José Ángel Prado Martínez

Expediente 830/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
830/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/08/2021

Partes del expediente

  • José Ángel Prado Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada al Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/2517/2021 de la misma fecha, con facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, quien actúa asistido del secretario Miguel Olvera Arreola, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Escrito de cuenta. Agréguese el escrito de cuenta, suscrito por **********, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en autos de trece de julio del año en curso. Determinación judicial. Se toma conocimiento del contenido del escrito de cuenta; sin embargo, no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada, toda vez que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, carece de atribuciones para subsanarla al haberse requerido cuestiones que versan sobre la precisión del acto que pretende reclamar en esta instancia constitucional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que los autorizados carecen de facultades para realizar actos que deben provenir directamente de la voluntad de la parte quejosa y que influyen sobre la fijación de la materia del juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Entonces, como se dijo, la prevención formulada por este Juzgado en el acuerdo de trece de julio del presente año; sólo puede ser desahogada por el quejoso. Lo anterior, ya que la prevención se pretendió subsanar por conducto del autorizado en términos amplios de la parte quejosa, el cual no está facultado para ello por las razones apuntadas en párrafos precedentes, es decir, no se estableció que la promoción que pretendió desahogar el requerimiento haya incumplido con alguno de los puntos que fueron materia de prevención, sino la ausencia de capacidad jurídica del promovente para tratar de desahogarla. De considerarse lo contrario, esto es, que la presentación del escrito mediante el cual se pretende desahogar la prevención signado por una persona que no está facultada para ello, generaría la interrupción del término concedido, lo que tendría como consecuencia, prorrogar el plazo en cada ocasión que se exhiba un escrito en las mismas condiciones, lo que produce una ventaja indebida y se contrapone a lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada en párrafos anteriores, ya que el problema jurídico abordado en la misma, se refiere a que el documento no colma alguno de los puntos requeridos y no a la ausencia de facultades de quien promueva. En efecto, del contenido del artículo 12 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que dicho numeral no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre de la parte quejosa, sino que únicamente puede llevar a cabo actuaciones para atender procesalmente el juicio de amparo, esto es, actos posteriores a la promoción de la propia contienda, ajenos a aspectos en que deba intervenir directamente la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, tales como la precisión de los actos reclamados. En relación a lo anterior, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El referido principio es requisito básico para que el juicio de amparo pueda iniciarse, ya que, sin la promoción del gobernado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal y/o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, conforme a los artículos 6° y 108, párrafo primero, de la ley de la materia, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien le afecte la norma general o el acto reclamado, quien podrá hacerlos por sí o por su representante legal o apoderado, por lo que debe contener la firma del promovente. La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; así, a través de la firma la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Asimismo, recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. En el asunto que nos ocupa, tenemos que le desahogo de prevención no fue firmado de manera electrónica por la parte quejosa del amparo. Lo anterior, implica que al no haberse firmado el ocurso de cuenta por quien la promueve, no existe la posibilidad de identificar a su autora y como consecuencia de ello, tampoco hay una manifestación de la voluntad que permita establecer la instancia de parte agraviada que se requiere para iniciar el juicio. No pasa inadvertida para este Juzgador la jurisprudencia 1a./J. 24/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA". Como se advierte, la Primera Sala sostiene que cuando la demanda de amparo carece de firma electrónica debe prevenirse a la parte quejosa; sin embargo, con posterioridad a la emisión de ese criterio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como jurisprudencia un criterio distinto. En efecto, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Tribunal Pleno estableció que la utilización de la firma electrónica a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivo simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgarse validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". Así las cosas, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en principio ambos criterios jurisprudenciales resultan obligatorios; sin embargo, al ser opuestos entre sí, en este asunto este Juez de Distrito opta por seguir el más reciente y que proviene del órgano de mayor jerarquía, es decir, por la jurisprudencia establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera que no se advierte la manifestación de voluntad de la promovente de acudir a la presente instancia constitucional, pues, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y uno, en el tomo 181-186 Quinta Parte, séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 242,775, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Así las cosas, en relación a la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor alguno a la promoción de cuenta por haber sido presentada por el autorizado, esto es, sin firma (evidencia gráfica) del quejoso. De manera que las promociones que carecen de firma (en este caso el desahogo de la prevención) no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dicho ocurso no tiene ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/354, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cuarenta y seis, en el tomo 86-1, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 208,988, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALORACIÓN DE LAS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas simples no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidas dentro de los medios de prueba a que se refiere la fracción VII del artículo 93 del aludido ordenamiento adjetivo. En consecuencia, para determinar su valor probatorio debe aplicarse el diverso 217 de la misma codificación legal y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados; y así, de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial, con independencia de que no hayan sido objetadas." Es aplicable también, la tesis aislada, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, en el tomo IX, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y dos, a página cuatrocientos noventa y cuatro, con número de registro 219,413, que dice: "PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente." Ahora bien, tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el ocurso de cuenta registrado con folio 4921 se presentó el veintiuno de los actuales y careceré de firma del directo quejoso, se concluye que ante dicha omisión no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Por otra parte, de las constancias que integran el presente expediente, así como de la referida certificación, se advierte que la parte quejosa no desahogó dentro del plazo concedido la prevención formulada el y trece de julio del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado al respecto, y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y la actualización de datos que corresponde en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada al Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/2517/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Miguel Olvera Arreola, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, trece de julio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ******, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 830/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Negativa de la suspensión de plano La parte quejosa solicita se conceda la suspensión de plano del acto reclamado para efecto se aplique en su favor de manera inmediata la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, exceptuando de las etapas previstas para su aplicación en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx. No obstante lo manifestado por la quejosa, no resulta procedente conceder la suspensión de oficio y de plano solicitada, pues conforme lo previsto en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, esa medida cautelar procede únicamente cuando se actualizan los requisitos que son del tenor: Ley de Amparo "126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [.]." Del contenido de las normas transcritas se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. La diversidad de los supuestos indicados guardan relación con actos de autoridad, cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación sino que, además, se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando -de ahí que en esos supuestos sea innecesaria la solicitud del interesado- para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute. Es pertinente destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el listado de actos contenido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales debe concederse la suspensión de oficio y de plano, comprende también aquellos actos u omisiones que comprometan gravemente la dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, prohibido en el artículo 22 constitucional. Resultan aplicable a lo anterior la jurisprudencias 1a./J. 55/2019 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Lo relevante para la concesión de la suspensión de oficio y de plano sigue siendo que los actos u omisiones reclamados afecten gravemente los derechos o bienes jurídicamente tutelados, prioritarios e imprescindibles para las personas, es decir, los derechos y bienes relacionados con la dignidad e integridad de éstas. En el caso, se reclama la omisión de aplicar la dosis conforme al plan de vacunación del gobierno federal para combatir la emergencia sanitaria por COVID-19, derivado de que el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la universidad de Barcelona le comunica al demandante, que ha sido invitado a realizar una estancia de investigación en dicha institución educativa en un periodo comprendido del uno de septiembre al veinticinco de noviembre del año en curso, mismo que forma parte de su programa de titulación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que a su consideración se traduce a que existe el riesgo puesto que sin la vacuna de la enfermedad denominada COVID-19, no podrá entrar a la unión europea. En ese sentido, debe decirse que el acto reclamado no ocasiona por sí un daño inminente a la vida de la parte quejosa, ni lo coloca en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o en su caso, el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales. La "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID- 19, si bien no prevé al quejoso en la segunda etapa pues contempla inicialmente a las personas mayores de sesenta años, es un acto que no se encuentra previsto de forma expresa en el artículo 126 de la Ley de Amparo o en el diverso 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del cual proceda la suspensión de oficio y de plano, aun cuando refiere que hay en demasía riesgo de contraerlo; pues la falta de vacunación alegada no implica considerar que se encuentra en un peligro inminente de que sea privado de la vida. Lo anterior no implica desconocer la situación sanitaria que impera en el país, sin embargo, no resulta procedente conceder la suspensión de plano solicitada en los términos a que se contrae el artículo 126 de la Ley de Amparo, en contra del acto consistente en la omisión de la aplicación inmediata de la vacuna, contra el virus SARS-CoV-2, conforme al plan de vacunación del Gobierno Federal, para combatir la emergencia sanitaria por COVID-19, pues implicaría la transgresión al interés social y orden público. La circunstancia manifestada en el sentido que fue invitado a la Universidad de Barcelona para continuar con su programa de titulación, resulta insuficiente para ordenar que se le aplique de forma anticipada la vacuna contra SARS-COV-2, pues si bien como lo afirma, existe el riesgo de que contraiga el citado virus, es insuficiente para considerar la aplicación de la vacuna a su favor, en forma anticipada e inmediata, como lo pretende a través del procedimiento previsto para la suspensión de plano y de oficio a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo. La negativa de la suspensión de plano solicitada no implica restringir el acceso a la justicia del quejoso ya que el suscrito no advierte, en atención a la naturaleza del acto reclamado, la configuración de alguna de las hipótesis prohibidos por el artículo 22 constitucional ni se compromete gravemente la dignidad e integridad personal de la parte quejosa al grado de equipararse a la inminente privación de la vida. Lo anterior, sin perjuicio de analizar la procedencia de la medida cautelar a través del incidente de suspensión en el supuesto que la quejosa desahogue la prevención que se formulara a continuación. Sentido de la determinación inicial Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, subsane las inconsistencias que más adelante se señalan. Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación el diverso 108, fracciones IV y V, y 110 de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Precisión de los actos que se le atribuyen a cada autoridad. Del estudio efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- AUTORIDAD ORDENADORA: I. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ubicado en Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro. AUTORIDADES EJECUTORAS: II. SECRETARIA DE SALUD, con domicilio ubicado en . III. SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, CON DOMICILIO UBICADO EN. IV. DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARIA DE SALUD, con domicilio ubicado en . V. COMITÉ NACIONAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, con domicilio ubicado en. VI. JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con domicilio ubicado en . VII. SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, avenida insurgentes norte." "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. A la responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de ordenadora se reclama: 1.- La orden verbal o instrucción dada a las autoridades en materia de salud de que se abra el periodo de inscripción para el inicio del ciclo de inscripción para vacunar contra la enfermedad COVID-19 a las personas mayores de 18 a lo ordenado en la quinta etapa de la Política Nacional de Vacunación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2021, tal periodo iniciara partir de MARZO 2022. La existencia de la orden referida se explicara en el capítulo de antecedentes, la cual ha sido dada, principalmente, desde las conferencias presidenciales matutinas. A las responsables Secretaria de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud, Comité Nacional Para la Vigilancia Epidemiológica, Gobernador de la Ciudad de México, Secretaría de Salud de la Ciudad de México se reclama: 1.- La omisión o negativa de proporcionar la vacuna contra el virus SARS-Cov2 o COVID-19, como parte de la quinta etapa de proceso de vacunación. 2.- La omisión o negativa de realizar los protocolos necesarios para el suministro de la vacuna SARS-Cov2 o COVID-19, para que reciba la vacuna para el virus SARS-Cov2 o COVID-19 y con ello salvaguardar mi derecho humano a la salud y, y en consecuencia a la vida. 3.- El trato discriminatorio que implica el Plan Nacional de Vacunación en sus etapas por grupos de edad, ya que ello constituye discriminación positiva y directo en función del grupo de edad y no tiene criterio de hecho, ni científico, ni de hecho para hacerlo así, en contravención al orden constitucional, internacional e interno, sin dejar de señalar desde ahora que existe disponibilidad de vacunas Pfizer y Aztra Zeneca. 4.- todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que el quejoso no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y, por tanto, peligre esté en riesgo inminente su salud y su vida, además de su derecho a la educación en el caso específico, siendo estos derechos fundamentales irrenunciables y universalmente tenidos como de esfera indecidible sobre su reconocimiento, goce y pleno disfrute, consagrados en la constitución y tratados internacionales suscritos por el estado mexicano; cada día es un día más de riesgo, además de que, como ciudadanos de la República, tenemos derecho a la preservación de la vida y de la salud. 5.- La omisión de salvaguardar los derechos del quejoso con relación a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, esto en virtud del exceso de tiempo para poder proveer la vacuna al grupo que pertenece la parte quejosa, siendo que la Política Nacional de Vacunación señala un periodo prolongado de tiempo que resulta excesivo, no proporcional, no idóneo, innecesario y no cumple con alguna finalidad constitucional, por lo tanto, dejaría sin las posibilidades para poder efectuar su derecho a la educación, lo mismo que causaría un daño irreparable dentro de la esfera jurídica del promoverte". Como se aprecia, la parte quejosa señaló diversas autoridades responsables; sin embargo, se abstuvo de indicar cuál o cuáles son los actos que le atribuye a cada una de ellas, lo anterior, tomando en consideración que si bien en el apartado de actos reclamados realiza diversas manifestaciones, lo cierto es que no se advierte qué actos en específico le reclama a cada una de dichas autoridades. De igual manera, en el apartado de actos reclamados indica que señala como autoridad responsable al "Gobernador de la Ciudad México"; sin embargo, se considera que posiblemente la parte quejosa incurrió en un error en su escrito de demanda; por tanto deberá informar si es correcto el señalamiento de dicha autoridad como responsable, o bien, si se trata de una diversa. Si es el caso que sea una diversa, también deberá indicar el acto reclamado que le señale. Las circunstancias descritas generan incertidumbre a este órgano jurisdiccional respecto de los actos reclamados que le atribuye a cada una de las autoridades señaladas como responsables, lo cual en la especie, debe ser precisado por la parte quejosa y no dejarse a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con tal información se fijará la Litis constitucional; de igual forma, las autoridades responsables estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda, en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones III y IV del numeral 108 de la ley de la materia; en la inteligencia de que la parte promovente tiene la obligación no sólo de señalar cuáles son las autoridades que deberán ser emplazadas con el carácter de responsables, sino también, de atribuirles los actos reclamados de una manera directa y exacta. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISION EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACION DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." 2. Copias del escrito aclaratorio. De igual manera deberá anexar copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la presente prevención, para correr traslado a la totalidad de las partes, y para el incidente de suspensión. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Sin que haya lugar a solicitar copia de las documentales precisadas en el presente acuerdo a efecto de correr traslado al Ministerio Público Federal adscrito, toda vez que este será notificado electrónicamente. Lo anterior, siempre y cuando el desahogo de la presente prevención no se realice de manera electrónica. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con lo solicitado en los puntos anteriores, dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención formulada deberá ser de forma clara y precisa sin contener omisiones, ni afirmaciones obscuras. Para lo anterior, se le hace saber al promovente que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, a la parte quejosa que para obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita aquellos que le consten en relación con el acto reclamado. Autorizados. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********** y ************, toda vez que tienen sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Consulta de expediente electrónico y notificaciones por la misma vía. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico y las notificaciones por la misma vía, toda vez que conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontraron los nombres de usuario ****" y"*****" corresponden a ***** y a *********, respectivamente. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Al igual, téngase por señalado el teléfono y correo electrónico que se proporciona, para los efectos legales a que haya lugar; sin que haya lugar a tener éste para oír y recibir notificaciones, en razón de que no cumple con los requisitos para las notificaciones electrónicas, en atención a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Amparo. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la Secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 4,184 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano