Jose Angel Suarez Contreras
Expediente 1529/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1529/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jose Angel Suarez Contreras
Actuaciones
- Principal
Vista la razón signada por la actuaria de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que le asistió para notificar a los quejosos el auto de dieciocho de diciembre pasado, en el domicilio que señalaron en su escrito inicial de demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase la notificación del citado acuerdo, el presente auto, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se deberá fijar en los estrados de este órgano de control, hasta en tanto designen nuevo domicilio para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 238, Tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169843, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Notifíquese por lista a los quejosos los autos indicados. MESA* IV
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **** y *****, contra actos del Juez Septuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1529/2023-IV. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como acto reclamado el siguiente: La orden de embargo y/o congelamiento de la cuentas bancarias a nombre de los quejosos, por el Juzgado Septuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Previo análisis de la demanda de amparo en cuestión, es pertinente precisar que es un hecho notorio que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, remitió la demanda de amparo promovida por los mismos quejosos contra los mismos actos, en virtud de declarase incompetente para conocer de éste, turnado a este juzgado federal el seis de noviembre del año en curso, quedando registrada con el número 1299/2023-IV, en el cual se ostentaban como terceros extraños a un juicio del índice del Juzgado Septuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y mediante auto de siete de ese mes y año, se desechó la demanda de amparo, toda vez que los quejosos en el apartado de ANTECEDENTES, y, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifestó lo que a continuación se trascribe: ".En fecha 10 de julio del presente año, aproximadamente a las 12:00 horas, fuimos a hacer un retiro en efectivo a los bancos y el saldo que teníamos depositado en nuestras cuentas, de la cual somos titulares. grande fue nuestra sorpresa al observar que nuestro dinero estaba congelado en nuestra cuenta bancaria Y APRECIA NUESTRA CUENTA COMO CONGELADA, por lo que en forma inmediata nos entrevistamos con los Gerentes de cada institución bancaria ya mencionadas, manifestándonos que teníamos nuestras cuentas bloqueadas derivado de un oficio emitido por el tribunal y no podían darnos mayor información, más que presentarnos directamente al JUZGADO SETUAGÉSIMO CUARTO CIVIL DE PROCESO ESCRITO." Lo destacado es propio. Acuerdo que quedó firme el veintiocho de noviembre del año que transcurre. Sobre el particular es aplicable la tesis I.14º. C.10 K, publicada en la página 971, Tomo XVIII, noviembre del 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA INVOCARLO, PREVIAMENTE DEBE ORDENAR LA CERTIFICACION RESPECTIVA DE LAS CONSTANCIAS QUE ESTIMA GUARDAN RELACION CON LA DEMANDA DE AMPARO" En ese sentido, del estudio integral del escrito de cuenta que nos ocupa, los quejosos bajo protesta de decir verdad indican que se dieron por enterados de los actos reclamados, esta vez, el treinta de noviembre de la presente anualidad. En tal contexto, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los preceptos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, mismos que en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De las porciones normativas transcritas, se concluye que un acto es consentido de manera tácita cuando, entre otros supuestos, no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la ley de la materia. Ello, ya que el cómputo del lapso establecido en el precepto 18 de la legislación reglamentaria, se realizará a partir del día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, conforme a la ley del acto reclamado. b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. c) Al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Como puede verse, dicho numeral prevé las diversas reglas para computar el plazo de quince días en los cuales ha de presentarse la demanda para tenerla oportunamente recibida, según la fecha en que el promovente haya tenido conocimiento de la existencia de los actos reclamados. En el caso, la parte promovente se ubica en el supuesto del apartado b), pues desde el diez de julio de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento de lo combatido, tal y como los mismos quejosos lo expresaron bajo protesta de decir verdad en los antecedentes del juicio de amparo 1299/2023-IV, no así del treinta de noviembre anterior. Por ende, el plazo para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente al en que hayan tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Luego, si se hicieron conocedores del acto reclamado el diez de julio presente año, el plazo para presentar la presente demanda transcurrió en exceso. De ahí que si la demanda que se analiza se presentó en buzón judicial hasta el trece de diciembre de dos mil veintitrés, según se advierte del sello de recibido que aparece en el escrito inicial así como en la boleta de turno, resulta claro que se hizo en forma extemporánea, al hacerlo fuera del lapso de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por ende, consintió tácitamente dichos actos, por lo que opera de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento legal citado. Es ilustrativa la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, Novena Época, registro 165582, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y 113 de la ley de la materia, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el dispositivo 27, fracción I, de la normativa de la materia, se tiene como tal el ubicado *******. Autorizados. Conforme a la certificación de cuenta, no se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a los profesionistas que indica dado que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; por lo que únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, al igual que a la restante persona que designa, en términos de la última parte del segundo párrafo del ordenamiento legal invocado. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Precisión respecto a hojas membretadas en blanco y con anotaciones a mano. A efecto de dar certeza procesal a las partes, en este acto se ordena la cancelación de las hojas en blanco que se anexaron al escrito inicial de la demanda, así como las que tienen anotaciones en bolígrafo, pues las mismas carecen de validez al encontrarse con posterioridad a las firmas de la demanda de amparo. Habilitacio´n de horas y di´as inha´biles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer pa´rrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente asi´ se practiquen. Transparencia. Ha´gase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgacio´n de sus datos personales, en te´rminos de los arti´culos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fraccio´n V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Ti´tulo Tercero de la Ley General de Proteccio´n de Datos Personales en Posesio´n de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el veintise´is de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes debera´n manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahi´ sen~alados, en el entendido que la falta de oposicio´n conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresio´n de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la u´ltima ley en cita. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Integración del expediente. Conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese personalmente a los quejosos. MESA* IV
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