José Anibal Linares Castellanos

Expediente 1006/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1006/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • José Anibal Linares Castellanos

Actuaciones

  1. Incidental

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en proveído de veintidós del presente mes y año, se dio vista a la parte quejosa con la razón actuarial levantada el veintiuno pasado, mediante la cual se informó la imposibilidad de notificar a la autoridad responsable "Encargado de Mandamientos Jurídicos Zona 2 de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo", el oficio 23477/2023; por tanto, se le otorgó un plazo de tres días para que realizara las manifestaciones que en derecho corresponda. En consecuencia, toda vez que se encuentra en vías de notificación el proveído en el que se otorgó el plazo a la parte quejosa, lo conducente es diferir la audiencia incidental fijada para el presente día y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Como está ordenado en esta propia fecha en el cuaderno principal, con fundamento el artículo 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tramita por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1006/2023, promovido por ******, contra actos del Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y otras autoridades. Requerimiento de informes previos y señalamiento de audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda, a las autoridades señaladas como responsables y pídaseles el informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciban el oficio de notificación. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las once horas con cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad con los artículos 168 y 140, de la Ley de Amparo, en el citado informe previo se deberá concretar a expresar si son o no ciertos los actos que se atribuyen a la autoridad que lo rinde, y que determine la existencia de los actos que de ella se reclama, y, en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pudiendo agregarse las razones que se estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, así como la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa, y en su caso, si es factible, la situación económica del mismo y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia; además debe precisar el delito o delitos por el cual se libró la orden de aprehensión o comparecencia, así como su ejecución y cumplimiento, los artículos que tipifican y sancionan a éstos y si conforme a la ley aplicable se puede obtener la libertad provisional bajo caución, a que se refiere la fracción I del artículo 20 de la Constitución Federal o, bien, si se trata de un delito que merezca prisión preventiva oficiosa conforme al actual marco normativo. Se apercibe a la autoridades responsables, que de no rendir su informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa por $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veinte de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción I, de la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el actuario correspondiente, deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. El peticionario de amparo hace consistir el acto reclamado en: "IV.- Actos Reclamados. De las autoridades señaladas como ordenadoras la injusta orden de Comparecencia y/o Orden de Aprehensión supuestamente girada en mi contra. De las autoridades señaladas como ejecutoras, el cumplimiento que pretenden dar a dicha orden de aprehensión." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que el peticionario de amparo hace consistir el acto reclamado en: La orden de aprehensión y/o comparecencia emitida en su contra, así como su ejecución. En ese contexto, se advierte que se encuentran reunidos en el caso los requisitos exigidos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, porque la suspensión fue solicitada por la parte agraviada, como se aprecia del escrito inicial de la demanda de amparo, así como tampoco se contravienen disposiciones de orden público, porque no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni mucho menos se le infiere daño alguno, además que de ejecutarse los actos reclamados serían de imposible reparación los daños y perjuicios que pudieran causarse. Pronunciamiento de la suspensión provisional. -Respecto de la orden de comparecencia, así como su ejecución, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que no se restrinja la libertad deambulatoria del quejoso. Lo anterior, toda vez que, si bien la orden de orden de comparecencia, así como su ejecución, no tienen como propósito lograr su detención, lo cierto es que dado sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse la parte quejosa, se limita temporalmente su derecho a la libertad. Pronunciamiento sobre la suspensión respecto de la orden de aprehensión, así como su ejecución girada por autoridad judicial. Con fundamento en el artículo 166, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que: Si la orden de orden de aprehensión, así como su ejecución fue dictada por un delito que tenga prevista prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el quejoso, una vez detenido quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para la continuación del mismo. En el entendido que la concesión de la medida suspensional no implica que la orden de captura no pueda ser cumplimentada en el lugar en que se encuentre recluido con motivo de diverso procedimiento penal. En el caso de que la orden de orden de aprehensión, así como su ejecución, hubiese sido dictada por un delito que no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que la parte quejosa no sea detenida, con motivo de las órdenes reclamadas. Ahora cabe señalar que los términos de la medida cautelar no surtirán efectos en favor del agraviado, si se le sorprende en flagrante delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de aprehensión y/o comparecencia emitida en su contra, así como su ejecución o alguna análoga dictada por autoridad distinta de las señaladas como responsables por el peticionario de amparo. Por lo tanto, la suspensión otorgada surte sus efectos desde este momento y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Además, la suspensión concedida sólo surtirá efectos en caso de que los actos reclamados hayan sido emitidos con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, que lo fue a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, pues de emitirse con posterioridad, no surtirá efectos la suspensión provisional concedida y podrá ejecutarse los actos reclamados. Garantía para que pueda seguir surtiendo efectos la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 166, fracción II, en relación con el numeral 22, todos de la Ley de Amparo, la medida cautelar decretada surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la legal notificación del presente proveído, no exhibe una garantía a satisfacción de este Juzgado Federal, por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en el cual deberán aparecer como depositantes para garantizar su devolución a la autoridad que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Asimismo, dicho billete de depósito deberá contener los requisitos siguientes: 1] Nombre del quejoso. 2] Número de expediente dentro de que se gestiona la garantía. 3] Juzgado ante el que se otorga la garantía. 4] Concepto para el cual se exhibe la garantía. 5] Importe por el cuál se expidió el certificado para otorgar la garantía. 6] Fecha de expedición del certificado. Para el caso de que la parte quejosa exhiba ante este órgano de control constitucional la garantía anteriormente impuesta en efectivo, es necesario que señale los siguientes datos solicitados por el Banco del Bienestar para su canje: 1] Nombre completo del quejoso. 2] Sexo. 3] Relación con titular. 4] Constancia Única de Registro de Población (CURP). 5] Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (RFC). 6] Estado Civil. 7] Ocupación o Profesión. 8] Actividad o giro del negocio. 9] Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa). 10] Lugar de Nacimiento (localidad) 11] Estado, País, Nacionalidad. 12] Domicilio actual (Número exterior, número interior, Colonia, Localidad, Municipio, Estado, Código Postal). 13] Teléfono. Lo anterior, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la ley de la materia, cantidad que se fija de manera discrecional, por no contar con la información para decretarla en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, misma que podrá variar si con posterioridad aparecen las circunstancias que así lo ameriten. Es aplicable al particular la tesis I.7o.P.39 P, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1231, julio de 2003, tomo XVIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantías, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante de garantías se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis.". Sin que por el momento haya lugar a exigir al quejoso que comparezca ante la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 166, fracción II de la Ley de Amparo, lo anterior hasta en tanto se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió; de ahí que dicha medida de aseguramiento, no será exigible hasta en tanto la autoridad que emitió el acto reclamado rinda su respectivo informe previo, en el que manifieste si es o no cierto el acto que se le atribuye, cuestión ésta que, en su caso, deberá notificarse personalmente a la promovente, a efecto de que esté en posibilidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral invocado, con el apercibimiento que de no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir efectos. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 149/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2007-PS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 94/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, tomo XX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA.- Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia.". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a *****, por no contar con registro en dicho sistema. Habilitación de días y horas hábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones en el expediente. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que las actuarias de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo las notificaciones derivadas del presente asunto. De conformidad con la fracción II, párrafo segundo del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En acatamiento al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Como lo solicita el quejoso, expídasele copia certificada de la presente determinación, autorizando para recibirlas a las personas que señala previa constancia de su entrega que se deje en autos. Se autoriza a los Secretarios de este juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y gírense los oficios correspondientes.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo de cuenta con la que ******************** solicita el amparo y la protección de la justicia Federal contra actos que atribuye al Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control (electrónico) bajo número 1006/2023 y se admite en sus términos la demanda de que se trate. Por otra parte, apertúrese por separado únicamente en original el incidente de suspensión, sin que haya lugar a ordenar la apertura de su duplicado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa e los órganos jurisdiccionales. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Con relación a lo anterior, cabe precisar que de las constancias que obran en el expediente de varios 1/2023 del índice de este juzgado, se advierte que en proveído de seis de noviembre de este año, se ordenó agregar el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, mediante el cual solicitó la vinculación de los juicios de amparo a su cuenta de FIREL "********************", para atender dichos asuntos vía electrónica. Circunstancia que se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un expediente bajo la potestad de este juzgador y se toma en consideración a fin de otorgarle acceso al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente y se ordena realizar notificaciones personales a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita vía electrónica, por medio de su usuario "********************". Para su celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las once horas con veinte minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 117 de la citada legislación, pídase informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia, se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a ********************, por no contar con registro en dicho sistema. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo las notificaciones que con motivo de este asunto se emitan. De conformidad con la fracción II, párrafo segundo, del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Cabe precisar que en atención al artículo 253 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que:****************************************a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; ********************b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ********************c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; ********************d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente o de forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; ********************e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera PicachoAjusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en Avenida Andrés Quintana Roo número 245, supermanzana 50, manzana 57, lote 1, torre A, planta baja, en Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. ********************f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, ********************g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.****************************************Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,4 hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.****************************************Se autoriza a los Secretarios de este órgano jurisdiccional para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio.****************************************Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, personalmente a la tercera interesada y gírense los oficios correspondientes.

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