Jose Anotonio Rangel Hernandez
Expediente 1402/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1402/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose Anotonio Rangel Hernandez
Actuaciones
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de la secretaria, de la que se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. SE ACEPTA COMPETENCIA Y SE ORDENA LA FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Visto el oficio número 37693/2021 de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y anexos que acompaña; en atención a su contenido, se acepta el conocimiento de la demanda de amparo promovida por JOSÉ ANTONIO RANGEL HERNÁNDEZ, contra actos del Instituto Nacional Electoral; acúsese recibo, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1402/2021. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. ACTO RECLAMADO De la lectura del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a la petición formulada a través del escrito depositado el tres de noviembre de dos mil veintiuno en la Administración Postal de Correos de México, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Así, atendiendo al acto reclamado: la omisión de dar respuesta a la petición formulada a través del escrito depositado el tres de noviembre de dos mil veintiuno en la Administración Postal de Correos de México, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o y 6o de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, como en el caso, se advierte que el quejoso reclama violaciones al artículo 8° Constitucional, de la responsable, con motivo de la falta de contestación a su escrito formulado a través del escrito depositado el tres de noviembre de dos mil veintiuno en la Administración Postal de Correos de México, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por el que solicitó cierta información a la hoy responsable, sin tenerse certeza y conocimiento de la fecha en que la pretendida autoridad responsable recibió esa petición. Al respecto, el artículo 8º de la Constitución Federal, dispone: "Artículo. 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Por su parte, el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala: "Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Así, conforme al numeral 17 de la invocada legislación del acto administrativo, la autoridad debe dar contestación a lo peticionado por el solicitante en el plazo de hasta tres meses, de manera que si dicha petición se depositó el tres de noviembre del año en curso, sin tenerse certeza que la hubiera recepcionado la pretendida autoridad, ni la fecha de ello, en dado caso para estar en condición de computar el plazo de tres meses para dar respuesta; incluso, si la demanda de amparo se presentó el diecisiete de diciembre del año en curso, es inconcuso que la autoridad administrativa se encuentra aún dentro del plazo legal para analizar y resolver lo correspondiente a la solicitud de la quejosa y hacerle de conocimiento lo determinado. Máxime que es un hecho notorio, y por ende, de conocimiento público, que sigue latente, para las autoridades, la suspensión de labores ordinarias, operando la tramitación de asuntos mediante guardias o turnos, a razón de la emergencia sanitaria vigente que atraviesa la población mundial, derivado del virus SARSCov-2 que provoca la enfermedad del COVID-19, lo cual ha suspendido el desarrollo ordinario de los procedimientos jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Ciertamente, el hecho notorio por razón de salud pública, excusa a las autoridad(es) responsable(s) a reanudar sus actividades hasta en tanto, las diversas competentes a ésta, consideren viable el retorno de labores regulares en ciertas instituciones. Así al resultar que la demanda de amparo presentada por JOSÉ ANTONIO RANGEL HERNÁNDEZ, contra actos del Instituto Nacional Electoral, es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. SOLICITUD DE COPIAS. Expídasele la copia que solicita y entréguesele por conducto del actuario de este juzgado. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones su centro de reclusión. Ahora, toda vez que el quejoso, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número trece CPS "Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se comisiona al Actuario en turno de este juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas, se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS "Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en busca del quejoso JOSÉ ANTONIO RANGEL HERNÁNDEZ, hecho que sea, le notifique el presente proveído. MEDIDAS PREVENTIVAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 20/2021 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; a través del cual podrán presentar promociones y realizar la consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. FIRMA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firmen los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN.
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