José Antonio Adame Flores
Expediente 1209/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1209/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/10/2022
Partes del expediente
- José Antonio Adame Flores
- Y Otros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes, dentro del término legal concedido, no se inconformaron con la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma causa ejecutoria para todos sus efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el 28/03/24 11:48:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1b.47 OSCAR ÁVALOS LARIOS Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se sobreseyó el presente juicio de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. De conformidad al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que ve al duplicado del cuaderno incidental derivado de este juicio, déjese por separado y en el momento procesal oportuno procédase a su destrucción; en tanto que el cuaderno original de dicho incidente, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
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TEPIC, NAYARIT, OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta remitido por JUAN CARLOS SIMÓN HERNÁNDEZ, en su carácter de delegado del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por oficio 3195-VIII de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, remite el oficio dirigido a la Tesorera de dicho ayuntamiento, a través del cual hace de su conocimiento el referido proveído de veintinueve de agosto del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, téngase por notificado a la autoridad de referencia. Luego, tomando en consideración que por oficio IJLB-2713/2022-AMP, recibido en este juzgado de distrito el veintiséis de agosto del año en curso, el Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, informó que se señalaron las trece horas con treinta minutos del siete de septiembre del año en curso, para que tuviera verificativo el requerimiento de pago a favor de la parte actora -aquí quejosa-. En atención a lo anterior, requiérase al Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva informar lo acontecido; lo anterior a efecto de que este juzgado de distrito acuerde lo conducente en relación al cumplimiento al fallo protector dictado en autos. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de doscientas Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. NOTIFÍQUESE.
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TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Tepic, remite inserta la ejecutoria pronunciada por ese Tribunal en el amparo en revisión 415/2022, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 97/2022; en consecuencia, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Quedan intocadas las consideraciones vertidas por el Juez de amparo en que sustenta la concesión de amparo respecto de los actos reclamados al Gobernador Constitucional y al Congreso del Estado de Nayarit. SEGUNDO. En materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a Ana Isabel Padilla Mota, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, consistente en el artículo 20, fracción X, en relación con los numerales 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de la resolución impugnada.." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del citado medio de impugnación. Luego, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ANA ISABEL PADILLA MOTA, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidos que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les aplicará multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé la fracción II del artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN". NOTIFIQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, por medio del cual solicita que se requieran a la parte quejosa los documentos que refiere a efecto de encontrarse en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a que quede notificada del presente proveído, proporcione a la Dirección General Jurídica de dicha Secretaría, dos copias de su Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, expedido por el SAT, estado de cuenta con clabe interbancaria de una Institución Bancaria Nacional, copia de su credencial de elector y de su comprobante de domicilio. En la inteligencia que dichos documentos deben estar a su nombre, a fin de que la referida autoridad se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público y, por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la referida parte quejosa, entonces, ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto; apercibiéndole que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se procederá en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las autoridades responsables, que una vez que la citada parte quejosa dé cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá remitir las constancias debidamente certificadas, ordenadas y legibles que acrediten el cumplimiento que se sirvan dar a la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, lo cual deberán efectuar dentro del plazo de tres días hábiles; apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su posterior consignación ante la autoridad correspondiente, de conformidad con lo ordenado en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la citada Ley se considerará incumplimiento, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte
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