Jose Angel Olan Garcia
Expediente 575/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 29 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Angel Olan Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de septiembre de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO SENTENCIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el trece de agosto de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 575/2021-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por José Ángel Olán García, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), José Ángel Olán García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Enrique López Criollo, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la demanda promovida por José Ángel Olán García, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 575/2021-C; y se previno al quejoso para que precisara lo siguiente: ".PRIMERO. Manifieste con exactitud cuáles son los Jueces de Control con sede en la ciudad de Puebla, San Andrés Cholula y Teziutlán, que señala como autoridades responsables, toda vez que únicamente se limitó a asentar lo siguiente: "1.- Ciudadano Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial Región Centro, con sede en el Distrito Judicial de Puebla, con domicilio en once sur número once mil novecientos veintiuno, colonia ex Hacienda Castillotla, ciudad de Puebla." (.) "2.- Ciudadano Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Centro- Poniente con sede en Cholula, Puebla. Con domicilio en Periférico Ecológico número 100, San Andrés Cholula, Puebla. (Casa de Justicia de Cholula)." (.) "4.- Ciudadano Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en la ciudad de Teziutlán, Puebla, con domicilio oficial bien conocido en Casa de Justicia de Teziutlán, Puebla." Por tanto, para estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse el nombre completo y correcto de los Jueces de Control que señala como autoridades responsables, con sede en la ciudad de Puebla, San Andrés Cholula y Teziutlán; ya que en dichos lugares existen adscritos diversos Jueces de Control. SEGUNDO. Precise la denominación correcta de las siguientes autoridades ejecutoras que señaló como responsables: "2.- Comandante de la Policía Federal Ministerial, adscrito a la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República," (.) "11.- Comandante de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla" Ya que es un hecho notorio para el suscrito juzgador Federal, que no existen dichas autoridades con la denominación asentada por el quejoso; por tanto, para estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta. TERCERO. Señale los nombres completos y correctos de los elementos al mando de todas las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, o bien, los números de placa de cada uno de los elementos que señala como responsables o, en su caso, manifieste si nombra únicamente al titular de la dependencia a la que pertenecen, por lo que, en su caso, deberá manifestar la denominación correcta y completa de esa institución. Lo anterior es así, pues resultan imprecisas las denominaciones señaladas por la parte quejosa, y a efecto de estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a las autoridades responsables su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad." Posteriormente, mediante escrito recibido en auto veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el quejoso pretendió desahogar la prevención formulada en diverso acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, sin embargo, en razón que la firma plasmada en el escrito de demanda y el ocurso aclaratorio en cuestión, diferían notoriamente, se requirió al promovente, para que en el término de tres días contado a partir de que quedara legalmente notificado de dicho proveído, compareciera ante el personal actuante de este juzgado a reconocer como suya la firma inserta en el escrito en comento. Así, mediante comparecencia levantada el cinco de julio del año en curso, se tuvo al quejoso José Ángel Olán García, ratificando la firma plasmada en el escrito recibido en este juzgado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, registrado con el número de folio 11262, y por reconociendo en todas y cada una de sus partes el contenido del ocurso en cuestión. Ante tal circunstancia, mediante proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda de amparo, promovida por el quejoso José Ángel Olán García, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la comparecencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que por lo que ve al resto de los actos reclamados consistentes en: las órdenes de localización, presentación, búsqueda, aprehensión y detención, emitidas en su contra, dentro de una carpeta de investigación o causa penal, así como su ejecución; se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de treinta de julio del año en curso, se señalaron las nueve horas con cuarenta y dos minutos del trece de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado fuera de audiencia constitucional, el seis de agosto de dos mil veintiuno, se declararon inexistentes a las autoridades señaladas como responsables "16. Comisario Jefe de la Policía Federal de la Región XXI, y 17. Comisario del Sector XXI1089 de la Policía Federal", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas; en razón que mediante proveído de veintiséis de julio del presente año, se ordenó dar vista al quejoso por el término de tres días, contado a partir de que quedara legalmente notificado del referido acuerdo, a fin que precisara la denominación correcta y completa de las referidas autoridades, toda vez que en esa data, se tuvieron por recibidos los sobres de correspondencia devueltos por el Administrador de Correos OSD Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contenían los oficios 305-16 y 305-17, dirigidos a las autoridades responsables en comento, por los motivos: "No hay dependencia que cita", y "Rehusado"; sin que al efecto dicho quejoso hubiera desahogado tal requerimiento. En ese tenor, tales autoridades se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente" TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso José Ángel Olán García, reclama: 1. Las órdenes de localización, presentación, búsqueda, aprehensión y detención, emitidas en su contra, dentro de una carpeta de investigación o causa penal; y, 2. Su ejecución. CUARTO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 2 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 3 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 4 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Rosalba Elena Zarate Herrera), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 5 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 6 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Mirian Huerta Lechuga), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 7 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 8 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (David Rodríguez González), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 9 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Alejandra Aguilar Anacleto), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 10 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Rosario Ivonne Rivera Calzada), por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna). Niega. 11 Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. Niega. 12 y 13 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Apoyo de Litigación Zona Regional Oriente (en su denominación correcta). Niega. 14 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega. 15 Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla -en su denominación correcta-. Niega. 18 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega. 19 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Niega. 20 Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla. Niega. 21 Jefe de Grupo Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Teziutlán -en su denominación correcta-. Niega. Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que la autoridad responsable 11. Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, en el informe justificado que rindió en el presente sumario constitucional, haya hecho del conocimiento, que en el juzgado a su cargo, se encuentran como antecedentes diversas causas penales instruidas en contra del aquí quejoso José Ángel Olán García, en las que señalo lo siguiente: 1. Proceso penal 109/1996 de su índice, instruido en contra de José Ángel Olán García, como probable responsable en la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de Julia López Nava, en el que, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y seis, se libró orden de aprehensión en contra del referido sentenciado. Posteriormente, el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y seis, se decretó la detención del enjuiciado de referencia, sin embargo, en la misma fecha, se tuvo a la querellante Julia López Nava, otorgando su más amplio perdón en favor del indiciado José Ángel Olán García, por lo que se declaró extinguida la acción penal, se ordenó la libertad del enjuiciado y se mandó al archivo de la citada causa penal. 2. Proceso 210/1993 de su índice, instruido en contra de José Ángel Olán García, como probable responsable en la comisión del delito de fraude especifico, cometido en agravio de Rafael González Landa; en el cual, por auto de diez de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se libró orden de aprehensión en contra del referido enjuiciado. Luego, el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, dicho sentenciado compareció a rendir su declaración preparatoria bajo la suspensión de amparo concedida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado. Asimismo, con fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se dictó auto de formal prisión en contra del sentenciado José Ángel Olán García, como probable responsable en la comisión del delito de fraude especifico, cometido en agravio de Rafael González Landa. Así, el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, se dictó sentencia definitiva, por la cual, se absolvió al referido procesado, por la comisión del delito de fraude especifico, resolución que fue apelada por el agente del ministerio público, sin embargo, la misma fue confirmada por la Segunda Sala en Materia Penal, por lo que se ordenó el archivo de la referida causa penal; y, 3. Proceso penal 52/2013 de su índice, instruida en contra de José Ángel Olán García, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones dolosas, cometidas en agravio de Ruperto Hernández Portillo, dentro del cual, con fecha de veintiuno de agosto de dos mil trece, se libró orden de aprehensión en contra del referido enjuiciado y el treinta de septiembre siguiente, se decretó la detención del inculpado. Sin embargo, el dos de octubre de dos mil trece, compareció el agraviado de dicho proceso penal, a otorgar su más amplio perdón en favor de José Ángel Olán García, dándose por pagado de la reparación del daño material y moral, por lo que se declaró extinguida la acción penal y se ordenó el archivo de la citada causa penal. En ese sentido, tomando en consideración lo señalado por el Juez responsable y, el estado que guardan las referidas causas penales 109/1996, 210/1993 y 52/2013, es inconcuso, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, dichos procesos ya se encontraban archivados (al tratarse de asuntos totalmente concluidos), por lo que no se ha emitido alguna orden de localización, presentación, búsqueda, aprehensión y detención, en contra del quejoso José Ángel Olán García, que derivara de alguna carpeta de investigación o causa penal; de ahí, que deba prevalecer la inexistencia de los actos reclamados en este sumario constitucional. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso José Ángel Olán García, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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San Andrés Cholula, Puebla, seis de agosto de dos mil veintiuno. I. AUTORIDAD INEXISTENTE. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte, que a la data en que se emite este proveído, feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, para que manifestara la denominación completa y correcta de las autoridades que señaló como: "16. Comisario Jefe de la Policía Federal de la Región XXI, y 17. Comisario del Sector XXI1089 de la Policía Federal"; sin que al efecto lo hubiera realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó al quejoso José Ángel Olán García, en auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, y se tienen por inexistentes a la citadas autoridades señaladas como responsables, por lo que se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Asimismo, se ordena suspender cualquier comunicación procesal con dichas potestades. Notifíquese por lista a las partes...
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San Andrés Cholula, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de julio del presente año, se tuvieron por recibidos los sobres de correspondencia devueltos por el Administrador de Correos OSD Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contenían los oficios 305-16 y 305-17, dirigidos a las autoridades responsables 16. Comisario Jefe de la Policía Federal de la Región XXI, y 17. Comisario del Sector XXI1089 de la Policía Federal, por los motivos: "No hay dependencia que cita", y "Rehusado". Ante tal circunstancia, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días, computado legalmente, precisara la denominación completa y correcta de las autoridades en mención, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo concedido para ello, se tendrían por inexistentes. Ahora, como se aprecia de la certificación secretarial que antecede, se encuentran señaladas las nueve horas con treinta y cuatro minutos del día de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, a la data en que se emite este proveído, aún no se cuenta con la constancia de notificación practicada a José Ángel Olán García, relativa al citado auto de veintiséis de julio del año en curso, ni la misma se encuentra vinculada al expediente electrónico del sumario en que se actúa, lo que impide verificar el cómputo del plazo mencionado; ante tal circunstancia, es evidente que en esta fecha no se encuentra debidamente integrado el presente asunto, para que tenga verificativo la referida audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, e integrar debidamente el presente juicio de derechos humanos, se difiere la audiencia constitucional programada para esta data, y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del trece de agosto de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese por lista a las partes.
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- Jose Angel Rosario Romero (Promovente)1238/2022
- Jose Angel Valdez Cruz579/2020
- Jose Angel Vazquez Rodriguez1022/2023
- Jose Angel Velazquez Reyes230/2023