José Angel Torres Bravo
Expediente 499/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2015
Partes del expediente
- José Angel Torres Bravo
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, a veintisiete de octubre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído por el cual se desechó la demanda de juicio constitucional interpuesta por José Ángel Torres Bravo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, dado que en la resolución se desechó la demanda de amparo, además que se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, que no se abrió el incidente de suspensión, y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a catorce de octubre de dos mil quince. Visto el escrito de demanda de garantías formulada por José Ángel Torres Bravo, contra actos del Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali y otras autoridades responsables, por violaciones a las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 Constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro uno de gobierno con el número 499/2015. En relación al libelo que se atiende, resulta oportuno asentar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que la impetrante señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De las ordenadoras reclamo cualquier descuento o retención de mi salario, descuentos que se me ha estado efectuando por vía nómina de forma ilegal y sin mi consentimiento. De las ejecutoras reclamo cualquier acto tendiente a la inminente ejecución de cualquier descuento o retención de mi salario, que las autoridades ordenadoras hubiesen ordenado en mi perjuicio del suscrito." En el caso, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De conformidad con el criterio precedente es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, tomando en cuenta que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, destacándose en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. De lo expuesto puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Bajo esas premisas, conviene retomar que el quejoso acude a esta vía extraordinaria a reclamar el descuento o retención a su salario que percibe como contraprestación de la actividad laboral que desempeña ante el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, como Agente de la Policía Ministerial, derivados aquellos de préstamos personales con las instituciones de crédito FONACOT Y CREDI AMIGO, mismos que -aduce- no son los correctos ni en tiempo y firma ya que de acuerdo a su historial de nómina algunos ya se liquidaron. Ahora bien, la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, establece que el objeto principal del citado organismo es promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios, así como para promover entre aquéllos el mejor aprovechamiento del salario y contribuir a la orientación del gasto familiar, tal y como lo disponen los artículos 1 y 2 de la invocada ley. Para el cumplimiento de su objeto, la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) establece que el instituto podrá realizar descuentos a su favor Sobre las anteriores premisas, resulta dable concluir que el acto reclamado en el presente juicio atribuido a las responsables no puede considerarse como de autoridad, toda vez que la actuación del Director de Recursos Humanos y Jefe de Departamento de Nominas, ambos de la Oficialia Mayor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, fue llevada a cabo en su carácter de patrón autorizado por el quejoso para efectuar vía nomina el pago de los créditos contraídos por el trabajador (aquí quejoso) estimando este resolutor que, en todo caso, el conflicto suscitado entre las entidades de crédito y este último, deriva de una relación propia de particulares y no de supra a subordinación, pues necesariamente los descuentos ordenados por las instituciones de crédito "FONACOT" y "CREDI AMIGO", tienen su origen en los créditos destinados para la adquisición de bienes de consumo o para el pago de servicios, lo que está íntimamente relacionado con los derechos laborales del peticionario del amparo, en su calidad de trabajador, de tal suerte que -se insiste- cualquier circunstancia o conflicto que derive de los descuentos al salario, motivo de los créditos para la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios, tienen su origen en los derechos laborales de la parte quejosa, y por ende, emanan de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. Máxime, que previo a la obtención del crédito o financiamiento otorgado por el instituto en comento, las partes debieron expresar su consenso; por lo que tal operación se equipara a una relación contractual (o de coordinación) y no de gobernante a gobernado (de supra a subordinación), requisito esencial para la procedencia del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por el principio rector que la informa, la tesis del contenido: "FONACOT. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN DEL TRABAJADOR, CONSISTENTE EN LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES DESCONTADAS A SU SALARIO POR ESE CONCEPTO. Los conflictos derivados de los descuentos al salario del trabajador que efectúe el patrón para el pago de abonos al crédito otorgado al primero por el fondo de fomento y garantía para el consumo de los trabajadores, son competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues a pesar de que esas deducciones obedecen a un crédito contraído por el obrero con motivo de la adquisición de bienes de consumo o para el pago de servicios, no puede soslayarse que los descuentos se encuentran regulados por el artículo 110, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto, cualquier controversia que se suscite sobre el particular, como acontece cuando el trabajador reclama la devolución de los descuentos porque el patrón no los aportó al Fonacot, corresponde a la materia laboral, y su conocimiento y resolución compete a los tribunales del trabajo mencionados, conforme al artículo 123, fracción XX, constitucional". Como corolario a lo anterior, se estima que los descuentos o retenciones que llevan a cabo el Director de Recursos Humanos y el Jefe de Departamento de Nominas, ambos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, derivados de los créditos que el quejoso afirma obtuvo de "FONACOT" y "CREDI AMIGO", no tienen el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio constitucional sino que se trata de actos que derivan de los derechos que como parte trabajadora le corresponden a JOSÉ ÁNGEL TORRES BRAVO y que este última autorizó se realizaran al ejercer los créditos correspondientes, por lo que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis identificada como I.11o.C.78 C, de la Décima Época sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Libro 19, en Junio de 2015, en materia Civil, consultable a página 2476, de rubro y texto siguiente: "VÍA MERCANTIL. ES LA PROCEDENTE CUANDO LA ACCIÓN SE SUSTENTA EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES. De la interpretación sistemática y armónica de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, se desprende que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio; que su objeto es promover el ahorro de los trabajadores, así como otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos para la adquisición de bienes y pago de servicios, en las mejores condiciones de precio, calidad y crédito; garantizar los créditos y, en su caso, otorgar financiamiento para la operación de los almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo. En esas condiciones, la circunstancia de que el referido instituto sea un organismo público de carácter social, sin fines lucrativos, no implica que esté imposibilitado para celebrar actos de comercio, pues el citado artículo 5, segundo párrafo, de su ley especial, permite que las operaciones y servicios de éste, se regulen por diversas disposiciones, como es la mercantil. En ese tenor, los actos relativos a la suscripción de contratos de apertura de crédito entre el instituto y los trabajadores se reputan actos de comercio, ya que a través de ese acto jurídico, se otorga al trabajador una línea de crédito que le permitirá adquirir bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades, en el cual se podrá disponer del crédito a través de un formato de autorización, o bien, utilizar una tarjeta de crédito -tarjeta Fonacot-; y de igual forma, atendiendo a lo pactado, se tendrán que suscribir pagarés, notas de cargo, notas de compra o comprobantes de disposición a la orden del instituto, o bien, otros documentos análogos; además, dicho contrato se regula por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como una cosa mercantil, de tal suerte que conforme a lo dispuesto en el artículo 1049 del Código de Comercio, cualquier cuestión relativa a tales contratos debe ventilarse a través del juicio mercantil." En las condiciones expuestas, se insiste en la convicción de que el juicio de amparo planteado por JOSÉ ÁNGEL TORRES BRAVO, resulta notoriamente improcedente de conformidad con los los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA DE PLANO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley en cita. Finalmente, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado BRIAN TORRES MANZO, toda vez que tiene debidamente registrada su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, se le tiene señalando como domicilio procesal el ubicado en Calle Siete y Riveroll, Número 831, Loca, 2, de la Zona Centro, de esta ciudad. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
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