Jose Antenor Ancona Rodriguez

Expediente 1405/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1405/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Jose Antenor Ancona Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 9.VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; como de la certificación de cuenta se advierte que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso José Antenor Ancona Rodríguez, hubiese recurrido el acuerdo dictado el tres de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 42 a 47), en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber al quejoso que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  2. Principal

    VMESA 9.-Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA9.-NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 681-P3, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio 1136/2019-V, que contiene la demanda de amparo promovida por José Antenor Ancona Rodríguez, toda vez que el citado cuerpo colegiado estimó calificar de legal el impedimento planteado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, y ordenó remitirlo al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, para que se avocara a su conocimiento. Acúsese recibo. Se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 1405/2019-9. DESECHAMIENTO Ahora bien, el acto reclamado por el promovente de mérito lo hace consistir en: "[.] prohibirme a través de los vigilantes el acceso a la mi casa, cerrándome el portón principal del acceso del vehículo y la puerta para accesar caminando así como como también no permitir el acceso a personal, amigos que lleguen a visitarme y algún personal que labore con el suscrito [.]" (sic) En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en prohibir al quejoso el acceso a la casa ubicada en la Avenida Paseo de Las Flores, número 103, casa 16 de la colonia El Recreo. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, y que al respecto señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, los diversos ordinales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como se puede advertir, la Ley de Amparo mantiene, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado, como autoridad responsable. Así entonces se aprecia literalmente que el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la propia ley de la materia o incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por su parte, el artículo 1 invocado establece el objeto del juicio de garantías y en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos de autoridad, por lo que el diverso numeral 5, fracción II, en mención, precisa quiénes tienen ese carácter y establece el carácter de autoridad responsable para el juicio de garantías. De la interpretación de tales numerales se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no provengan de autoridades que puedan considerarse como responsables para efectos del juicio de amparo. En el caso de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye la prohibición al quejoso de accesar a la casa ubicada en la Avenida Paseo de Las Flores, número 103, casa 16 de la colonia El Recreo. Sin embargo, este Juzgado Federal estima que al Administrador de la Privada el C. Pedro Herce Caro, no le recae la investidura de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. De conformidad con el precepto citado, se advierte que tendrá el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La norma también delimita que para efectos de la ley de la materia, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, es pertinente establecer que del contenido de la demanda que se atiende, se desprende con claridad que aquél, al cual se le atribuye el carácter de "autoridad responsable", resulta ser un particular. Ahora bien, no obstante el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo, determina que los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, en el caso al Administrador de la Privada el C. Pedro Herce Caro, señalado por la parte quejosa, como autoridad responsable no le recae dicha característica; además de que entre éste y el aquí quejoso no existe una relación de supra a subordinación, por lo que no tiene funciones de imperio. Por tanto, es evidente que el acceso a la casa ubicada en Avenida Paseo de Las Flores, número 103, casa 16 de la colonia El Recreo, no puede considerarse acto de autoridad; pues no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares. Además, conforme a la interpretación realizada por nuestro Máximo Tribunal de la reforma al artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, se tiene que para considerar un acto de particular como de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe ubicarse en un plano de supra a subordinación para con el gobernado; es decir, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatorio, o bien que omita actuar en determinado sentido; que en ese tenor afecte derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas, y que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, lo cual en el caso en concreto no acontece. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los ordinales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los dos últimos interpretados en sentido contrario, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Mario Cornelio Cornelio y Miguel Ángel Sánchez Rojas, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

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