscrita se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que literalmente establece: ****** La causa de improcedencia se actualiza cuando se reclaman resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aún cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. En el presente caso debe decirse que los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en los proveídos dictados el diecinueve de junio y diez de julio ambos del año en curso, en el juicio sobre alimentos definitivos *****, del índice del Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, mediante los cuales se impuso al aquí impetrante una multa consistente en quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con el artículo 16, fracción I del código de Procedimientos Civiles para e Estado de Tamaulipas, así como su ejecución, no constituyen actos definitivos para los efectos del juicio de amparo, en atención a que el promovente, como parte demandada en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, previo a promover el presente juicio debió haber agotado el recurso de revocación que establece el artículo 914, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, mediante el cual pudo ser revocado el acto impugnado, pues el indicado numeral literalmente dispone lo siguiente: ***** Respecto del recurso de revocación, los numerales 914, 915, 916, 917 y 918 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, destacan los siguientes aspectos: Procede contra los autos que no son apelables y los decretos, ya sea en primera instancia, bien en la alzada cuando aquéllas son dictadas en el toca respectivo. Conocerá de ellos el funcionario que los dictó o que se sustituya en el conocimiento del negocio. Dicho medio de impugnación se puede interponer en el acto de la notificación o a más tardar al día siguiente de haber quedado notificado el recurrente, conteniendo en ambos casos la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes. En dicho medio ordinario de defensa, no se concederá dilación probatoria alguna para substanciar la revocación, tomándose en cuenta los documentos al pedirla. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decide tan luego como sea promovida. A excepción del anterior caso, se dará vista a las otras partes por el término de tres días, para que en igual lapso se resuelva sin más trámite. La resolución que se dicte no admite recurso. En ese sentido, este Juzgado de Distrito estima que los acuerdos dictados el diecinueve de junio y diez de julio ambos del año en curso, que se reclaman en esta vía constitucional, se clasifican en la categoría de autos con base en el orden legal y en su sentido gramatical, que son recurribles, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 105 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, dispone que las resoluciones judiciales se clasifican en: Decretos, que son simples determinaciones de trámite. Autos, si de ellos pueden derivarse cargas o efectos sobre derechos procesales, así como si resuelve un incidente, alguna cuestión previa o punto procesal que implique contradicción entre las partes. Sentencias, si deciden el fondo del negocio, e igualmente las dictadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia o salas de éste resolviendo la cuestión principal planteada ante él o ellos, aun cuando la misma, en primera instancia, haya tenido el carácter de auto. Por cuanto se refiere al sentido gramatical, el Diccionario de la Lengua Española define el término "auto" de la siguiente manera: Auto de acto. m. Der. Forma de resolución judicial, fundada, que decide cuestiones secundarias, previas o incidentales, para las que no se requiere sentencia Por tanto, es inconcuso que tomando en consideración los elementos anteriores, resulta jurídicamente válido afirmar que las determinaciones pronunciadas por el Juez responsable el diecinueve de junio y diez de julio ambos del año en curso, constituyen autos del que derivan cargas o efectos en los derechos del aquí promovente, y, consecuentemente, de acuerdo con el artículo 914 del Código adjetivo civil del Estado de Tamaulipas, puede ser recurridos mediante el recurso de revocación, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin exclusión alguna. De manera que, el auto recurrido no se trata de una sentencia o un incidente los cuales son combatibles a través del recurso de apelación, para que se surtiera la hipótesis de procedencia del juicio de garantías, previamente era menester agotar el recurso de revocación en comento, pues se trata de medio ordinario de impugnación establecido en la legislación procesal civil en comento. Así las cosas, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades; pues, si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado, contempla recursos o medios de defensa por los cuales éstos, pueden ser modificados, revocados o nulificados, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de amparo, más aun cuando la parte quejosa resulta ser parte dentro del procedimiento natural, calidad que se actualiza en el asunto que nos ocupa. ****** Por consiguiente, en el caso, este Juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada tomando en consideración que los acuerdos dictados el diecinueve de junio y diez de julio ambos del año en curso, en el juicio sobre alimentos definitivos*****, del índice del Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, mediante los cuales, se impuso al aquí impetrante una multa consistente en quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con el artículo 16, fracción I del código de Procedimientos Civiles para e Estado de Tamaulipas, así como su ejecución, no constituye un acto definitivo para los efectos del amparo, toda vez que previamente a su interposición, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, la promovente, en su carácter de parte procesal dentro del juicio natural del que deriva el acto combatido, debió haber agotado el recurso de revocación, para obtener, en su caso, la reparación de las violaciones que alega en esta vía, medio de defensa previsto en el artículo 914 del Código Adjetivo Civil del Estado, por lo que al no haberlo hecho la acción constitucional que endereza en el presente juicio de amparo, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si el promovente estimó ilegales los proveídos de diecinueve de junio y diez de julio ambos del año en curso, dictados en el juicio sobre alimentos definitivos *****, éste se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo mediante el recurso de revocación, a través del cual pudo obtener su invalidación, ya que no se le puede equiparar a un tercero extraño al procedimiento de origen al ser parte demandada y por ende, con tal carácter se integró a la litis. Sólo resta decir que los actos que reclama la promovente, no se ubican dentro del capítulo de excepciones que prevé la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: No son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. No se trata de persona extraña al procedimiento. Además que la ley que rige el acto que reclama, establece el medio de defensa y recurso ordinario para combatirlos, teniendo así, la posibilidad de obtener la reparación de las violaciones que aduce a través del recurso de revocación el cual debió agotar previamente a solicitar la protección constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y al no haberlo hecho así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Antonio Aguilar González, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados del quejoso en los términos restringidos, de conformidad con el artículo 12, último párrafo, de la ley de la materia, es decir, únicamente para oír y recibir todo tipo de notificaciones e imponerse de los presentes autos, a Mario Alfredo Madrigales Heredia y Juan Manuel Medrano Banda, por así haberlo solicitado en su escrito inicial de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquier diligencia que se ordene en estos autos, sin necesidad de ulterior pronunciamiento; lo anterior, para los efectos legales procedentes. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. **** EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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