Jose Angel Sanchez Rangel

Expediente 774/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
774/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • Jose Angel Sanchez Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de diez de octubre dos mil diecisiete, a través de la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Nueva Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO DE EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. NO RELEVANCIA. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó la demanda de amparo, por tanto, el presente expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital , mediante el cual solicita acuse de recibo del juicio de amparo 662/2017 que se envió junto con la resolución relativa al conflicto competencial 6/2017, toda vez que sólo se acusó recibo de dicha resolución, no así, del expediente citado; por tanto, como lo solicita la Superioridad, acúsese el recibo correspondiente.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de diez de octubre actual, que en lo conducente dice: Por recibido el oficio y anexos de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, Guanajuato, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada el veintisiete de septiembre del año en curso, en el conflicto de competencia 6/2017 suscitado entre el suscrito Juzgador Federal y el Juez Primero de Distrito residente en Guanajuato, capital, así como los autos originales del juicio de amparo número 774/2017-IV.1 de este índice. La resolución de mérito establece en sus puntos resolutivos, lo siguiente: PRIMERO.- Sí existe el conflicto competencial entre los Juzgados Primero y Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato y Celaya, respectivamente. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en Celaya, para conocer de la demanda de amparo presentada por ***. En acatamiento a la resolución emitida por la Superioridad, este Juzgador Federal, acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de Amparo de que se trata, para todos los efectos legales a que haya lugar, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del conflicto competencial. Acúsese recibo de estilo. Del contenido íntegro de la demanda de amparo promovida, se advierte que el promovente del amparo esencialmente reclama en esta vía constitucional lo siguiente: 1. El proveído de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad en Materia Penal de San Miguel de Allende, Guanajuato, dentro de la causa penal ***, a través del cual se negó el diferimiento de la audiencia intermedia. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, antes de admitir una demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano esa demanda. Se precisa que las tesis que se invocarán son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en tanto no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, este último aplicado en sentido contrario, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. En efecto los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En el caso, el solicitante del amparo señala como acto reclamado el proveído de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad en Materia Penal de San Miguel de Allende, Guanajuato, dentro de la causa penal ***, a través del cual se negó el diferimiento de la audiencia intermedia. De ahí, que dicho acto reclamado no se refiere a derechos sustantivos, sino a un derecho procesal, por lo que sus efectos no son de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Luego entonces, el juicio constitucional intentado resulta improcedente, pues el acto reclamado no provoca violaciones que sean de imposible reparación, sólo constituye actos procesales que no afectan derechos sustantivos de la parte solicitante del amparo, pues aún cuenta con la posibilidad de obtener su reparación al momento de dictarse la sentencia respectiva, o bien, en caso de continuar dicha violación, puede hacerla valer en el amparo directo que en su caso se llegue a promover frente a dicha resolución. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Junio de 1996, Tesis IV.2°J/13, en la página 538, la cual es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Asimismo, la tesis de jurisprudencia número VI.2o.C. J/231, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Mayo de 2003, visible en la página 1186, cuyo rubro y texto son los siguientes: VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se acredita un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, este último a contrario sensu, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se resuelve: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, por las razones y consideraciones formuladas en este proveído.

  3. Principal

    Glósese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, capital y el suscrito Juzgador Federal, con relación a la demanda de amparo promovida por *** y de la cual este Órgano Jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para su conocimiento.

  4. Principal

    Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Guanajuato, residente en dicha ciudad capital, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrito no aceptó la competencia planteada por este Juzgado Federal, para conocer del juicio de amparo 774/2017-IV.1 de este índice, promovido por***. Acúsese el recibo de estilo. No obstante lo anterior, el suscrito insiste en declinar la competencia, por las razones expuestas en el auto de tres del mes y año en curso, aunadas a lo siguiente: En principio debe señalarse que el acto reclamado en esta vía constitucional consistente ejercida por el impetrante en la negativa del Juez de Control de diferir la audiencia intermedia en causa penal ***, no nace de manera autónoma, sino el mismo deriva de la instauración de procedimiento penal al que se encuentra sujeto el hoy promovente de amparo, asimismo contrario a lo expresado por el Juez Primero de Distrito en el estado con residencia en ciudad capital, el diferimiento o no de la audiencia intermedia señalada en la causa penal *** redunda en la celeridad o alargamiento del juicio, tan es así que para llevar a cabo dicha diligencia se encuentra una fecha señalada para su desahogo, que lo es el catorce de agosto de dos mil diecisiete, situación que necesariamente incide en la medida de prisión preventiva decretada en dicha causa penal; por consiguiente, es de estimarse que contrario a lo expuesto por el Juez Primero de Distrito en el estado con residencia en ciudad capital, por lo que ve al acto al que se ha hecho alusión y que es el motivo de disidencia, no se está en el supuesto a que hace alusión el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, dado que el acto referido como la negativa del Juez de Control de diferir la audiencia intermedia en causa penal ***, no es meramente declarativo. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, Tesis I.1o.A.44 A, Tomo XIV, del mes de Agosto de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por consiguiente, al no compartir el criterio asumido por el citado Juzgador Federal, se insiste en la competencia del Juez de Distrito en el estado de Guanajuato. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del párrafo segundo, del artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Penal en turno, con residencia en Guanajuato, Capital, a efecto de que tenga a bien resolver el conflicto de competencial que por territorio se presenta entre este órgano jurisdiccional y el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en dicha ciudad capital. Comuníquese el presente proveído al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se solicita atentamente a la superioridad tenga a bien acusar recibo correspondiente.

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