Jose Antonio Aguilar Díaz
Expediente 15/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jose Antonio Aguilar Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron en contra del proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio remitido por la autoridad responsable Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al cual anexó copia certificada de la resolución dictada en veinticinco de septiembre del año en curso, dictado dentro del toca penal número 1567/2016; para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada, este Juzgado procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, primeramente procede establecer que mediante resolución dictada el veintiséis de julio del dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección al quejoso JOSÉ ANTONIO AGUILAR DÍAZ, para el efecto de que la autoridad responsable: ".proceda a dejar insubsistente la resolución reclamada de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca penal 1567/2016, de su índice, y hecho que sea lo anterior, dicte otra resolución en la que: 1. Reitere los aspectos que no fueron materia de concesión, así como lo relativo a la comprobación del cuerpo del delito de Homicidio Calificado. 2. Realice un juicio de valoración adecuado y pormenorizado de cada una de las probanzas que integran las causas penales de origen, debiendo expresar los razonamientos y fundamentos legales mediante los cuales conceda o niegue valor a cada elemento de convicción. 3. Proceda al estudio acucioso de las constancias que integran la indagatoria para determinar de forma fundada y motivada si las declaraciones ministeriales de Federico Farfán Ambriz y Tereso Farfán Ibarra, fueron rendidas con base en una detención, presentación o retención que cumple con las exigencias que prevé el artículo 16 constitucional, pues de no ser así, deberá prescindir de la confesión vertida en tales declaraciones y valorar el resto de las pruebas en el apartado relativo a la posible responsabilidad penal. 4. Atendiendo a los lineamientos contenidos en esta ejecutoria en relación a la coautoría atribuida al quejoso, deberá precisar la forma en que éste participó en el desarrollo de la conducta delictiva que se le atribuye, así como la manera en que sus acciones u omisiones contribuyeron a la consumación del ilícito de homicidio calificado; precisando los medios de prueba que así lo revelen, la eficacia jurídica de éstos que deberá atender a los principios rectores de la valoración de las pruebas. 5. La sala penal cuenta con plenitud de jurisdicción para emitir una resolución en igual o diverso sentido de la que constituye el acto reclamado, una vez que se subsanen los vicios formales que dieron origen a la concesión del amparo, ello en términos de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, página 74, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." Por auto de dieciocho de septiembre del año en curso, se declaró ejecutoriada la referida sentencia, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (fojas 254 a 256). Consecuentemente, la autoridad responsable Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante resolución dictada el veinticinco de septiembre del año en curso, dentro del toca penal número 1567/2016, emitió una nueva determinación en la que decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar en las reservas legales a favor de JOSÉ ANTONIO AGUILAR DÍAZ, por lo que se refiere únicamente a la causa penal número 0897/2006, que se le instruyó por el delito de homicidio calificado; por lo que se advierte que es evidente que con lo realizado por la autoridad responsable, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA SIN EXCESO NI DEFECTO LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, pues cumplió con los lineamientos establecidos por este Juzgado Federal. Por lo anterior, en términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 192, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, haciendo de su conocimiento que cuenta con el término de quince días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga y en su oportunidad, archívese el juicio de amparo como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio remitido por la autoridad responsable Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al cual anexó copia certificada de la resolución dictada en veinticinco de septiembre del año en curso, dictado dentro del toca penal número 1567/2016; para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada, este Juzgado procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, primeramente procede establecer que mediante resolución dictada el veintiséis de julio del dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección al quejoso JOSÉ ANTONIO AGUILAR DÍAZ, para el efecto de que la autoridad responsable: ".proceda a dejar insubsistente la resolución reclamada de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca penal 1567/2016, de su índice, y hecho que sea lo anterior, dicte otra resolución en la que: 1. Reitere los aspectos que no fueron materia de concesión, así como lo relativo a la comprobación del cuerpo del delito de Homicidio Calificado. 2. Realice un juicio de valoración adecuado y pormenorizado de cada una de las probanzas que integran las causas penales de origen, debiendo expresar los razonamientos y fundamentos legales mediante los cuales conceda o niegue valor a cada elemento de convicción. 3. Proceda al estudio acucioso de las constancias que integran la indagatoria para determinar de forma fundada y motivada si las declaraciones ministeriales de Federico Farfán Ambriz y Tereso Farfán Ibarra, fueron rendidas con base en una detención, presentación o retención que cumple con las exigencias que prevé el artículo 16 constitucional, pues de no ser así, deberá prescindir de la confesión vertida en tales declaraciones y valorar el resto de las pruebas en el apartado relativo a la posible responsabilidad penal. 4. Atendiendo a los lineamientos contenidos en esta ejecutoria en relación a la coautoría atribuida al quejoso, deberá precisar la forma en que éste participó en el desarrollo de la conducta delictiva que se le atribuye, así como la manera en que sus acciones u omisiones contribuyeron a la consumación del ilícito de homicidio calificado; precisando los medios de prueba que así lo revelen, la eficacia jurídica de éstos que deberá atender a los principios rectores de la valoración de las pruebas. 5. La sala penal cuenta con plenitud de jurisdicción para emitir una resolución en igual o diverso sentido de la que constituye el acto reclamado, una vez que se subsanen los vicios formales que dieron origen a la concesión del amparo, ello en términos de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, página 74, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." Por auto de dieciocho de septiembre del año en curso, se declaró ejecutoriada la referida sentencia, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (fojas 254 a 256). Consecuentemente, la autoridad responsable Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante resolución dictada el veinticinco de septiembre del año en curso, dentro del toca penal número 1567/2016, emitió una nueva determinación en la que decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar en las reservas legales a favor de JOSÉ ANTONIO AGUILAR DÍAZ, por lo que se refiere únicamente a la causa penal número 0897/2006, que se le instruyó por el delito de homicidio calificado; por lo que se advierte que es evidente que con lo realizado por la autoridad responsable, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA SIN EXCESO NI DEFECTO LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, pues cumplió con los lineamientos establecidos por este Juzgado Federal. Por lo anterior, en términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 192, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, haciendo de su conocimiento que cuenta con el término de quince días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga y en su oportunidad, archívese el juicio de amparo como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL DICE. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada de la resolución dictado en veinticinco de septiembre del año en curso, dictado dentro en el toca penal número 1567/2016 de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo anterior, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga; apercibido que de no hacer manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades, dada la naturaleza de la concesión otorgada.
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