José Ángel Vázquez Pineda

Expediente 1479/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 31 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1479/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • José Ángel Vázquez Pineda
  • Tribunal de Conciliacion Y Arbitraje de los Trabajadores Al Servicio del Estado, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese para que surta los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del oficio 19084/2022 enviado al Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por el cual lo requiere para que el actor ******************** -aquí quejoso- sea integrado a la nómina de pago y se regularice su condición laboral en la plaza de maestro frente a grupo con la clave ********************, de la copia certificada remitida se advierte que dicho oficio se recibió el veintidós de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, informe el cumplimiento que dio el Director Jurídico de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas al requerimiento efectuado por oficio 19084/2022 de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Asimismo, se requiere a la pluricitada autoridad, para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales y en el plazo concedido, se sirva agilizar los trámites relativos a la conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, materia de ejecución en el presente juicio de garantías y para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, informe a este órgano de control constitucional cuál es el estado de las gestiones que ha realizado y en qué consisten los impedimentos con que cuenta para materializar el fin del procedimiento de ejecución del laudo que nos ocupa. Es decir, que para el supuesto de que actualmente el procedimiento se encuentre detenido con motivo de la necesaria participación de alguna otra autoridad, entonces se pronuncie fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo, para que así, este órgano de control constitucional pueda proveer lo conducente al respecto. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 193, 238 y 258, de la ley invocada, y se remitirá de inmediato el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, dictado dentro de los autos del expediente laboral 283/E/2012, en el que se advierte requirió al Director Jurídico de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, a fin de que el actor José Ángel Vázquez Pineda integrado a la nómina de pago y se regularice su condición laboral en la plaza de maestro frente a grupo con la clave 2812E0281/283976, es decir en los términos que el actor reclamó dicha prestación, a efecto de dar cumplimiento al laudo condenatorio. Ahora bien, del oficio que se provee se advierte que la autoridad responsable no justifica haber enviado el oficio 19084/2022 al Director Jurídico de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, justifique a este órgano de control constitucional, haber enviado el oficio antes mencionado. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá de inmediato el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".Realizar en forma pronta y expedita los trámites administrativos necesarios a fin de lograr la inclusión a nómina de José Ángel Vázquez Pineda en virtud de la reinstalación como maestro con la clave presupuestal 2812E0281/283976, lo que fuera condenado en el laudo de dieciocho de febrero de dos mil catorce, dentro del juicio laboral 283/E/2012, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin. Sin que pase desapercibido para este juzgador, que si bien en el laudo se condenó al pago de diversas prestaciones, estableciendo condena, lo cierto también es que las mismas se encuentran sujetas a actualización por diversos periodos que aún no están determinados, hasta la resolución de un incidente de liquidación, previo; por ello es que se resuelve en los términos precisados, sin perjuicio de que una vez determinada la cantidad liquida a cubrirse, si subsiste la omisión reclamada, esta puede ser subsanada por esta vía, a través de la interposición de un nuevo juicio de amparo." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Finalmente, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, por el que solicita que se requiera al Secretario de Educación el cumplimiento de la sentenciada dictada en el presente asunto; sin que haya lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de lo precisado en el presente proveído. Notifíquese.

  4. Principal

    En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1479/2020, promovido por José Ángel Vázquez Pineda, por conducto de su apoderada legal Laura Pineda Rocha, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, así como el informe justificado de la autoridad responsable. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). De conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de pruebas, en la cual el Secretario da cuenta con las constancias allegadas por la autoridad responsable a los presentes autos. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1479/2020, promovido por José Ángel Vázquez Pineda; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, recibido en este juzgado al día siguiente, compareció José Ángel Vázquez Pineda, por conducto de su apoderada legal Laura Pineda Rocha; a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: Tramitar el juicio laboral en los plazos y términos señalados por los artículos 33 fracción III y 118 de la Ley de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas dentro de los autos del expediente laboral 283/E/2012 (los laudos dictados por el tribunal deberán ser cumplidos dentro de los 15 días hábiles a partir de su notificación) y en el que se condena a la parte demandada Gobernó (sic) del Estado de Tamaulipas a la inclusión en nómina de pago del demandado y este también regularizada su condición laboral en la plaza de maestro frente a grupo con la clave 2812E0281/283976, es decir en los términos en que el actor relamo (sic) dichas prestaciones en el juicio natural." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1479/2020; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se emplazó al tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo, específicamente la inclusión a nómina del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que fuera condenado en el laudo de dieciocho de febrero de dos mil catorce, dentro del expediente laboral 283/E/2012. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo; sin embargo, refiere que el diez de diciembre de dos mil veinte, dictó acuerdo a través del cual giró el oficio número 12089/2020 dirigido al Titular de la Secretaría de Educación en el Estado, a efecto de que dé cumplimiento a lo ordenado en dicho oficio, y de tal manera, se cumplimente el laudo emitido. Lo anterior se corrobora con las constancias allegadas, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, se tiene por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio. No advirtiendo este Juzgador la actualización de diversa causal de improcedencia, se procede al estudio del presente juicio de amparo y resulta sustancialmente fundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, relativo al procedimiento de ejecución del laudo dentro del expediente laboral 283/E/2012 pues existe retraso en la administración de justicia, por parte de la autoridad responsable, en virtud de que no dicta las medidas necesarias, a fin de hacer cumplir el laudo y vigilar su cumplimiento. En la contradicción de tesis PC27.XIX.T.8.2016.C, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, la cual fue terminada de engrosar el once de mayo de dos mil diecisiete, de la ejecutoria pronunciada por el Pleno del Décimo Noveno Circuito, sostuvo que del contenido de los artículos 88, 101, 105, 106, 107, 108, 112, 117, 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, la substanciación del proceso burocrático, una vez recibida la contestación a la demanda o transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, se concentra en una audiencia de pruebas y alegatos, después de la cual debe dictarse el laudo, sin que se contenga un capítulo de ejecución de laudo. Sin embargo, la Máxima autoridad jurisdiccional en este circuito destacó lo siguiente: El artículo 118 dispone, que el laudo debe ser cumplido dentro de los quince días hábiles a partir de su notificación; El artículo 88 establece, que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos prescriben en dos años "a partir de que sea ejecutable la resolución respectiva"; y, Dicha superioridad, concluyo que el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, en la ejecución de laudos no da mayores lineamientos salvo que la resolución deberá ser cumplida dentro de los quince días hábiles a partir de su notificación, es decir, no se exige el impulso procesal del ejecutante o de las partes al respecto, una vez iniciado. Inclusive, el término de quince días hábiles a que se refiere el artículo 118 comienza a partir de la notificación del laudo, esto es, sin necesidad de que lo solicite expresamente la parte que obtuvo resolución favorable; por lo que resultaría incongruente estimar por un lado que la acción de ejecución de sentencia está sujeta a prescripción y por otro, que la ejecución inicia con la notificación de la sentencia. Por lo anterior, el Pleno de este Décimo Noveno Circuito, sostuvo que una vez solicitada la ejecución del laudo se interrumpe la prescripción y ya no se requiere del impulso del ejecutante en las subsecuentes etapas del procedimiento de ejecución forzosa, en atención a que no es factible la ejecución mediante el embargo de bienes; en cambio, para la ejecución sólo el tribunal puede emplear los medios de apremio que prevé el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, que la etapa y procedimiento de ejecución, una vez que se solicita, en sus etapas subsecuentes debe realizarse de manera oficiosa por parte del Tribunal. En este contexto, de las constancias allegadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, se desprende que: En el laudo emitido el dieciocho de febrero de dos mil catorce, dentro del juicio laboral 283/E/2012, se declaró insubsistente el laudo de veinte de agosto de dos mil trece; que la parte actora acreditó sus acciones y la parte demandada no justificó sus excepciones y se condenó a la demandada Gobierno del Estado de Tamaulipas, entre otras cosas, a la inclusión a la nómina de pago del Gobierno demandado y la regularización de su condición laboral en la plaza de maestro frente a grupo con la clave 2812E0281/283976, en los términos en que el actor reclamó las prestaciones en juicio natural. Laudo que fuera notificado a la parte actora el veinticinco de febrero de dos mil catorce, y a la parte demandada en la misma fecha. Seguidos los trámites legales el quince de agosto de dos mil diecisiete, se aperturó el incidente de liquidación tramitado por la parte actora, convocando a las partes a la audiencia incidental de pruebas y alegatos correspondiente, celebrándose el veinte de junio de dos mil catorce. El quince de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable emitió la resolución incidental de liquidación y declaró como cantidades líquidas para cubrir por la parte del Gobierno del Estado, al actor la cantidad de $326,651.30 (trescientos veintiséis mil seiscientos cincuenta y un peso 30/100 M.N) por los conceptos de salarios devengados, aguinaldos y prima vacacional, cantidad que fue cubierta al actor en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 236/2019 del índice de este Juzgado mediante entrega de cheque el veintiocho de octubre de dos mil veinte. Posteriormente, por escrito de veintisiete de octubre de dos mil veinte, el licenciado José Guadalupe Baez Ibarra, apoderado legal de la parte actora, solicitó al Tribunal responsable acordara su escrito de tres de abril de dos mil veintidós y se fijara fecha para llevar a cabo audiencia de liquidación, así como que requiriera al demandado la inclusión en nómina de pago y se regularizara su condición laboral en la plaza de maestro frente a grupo. En atención a dicho requerimiento, en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, giró oficio a la Secretaría de Educación en el Estado para que el actor José Ángel Vázquez Pineda fuera integrado a la nómina de pago y se regularizara su condición laboral en la plaza de maestro frente a grupo con la clave 2812E0281/283976, y convocó a las partes a la audiencia incidental de pruebas y alegatos relativo a la apertura del incidente de liquidación. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que previos diferimientos de la audiencia incidental de liquidación el quince de junio de dos mil veintiuno suspendió la incidencia hasta en tanto se resolviera el incidente de prescripción de ejecución de laudo planteado por la demandada en su escrito de pruebas de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, y previos diferimientos se celebró la audiencia incidental de prescripción el ocho de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, el once de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó resolución en la que declaró improcedente dicha excepción de prescripción de ejecución de laudo. Sin embargo, de las constancias aportadas por la responsable, se desprende que la última actuación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, respecto al cumplimiento del laudo de dieciocho de febrero de dos mil catorce, específicamente lo concerniente a la inclusión a la parte trabajadora a nómina del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que fuera condenado en el laudo de dieciocho de febrero de dos mil catorce, dentro del expediente laboral 283/E/2012; fue precisamente el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte; sin que dentro del presente sumario obren actuaciones con las que se advierta que dicha situación ha acontecido, es decir, que se incluyó a nómina a la parte actora con motivo de la reinstalación efectuada. Luego entonces, si bien la autoridad responsable ha gestionado acciones para lograr la inclusión a nómina de la parte trabajadora con motivo de la reinstalación en su antigua fuente de trabajo, y en consecuencia, la ejecución del laudo, se debe decir que lo anterior no basta para cumplir con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, así como con la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, contenida en el artículo 17 Constitucional, pues no se advierte que la responsable después de la última actuación realizada al respecto (acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte), haya continuado con las medidas necesarias para lograr que se cumplimentara la ejecución del laudo de dieciocho de febrero de dos mil catorce, dictado dentro del expediente laboral 283/E/2012, y se incluya en nómina a la parte trabajadora con motivo de la reinstalación como maestro con la clave presupuestaria 2812E0281/283976, pues hasta la presente fecha, no se tiene conocimiento de que ello se haya logrado. Así también, se resalta que de las actuaciones que integran el juicio de amparo no se advierte que a la fecha de la presente resolución exista alguna constancia que ponga de manifiesto que el tribunal responsable agotó todas las medidas establecidas en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, y demás ordenamientos que resulten aplicables, para lograr dicho objetivo de cumplimiento del laudo, actuando en perjuicio de la parte quejosa y de la garantía de impartición de justicia pronta consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna. En consecuencia, lo procedente es otorgar el AMPARO y PROTECCIÓN de la Justicia Federal solicitado por el aquí quejoso José Ángel Vázquez Pineda, para los siguientes efectos: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios deberá: Realizar en forma pronta y expedita los trámites administrativos necesarios a fin de lograr la inclusión a nómina de José Ángel Vázquez Pineda en virtud de la reinstalación como maestro con la clave presupuestal 2812E0281/283976, lo que fuera condenado en el laudo de dieciocho de febrero de dos mil catorce, dentro del juicio laboral 283/E/2012, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin. Sin que pase desapercibido para este juzgador, que si bien en el laudo se condenó al pago de diversas prestaciones, estableciendo condena, lo cierto también es que las mismas se encuentran sujetas a actualización por diversos periodos que aún no están determinados, hasta la resolución de un incidente de liquidación, previo; por ello es que se resuelve en los términos precisados, sin perjuicio de que una vez determinada la cantidad liquida a cubrirse, si subsiste la omisión reclamada, esta puede ser subsanada por esta vía, a través de la interposición de un nuevo juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217, de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Ángel Vázquez Pineda, respecto al acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos y para el efecto precisado en el último considerado de este fallo. Notifíquese.

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