José Ángel Orlanzzini Bortolotti
Expediente 171/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Ángel Orlanzzini Bortolotti
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que el auto de treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por el quejoso **********, contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, y el Titular del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua con residencia en la Ciudad de México, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables de la determinación que dio fin al presente juicio, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, al haberse sobreseído el mismo. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que en proveído de veinticinco de mayo del año en curso, el Responsable de la Unidad Jurídica, de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada del título de concesión número 08GUA159966/12AMDL18 a favor del quejoso **********, y constancia de notificación al nombrado. Ahora bien, de las referidas constancias así como de las que obran en autos a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que el quejoso reclama: Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, señalo como acto reclamado la omisión de notificar el título de concesión derivado de la autorización contenida en el oficio B00.910.01.1/007946 de fecha 15 de diciembre de 2017, emitida por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dentro de la solicitud con número de expediente GUA-L-1920-11-08-16, y con ello resolver de manera definitiva la solicitud que fue realizada el 11 de agosto de 2016. De la segunda autoridad señalo como acto reclamado la omisión de inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua, el título de concesión derivado de la autorización contenida en el oficio B00.910.01.1/007946 de fecha 15 de diciembre de 2017, emitida por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dentro de la solicitud con número de expediente GUA-L-1920-11-08-16. Ahora, de acuerdo con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como a las constancias que remitió el encargado de la Unidad Jurídica, de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, se desprende que: El quince de diciembre de dos mil diecisiete, se emitió el oficio B00.910.01.1/007946, en el que se dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa el once de agosto de dos mil dieciséis, en el que se declaró procedente autorizar la transmisión de derechos parcial y definitiva con relocalización, presentada ante la responsable el once de agosto de dos mil dieciséis, respecto del título de concesión 08GUA109418/12AMDL11, dentro de la solicitud con número de expediente GUA-L-1920-11-08-16. El cuatro de abril de dos mil dieciocho, la transmisión de derechos parcial y definitiva con relocalización título de concesión 08GUA109418/12AMDL11, quedaron debidamente registradas ante el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua. Dicha determinación se notificó a la parte quejosa el dieciséis de mayo del año en curso. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa el quince de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se declaró procedente autorizar la transmisión de derechos parcial y definitiva con relocalización título de concesión 08GUA109418/12AMDL11, en el expediente GUA-L-1920-11-08-16, debidamente registrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, y le notificó a ésta dicha determinación el dieciséis de mayo del año en curso, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión del título de concesión 08GUA109418/12AMDL11, en respuesta a la solicitud de transmisión de derechos parcial y definitiva con relocalización del título de concesión, presentada el once de agosto de dos mil dieciséis y la notificación a la parte quejosa, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la falta de respuesta a la petición de la quejosa. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: isto el estado de los autos se advierte que en proveído de veinticinco de mayo del año en curso, el Responsable de la Unidad Jurídica, de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada del título de concesión número 08GUA159966/12AMDL18 a favor del quejoso **********, y constancia de notificación al nombrado. Ahora bien, de las referidas constancias así como de las que obran en autos a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que el quejoso reclama: Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, señalo como acto reclamado la omisión de notificar el título de concesión derivado de la autorización contenida en el oficio B00.910.01.1/007946 de fecha 15 de diciembre de 2017, emitida por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dentro de la solicitud con número de expediente GUA-L-1920-11-08-16, y con ello resolver de manera definitiva la solicitud que fue realizada el 11 de agosto de 2016. De la segunda autoridad señalo como acto reclamado la omisión de inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua, el título de concesión derivado de la autorización contenida en el oficio B00.910.01.1/007946 de fecha 15 de diciembre de 2017, emitida por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dentro de la solicitud con número de expediente GUA-L-1920-11-08-16. Ahora, de acuerdo con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como a las constancias que remitió el encargado de la Unidad Jurídica, de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, se desprende que: El quince de diciembre de dos mil diecisiete, se emitió el oficio B00.910.01.1/007946, en el que se dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa el once de agosto de dos mil dieciséis, en el que se declaró procedente autorizar la transmisión de derechos parcial y definitiva con relocalización, presentada ante la responsable el once de agosto de dos mil dieciséis, respecto del título de concesión 08GUA109418/12AMDL11, dentro de la solicitud con número de expediente GUA-L-1920-11-08-16. El cuatro de abril de dos mil dieciocho, la transmisión de derechos parcial y definitiva con relocalización título de concesión 08GUA109418/12AMDL11, quedaron debidamente registradas ante el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua. Dicha determinación se notificó a la parte quejosa el dieciséis de mayo del año en curso. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa el quince de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se declaró procedente autorizar la transmisión de derechos parcial y definitiva con relocalización título de concesión 08GUA109418/12AMDL11, en el expediente GUA-L-1920-11-08-16, debidamente registrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, y le notificó a ésta dicha determinación el dieciséis de mayo del año en curso, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión del título de concesión 08GUA109418/12AMDL11, en respuesta a la solicitud de transmisión de derechos parcial y definitiva con relocalización del título de concesión, presentada el once de agosto de dos mil dieciséis y la notificación a la parte quejosa, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la falta de respuesta a la petición de la quejosa. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el encargado de la Unidad Jurídica, de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
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