José Ángel Valenzuela López

Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
15/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • José Ángel Valenzuela López

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el seis de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de seis de enero del año que transcurre, no obstante el citatorio dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el referido auto, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 15/2022, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa en ***, en esta ciudad, y como autorizados a ***, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde el quejoso es parte trabajadora.Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea.Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto, se advierte que en este asunto se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII1, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la disposición constitucional transcrita, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se vaya presentando en el procedimiento natural y que se estime perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese supuesto ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior, se desprende que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo-, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. Ahora bien, de los antecedentes que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y se otorgó a las partes un término de tres días para objetar las probanzas ofertadas por las partes, sin que a la fecha se haya acordado el escrito mediante el cual objetó pruebas ni se ha señalado fecha para el desahogo de pruebas en el juicio laboral ***. De manera que esa abstención no puede considerarse como de ejecución irreparable, porque no se trata de una "omisión autónoma" al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, lo que revela el carácter adjetivo de la violación alegada. En efecto, del contenido de la demanda de amparo no se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento, ni su paralización total, por lo que el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, precisamente porque no se afectan derechos sustantivos de la parte promovente, sino que la violación reprochada sólo implica la afectación de derechos adjetivos o procesales, susceptibles de repararse en caso de que obtenga una resolución favorable. Pues conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria. En ese tenor, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos.

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