JOSÉ ÁNGEL MORALES MARTÍNEZ y Otros.
Expediente 116/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Coordinador General de Centros Federales del Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Redataptación Social
- JOSÉ ÁNGEL MORALES MARTÍNEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintitrés de febrero del actual, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Sin que obste para arribar a lo anterior la falta de constancia que acredite que las autoridades responsables con residencia fuera del Estado de Oaxaca, hayan quedado notificadas del auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 87 del ordenamiento legal antes mencionado, las responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión cuando afecten directamente el acto que de ellas se hubiera reclamado, y en el caso, esto no ocurre, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Glósense a los autos los oficios que remiten la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social en el Estado, la encargada de la Dirección General y el Jefe del Departamento de Seguridad y Custodia, ambos del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo Tamaulipas; mediante los cuales rinden su informe respecto de la suspensión de oficio y de plano concedida en autos, e informan las dos últimas autoridades que el quejoso .... promovió el diverso juicio de amparo 209/2017-IV en el juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas. Ahora, de las constancias descritas con anterioridad, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia que impone sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (...). La causa de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causa de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas, a fin de que el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicio. En ese sentido, de la consulta del expediente 209/2017-IV del registro del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el uno de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en el referido juicio de amparo (la cual aún no ha causado ejecutoria), promovido por el quejoso ... en contra de las autoridades responsables encargado del despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones, con residencia en Nuevo Laredo Tamaulipas, secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, encargado del despacho de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social del Estado de Tamaulipas, encargado del Despacho de la Dirección de Readaptación y Reinserción Social, con domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Consejo de Implementación de Mecanismos y Procedimientos Sobres Traslados de Personas Privadas de su Libertad de los Establecimientos Penitenciarios de la Entidad de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social en el Estado, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, contra los actos que hizo consistir en su traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo Tamaulipas a un Centro Federal de Readaptación Social, así como las determinaciones emitidas por las diversas autoridades para la autorización del mismo. Además, en el referido juicio de amparo 209/2017-IV del registro del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en sentencia definitiva dictada el uno de febrero de dos mil dieciocho (la cual aún no ha causado ejecutoria), por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo al referido quejoso para el efecto de que la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social en el Estado de Tamaulipas, comunique al juez que sustancia el procedimiento penal correspondiente instruido al aquí quejoso, las órdenes de traslado emitidas, a fin de que dentro del plazo ahí otorgado, califique o no su legalidad. Luego, si el quejoso en este juicio de amparo reclama a las autoridades responsables Coordinador General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Comisionado General de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (encargada de los traslados), Consejo de Implementación de Mecanismos y Procedimientos en Materia de Traslados de Personas Privadas de su Libertad de los Establecimientos Penitenciarios de la Entidad, residente en Ciudad Victoria Tamaulipas, Jefe de Departamento de Seguridad y Custodia del Centro de Ejecución de Sanciones, con residencia en nuevo Laredo, Tamaulipas, Policía Estatal del Estado de Tamaulipas, Director General del Centro de Readaptación Social o CERESO #2 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Director General del Cereso de Ciudad Victoria Tamaulipas y Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, el acto que hizo consistir en la orden y ejecución de su traslado por parte de las referidas responsables del Centro de Readaptación Social de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a un Centro Federal de Readaptación Social. Por tanto, al ser los mismos actos los que se reclaman a la autoridad responsable, en este juicio de amparo, como en el diverso 209/2017, del registro del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, resulta claro que existe esa identidad y, como consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 24/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto; LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia de que se trata, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio respecto del precisado acto reclamado a las citadas autoridades responsables, conforme a lo previsto en el diverso numeral 63, fracción V, de la mencionada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio que remite el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz; mediante el cual rinde su informe respecto de la suspensión de oficio y de plano concedida en autos.
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de febrero de dos mil dieciocho. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ... ; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 116/2018. En términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 21, tercer párrafo, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo. Previamente, en atención a que el acto reclamado consiste en la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, que se dice en la demanda fue ordenado por autoridades administrativas sin intervención de la autoridad judicial, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 58/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SOLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. [foja 865, Libro 36, Tomo II, noviembre de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación], se concede la suspensión de oficio y de plano del aludido acto, para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal en el lugar al que fue trasladado -donde se encuentra actualmente recluido-, y a disposición del juez y autoridad penitenciaria correspondientes por lo que se refiere al procedimiento judicial que le atañe. Ello, en el entendido de que la suspensión otorgada no surtirá efecto legal alguno, si: Ya se llevó a cabo el traslado del quejoso a un diverso centro penitenciario del que actualmente se encuentra recluido. La ejecución de la nueva orden de traslado es con motivo del cumplimiento a una ejecutoria de amparo. La nueva orden de traslado proviene de autoridad judicial y no de autoridad administrativa (ya que cambiaría la naturaleza del acto reclamado). El quejoso se encuentra recluido por estar siendo procesado o haber sido sentenciado por delitos provenientes de la delincuencia organizada, siempre y cuando la orden de traslado provenga de autoridad judicial. Se trata de interno que requiera de medidas especiales de seguridad, siempre y cuando la orden de traslado provenga de autoridad judicial. Por lo que al actualizarse cualquiera de estas condiciones, la suspensión no tendrá efecto legal alguno. Cabe señalar, que la suspensión otorgada no autoriza al quejoso a violar alguna disposición interna o externa que represente la alteración de la disciplina y las normas apropiadas de conducta obligadas a observar en el centro de readaptación en que se encuentra. Condicionante que encuentran fundamento en el artículo 18, párrafos segundo, tercero y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el sistema penitenciario y la creación de centros de reclusión específicos para internos que requieran medidas especiales de seguridad. Sustenta lo anterior, el criterio emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL. La citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial, porque vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el precepto citado de la Carta Magna establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos. [Época: Décima Época, Registro: 2013709, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.9o.P.129 P (10a.), Página: 2321]- Lo anterior, en virtud de que en esos supuestos se afecta al interés social y se contravienen disposiciones de orden público; por lo que se impone a las autoridades responsables como efecto de la suspensión otorgada, la obligación de notificarlo al juez competente dentro del plazo de 24 horas que prevé el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En la inteligencia de que la seguridad, custodia y guarda del quejoso, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a cuya disposición se encuentran, quienes deberán tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de 24 horas del conocimiento de este Juzgado de Distrito la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada; apercibidas que de no hacerlo su conducta actualizará el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Sin que haya lugar a aperturar el incidente de suspensión relativo a este juicio, pues como se advierte en párrafos que anteceden, se ordenó la suspensión de los actos reclamados a través de la medida cautelar de plano. Se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, y toda vez que el quejoso refiere haber sido objeto de tortura, en términos del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, mediante oficio, dese vista con tales manifestaciones a la citada representante social, con copia certificada de la demanda. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la audiencia constitucional. Solicítese a las autoridades señaladas en la demanda de cuenta como responsables el informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de 15 días siguientes a que reciban el oficio, para ello, acompañarán en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, haciéndole de su conocimiento que no cumplir, el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, establece que se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de las autoridades responsables el correo oficial de este Juzgado 1jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 2 38 70, para que por tales vías puedan enviar comunicaciones oficiales. Se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida de actualización. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Por otro lado, toda vez que el quejoso se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que señaló para ser notificado; por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, así como los subsecuentes que sean de carácter personal, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento; momento en el que se le hará entrega de copia autorizada de lo que esta Juzgadora provea, y en su momento se les dará vista con los informes justificados que rindan las responsables. En otro orden, en relación a la petición del quejoso relativa a que se le designe un Defensor Público Federal, para que lo asesore en el presente juicio de amparo, dígasele que no ha lugar, toda vez que este juzgado carece de competencia para ello. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
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