José Angel Valdez Valenzuela
Expediente 172/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 18/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Angel Valdez Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Sin que constituya obstáculo a lo anterior, el hecho de que aún no se cuente con los acuses de recibo relativo a los oficios 820/2022, 821/2022, 823/2022, 824/2022, 825/2022 y 826/2022, dirigidos a las autoridad responsables Congreso de Estado de Sinaloa, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa, Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y Director del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, todos con residencia en Culiacán, Sinaloa, y Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, mediante el cual se le envió copia autorizada de la sentencia de diecinueve de enero del año en curso; toda vez que se decretó el sobreseimiento, por lo que es claro que no le causa agravio alguno a la autoridad de referencia. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis visible en la página 717, del Tomo III, segunda parte del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, que, a la letra, dice: "REVISION. RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE CUANDO LO INTENTA UNA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CONTRA DE UN FALLO DE SOBRESEIMIENTO. Basta considerar que los recursos previstos en la Ley de Amparo fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación, para llegar a la conclusión de que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento por parte de la autoridad responsable, pues no le causa ningún perjuicio. Adviértase que una resolución de sobreseimiento al producir el cese inmediato de la tramitación del procedimiento, conserva intacto el acto reclamado y deja las cosas en el estado que guardaban hasta antes del ejercicio de la acción. En tales condiciones una determinación de este género, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso pues le impide obtener una sentencia favorable a sus intereses, en cambio no puede causar por sí misma perjuicio a las autoridades, porque ni vincula su actuación en algún sentido, ni les impone deberes, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. La necesidad de desechar este recurso resulta también de considerar que el juicio de garantías y los medios de impugnación previstos en el mismo no fueron diseñados para dilucidar cuestiones que, si bien jurídicamente podrían ser de gran significación o trascendencia, en cambio no encuentran correlato en la realidad, pues de otra manera se vería sacrificada la administración de justicia en aras de la corrección técnica de los fallos emanados de los Tribunales de Amparo." En razón de que el presente juicio se encuentra concluido, se ordena remitirlo al archivo de expedientes de trámite, en términos del artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a) del ya citado Acuerdo General, se estima que el presente expediente al no ser de relevancia documental, se le otorga valor de destruible. En consecuencia, con apoyo en el artículo 8°, fracción I y 9°, del capítulo tercero del mencionado Acuerdo General, una vez que transcurran los tres años a que se refiere dicho precepto, procédase al trámite de destruible del presente expediente. Finalmente, para los efectos a que se contrae el artículo 8° de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley en cita, y en su artículo 8, como se advierte de la certificación de cuenta, se informa que ninguna de las partes hizo manifestación alguna en cuanto a expresar su voluntad o no de que sus datos personales se incluyeran en la publicación de la sentencia; lo anterior, para los efectos legales que en ese aspecto, haya lugar.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en los considerandos tercero y quinto, por los motivos ahí expuestos
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que aún no transcurre el plazo que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe rendido por el Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; el cual se tuvo por recibido el dieciséis de los presentes. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las nueve horas con veintidós minutos del día trece de enero de dos mil veintidós.
- Principal
Téngase por recibido el informe justificado rendido por el Director General del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; el cual se agrega a los autos y se da vista a las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones a la autoridad responsable, el que menciona en su informe de cuenta, así como el correo institucional depto.juridico.ices@gmail.com. De igual manera, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene como delegados en el presente juicio, a los que designa en el informe que ahora se recibe. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene por anunciada la documental que acompaña a su informe, la cual se agrega a los autos para hacer relación de ella y otorgarle el valor que le corresponda al decidirse en definitiva el presente asunto. Por otro lado, en relación con las causales de improcedencia invocadas, se resolverá lo conducente al dictar el fallo.
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