Jose Antonio Abel Ramirez Rodriguez

Expediente 804/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
804/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Jose Antonio Abel Ramirez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto desechatorio... Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con el en relación con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, 145 y relativos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda promovida por *** *** *** ***, contra actos del titular del Juzgado Primero Civil de Partido, con residencia en esta ciudad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En ese contexto, del análisis integral de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se obtiene que el acto reclamado es: la resolución de diez de septiembre de dos mil dieciocho, que recayó al recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintidós de agosto del año en curso. Ambos dictados dentro del juicio ordinario civil ***/***-*, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. Auto impugnado en el que, a palabras del propio quejoso, se negó su solicitud de suspensión del procedimiento; lo que a su juicio implica un riesgo de que la instancia caduque. Precisado lo anterior, se estima actualizada a título manifiesto e indudable, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, en razón a que el auto destacado como acto reclamado, no produce una afectación material a derechos sustantivos. Se explica lo anterior. El amparo indirecto sólo procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, los cuales se precisan como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de manera que no están incluidos los casos en que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. En efecto, la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es clara al establecer qué debe entenderse por actos de imposible reparación, pues refiere que éstos son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego entonces, los actos intraprocesales, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos del quejoso; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además, éstos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En relatadas condiciones, a fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio de amparo, debe explicarse cómo es que el sentido de la resolución que constituye el acto reclamado, en el momento en que se produce, no se entiende como un acto de imposible reparación, en perjuicio de los derechos sustantivos de la parte quejosa. Para ello, basta con destacar la naturaleza del auto de veintidós de agosto del año en curso, recurrido en el recurso de revocación cuya resolución constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Lo anterior, bajo el contexto que la resolución recaída al recurso de revocación, es partícipe de la naturaleza del proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, de ahí que sea la naturaleza jurídica procesal de este último, la que en principio determine si el acto aquí reclamado, implica una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos de la parte quejosa. Lo anterior en el entendido que el perjuicio que genera la resolución del medio de defensa no puede ser desvinculado de la naturaleza y alcance de la resolución sujeta a revisión, pues precisamente la pretensión del recurrente, es que se suspenda la tramitación del procedimiento; así, si el juicio de amparo es improcedente contra la determinación recurrida, por mayoría de razón, también lo es respecto la resolución con que culmina su impugnación. Delimitado lo anterior, el auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el que se le negó su solicitud de suspensión del procedimiento, no puede considerarse como un acto de imposible reparación dentro del juicio ordinario civil ***/****-*, en términos de lo dispuesto en la ya citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no trastoca materialmente derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior es así, pues el proveído impugnado por el quejoso a través del recurso de revocación, lo que implica es la continuación del proceso iniciado por el propio quejoso, mientras que la eventual caducidad de la instancia que destaca como consecuencia del mismo, se constituye como un acto de realización futura e incierta; es decir, el acto reclamado en el momento en que se origina, únicamente produce efectos de carácter formal o intraprocesales, en la medida que se continúa con el procedimiento; mientras que la afectación de un derecho sustantivo al decretarse la caducidad de la instancia, se advierte como un hecho hipotético. Luego entonces, se reitera que el acto impugnado en esta vía constitucional, debe entenderse como un acto de naturaleza intraprocesal, que en nada afecta derechos sustantivos del quejoso, pues se insiste, la caducidad de la instancia, que el quejoso destaca como consecuencia de la resolución impugnada, se advierte futura e incierta. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por *** *** *** ***.

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