José Ángel Sotres De los Santos

Expediente 544/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
544/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
06/07/2016

Partes del expediente

  • José Ángel Sotres De los Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de catorce de junio del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, ... se declara que dicho acuerdo ha causado estado. ...

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, catorce de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio del Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con el que remite copias fotostáticas certificadas deducidas de la causa penal 5/2016-I, de las que se advierte que el diez de junio del año en curso, declaró extinguida la acción penal ejercitada contra el aquí quejoso José Ángel Sotres de los Santos, por el delito de lesiones, en agravio de César Agustín Medrano Montes de Oca, por haberle otorgado el perdón la parte ofendida. Documental que cuenta con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que es de estudio preferente según lo establecido en el diverso numeral 62 del mismo ordenamiento jurídico: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Lo procedente, es sobreseer el juicio en términos de dicho numeral, en base a las siguientes consideraciones. La parte quejosa en esta instancia constitucional reclamó lo siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. A).- COMO ORDENADORAS. 1.- EL C. JUEZ PRIMERO DE PAZ PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES... B).- COMO EJECUTORAS. 1.- EL COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA MINISTERIAL, DEL SECTOR COSTA AZUL... 2.- EL COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA MINISTERIAL... IV.- ACTO RECLAMADO, LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DE FECHA 17 DE MAYO DE 2016, GIRADA EN MI CONTRA POR EL DELITO DE LESIONES." Ahora bien, de las documentales que remite la autoridad responsable se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá: 1.- El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, libró orden de reaprehensión contra el quejoso, por el delito de lesiones, cometido en agravio de César Agustín Medrano Montes de Oca, dentro de la causa penal 5/2016-I, por incumplir con su obligación de acudir ante ese juzgado a firmar el libro de control de procesados que se encuentran en libertad provisional bajo caución. 2.- Posteriormente, el diez de junio del presente año, dicho juez responsable declaró extinguida la acción penal ejercitada contra el aquí quejoso José Ángel Sotres de los Santos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito especificado en el párrafo que antecede, por haberle otorgado el perdón la parte ofendida. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado y, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que se actualiza en la especie una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que ningún elemento de prueba puede desvirtuar. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo décimo séptimo, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." También es aplicable, la tesis visible en la página seiscientos dieciséis, del tomo cuarto, octubre de mil novecientos noventa y seis, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos títulos y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO CUANDO SE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PERSECUTORIA QUE DIO ORIGEN AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RECLAMADO EN AMPARO. Cuando durante la tramitación del juicio de amparo en que se reclamó el auto de formal prisión, se declara en la causa penal la extinción de la acción persecutoria, es inconcuso que los efectos del acto reclamado han cesado, siendo procedente en tal hipótesis decretar el sobreseimiento en términos del artículo 74, fracción III, en relación al 73, fracción XVI de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, por no combatirse por vicios propios; tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito consultable en la página doscientos ochenta y seis, volumen noventa y uno y noventa y seis, sexta parte del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, materia común, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Desde otro aspecto, resulta innecesario que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional realice la diligencia de emplazamiento del tercero interesado César Agustín Medrano Montes de Oca, puesto que el dictado de la presente resolución que decide en lo principal el presente juicio de amparo, no le depara prejuicio alguno. Es aplicable a lo anterior, en sentido contrario y en la parte que interesa, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, plasmó en la tesis que aparece publicada en la página mil cuatrocientos treinta y nueve, del tomo treinta y tres, abril de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "TERCERO PERJUDICADO QUE NO PARTICIPA EN EL JUICIO. SI A QUIEN DEBIENDO RECONOCÉRSELE TAL CARÁCTER NO ES LLAMADO AL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL, YA SEA POR LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALARLO EN LA DEMANDA RESPECTIVA, O DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NO ADVIERTE SU PRESENCIA, LA SENTENCIA QUE SE DICTE EN AQUÉL NO LE PUEDE OCASIONAR AGRAVIO ALGUNO, AL NO HABER FIGURADO COMO PARTE EN ÉL, TENIENDO EXPEDITO SU DERECHO PARA PROMOVER, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN. Cuando un juicio de amparo es tramitado y resuelto sin dar oportunidad de ser escuchado a quien, por tener intereses opuestos al quejoso, debería reconocerse su carácter de tercero perjudicado, se actualiza una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo y una ausencia de un presupuesto procesal para que la sentencia pueda ocasionarle perjuicio a dicha parte no emplazada, sin que sea obstáculo que en la demanda relativa exista la omisión del quejoso de señalar a dicho tercero, o del Juez de Distrito de advertir su presencia, pues el derecho de participación procesal en amparo no puede ser resultado del señalamiento que haga el quejoso en función de sus perspectivas y pretensiones o de la habilidad de los juzgadores federales, sino que representa un elemento basado en esquemas de realidad sustancial derivados de las circunstancias fácticas que, de forma abstracta, se determinan en función de la aplicación e interpretación de los supuestos del artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, si se dictara sentencia sin haber escuchado al tercero perjudicado, como no le puede ocasionar perjuicio dicho fallo, y menos si el resultado le es adverso, éste podrá promover el recurso de revisión, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 41/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 65, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA EJECUTORIADA Y QUE AFECTA CLARAMENTE SUS DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL CONTADO A PARTIR DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA.", y tomando como referencia la fecha en que se ostente sabedor de la resolución; en consecuencia, la sentencia dictada deberá quedar insubsistente y procederse a reponer el procedimiento a fin de darle la intervención que debió corresponderle, en términos de la jurisprudencia de la Primera Sala 1a./J. 16/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 560, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO. SI EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA REVISIÓN ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ALGUNO AL QUE NO SE LE HA OÍDO EN EL JUICIO POR NO HABÉRSELE RECONOCIDO ESE CARÁCTER, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", a menos que esto fuera innecesario por haberse sobreseído o negado el amparo al quejoso, pues en tal supuesto inexistiría un principio de agravio." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Cabe señalar que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el numeral 93, fracciones I a III, de esa ley dispone: "al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; por consiguiente, si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia.". Ahora bien, de la interpretación sistemática de esos preceptos se advierte que ambos coinciden en cuanto a las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, es decir, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, esto es, el Juez de Distrito; por tanto, si éste -de oficio o a petición de alguna de las partes-, tuvo por actualizada una causal de improcedencia y, como consecuencia, decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, la parte afectada tiene oportunidad de impugnar dicha resolución mediante el recurso de revisión, para que el Tribunal Colegiado de Circuito examine, a la luz de los agravios correspondientes, los razonamientos en que se basó el a quo para sobreseer en el juicio, por lo que la recurrente no queda en estado de indefensión, pues si el sobreseimiento es correcto tendrá que confirmarse la sentencia recurrida o, de lo contrario, se dejará insubsistente para proceder con el estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o.T. J/1 (10a.), publicada el viernes diez de octubre de dos mil catorce, identificada con el número de registro 2007628, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ...Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, a la parte QUEJOSA, en el presente juicio de amparo, atendiendo al apercibimiento que se le hizo en el AVISO que se dejó previamente en su domicilio, para los efectos legales a que haya lugar...

  4. Principal

    Vistos; agréguese el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Ocho, residente en la Ciudad de México, autoridad vinculada en el presente juicio, mediante el cual remite copias fotostáticas certificadas de diversas constancias deducidas del expediente laboral, de las que se advierten que tuvo por recibido el oficio 3646 de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pero ordenó devolver sin diligenciar la comunicación 6669/2016 toda vez que no fue posible notificar a *** para el desahogo de la prueba confesional para hechos propios.... En consecuencia, requiérase a la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas posteriores a la fecha en que reciba el oficio de notificación del presente acuerdo, informe y remita copias certificadas del acuerdo que haya emitido en razón de lo señalado por la Junta Especial Número Ocho, residente en la Ciudad de México, al devolver sin diligenciar el exhorto.

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