José Ángel Martell Mazas
Expediente 1286/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1286/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Ángel Martell Mazas
- Yadiela Álvarez Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por 1) José Ángel Martell Mazas, 2) Yadiela Álvarez Figueroa, 3) Amado Jesús Machado George, 4) Dayma Indira Valon Ricardo, 5) Ángel Luis Rodríguez Pérez, 6) Mailinys Medelin Jiménez González, 7) Eduardo Medinilla Salabarria, 8) Maritza Miranda Yanes, 9) Maide Fuentes Quiola y 10) Luis Enrique Bermudez Ruiz; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, mediante auto de cinco de agosto de dos mil veintidós se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Visto; para resolver los autos del juicio de amparo 1286/2022-2, promovido por ********** contra actos del Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el estado de Tabasco, y otras autoridades, por estimarlo violatorios de los artículos 11 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el cinco de agosto de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y turnado a éste órgano jurisdiccional en esta misma fecha, Edgar José Moreno Hernández en favor de 1) José Ángel Martell Mazas, 2) Yadiela Álvarez Figueroa, 3) Amado Jesús Machado George, 4) Dayma Indira Valon Ricardo, 5) Ángel Luis Rodríguez Pérez, 6) Mailiuvys Madelin Jiménez González, 7) Eduardo Medinilla Salabarria, 8) Maritza Miranda Yanes, 9) Maite Fuentes Quiala, 10) Luis Enrique Bermudez Ruiz, 11) Dionis Campo Borges y 12) Luzdenys Paumier PupoJosé Ángel Martell Mazas, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: La incomunicación. La deportación. La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano. La detención y su ejecución. El aseguramiento y su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES: El Titular o Director del Instituto Nacional de Migración, Delegación, Tabasco. El Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Tabasco. El Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. Jefe del Departamento Jurídico de la Estación migratoria con residencia en Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO, DESECHAMIENTO PARCIAL Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el expediente 1286/2022-2, se desechó la demanda respecto a los quejosos 11) Dionis Campo Borges y 12) Luzdenys Paumier PupoJosé Ángel Martell Mazas; se otorgó a los restantes quejosos la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la posible incomunicación, privación de la libertad y/o detención fuera del procedimiento judicial, y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; asimismo, en caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, o se hubiese dado trámite a la solicitud de condición de refugiado, se decretara la inmediata libertad de los quejosos; y finalmente, para que no se ejecutara la orden de deportación de los quejosos; TERCERO. RATIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previa ratificación de la demanda por parte de los referidos impetrantes, en auto de seis de agosto del presente año, se admitió la demanda de que se trata, se solicitó informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. PRECISIÓN DEL NOMBRE DE LOS QUEJOSOS. Al respecto, se precisa que no obstante que del escrito inicial de demanda de amparo relativa al juicio de amparo 1286/2022-2, se observa que Edgar José Moreno Hernández fue la persona quien promovió la misma en favor de Yadira Álvarez Figueroa, Miailiuvys Medelin Jiménez González y Maide Fuentes Quiola; sin embargo, los quejosos de mérito en la constancia de ratificación de la demanda de garantías y la autoridad responsable al rendir su informe justificado lo hicieron respecto a Yadiela Álvarez Figueroa, Miailinys Madelin Jiménez González y Maite Fuentes Quiala, aunado a que se dio vista a las referidas quejosas con las referidas constancias en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que ésta hayan hecho alguna objeción respecto a su nombre y apellidos con el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; en consecuencia, se considera que tácitamente las impetrantes de referencia aceptan ser la persona respecto a la cual la citada autoridad rindió su respectivo informe bajo los nombres de Yadiela Álvarez Figueroa, Miailinys Madelin Jiménez González y Maite Fuentes Quiala, lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. QUINTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Posteriormente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: La incomunicación. La deportación. La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano. La detención y su ejecución. El aseguramiento y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De los artículos 63, fracción IV y 74, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, se determina que no son ciertos los actos reclamados al Titular o Director, Titular de la Oficina de Representación, Director de la Estación Migratoria y Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad (fojas 162 a 166), consistente en la orden de detención, así como la orden de deportación y su ejecución; no obstante que al rendir informe justificado en general admiten parcialmente la existencia de los mismos, y refieren que los quejosos el cuatro de agosto de la presente anualidad fueron trasladados de la Oficina de Representación de Baja California a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco; a fin de que se ejecutara la resolución de retorno asistido con la que ya contaban dentro del procedimiento migratorio ya resuelto; asimismo, que no están facultadas para emitir ordenes de aprehensión; sin embargo, si están facultadas para realizar revisiones migratorias en donde si los agraviados no cuentan con regular estancia, pueden ser presentados ante la autoridad migratoria para que se resuelva su situación jurídica; sin que en forma específica admitan la existencia de los referidos actos reclamados. Aunado lo anterior, la inexistencia de los referidos actos se corrobora con las constancias que la responsable adjuntó a su referido informe consistente en copia certificada de diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Documentales públicas, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Además, cabe señalar que las autoridades referidas señaladas como responsables de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, no se advierte que éstas cuenten con facultades para emitir las órdenes de detención o privación de la libertad fuera del que los quejosos le atribuyen. En efecto, el artículo 141 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, dispone: Artículo 141.- Las personas titulares de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración tienen las facultades genéricas siguientes: I. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; II. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos migratorios de personas extranjeras presentadas, así como de aquéllos que opten por el beneficio del retorno asistido, de conformidad con la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; III. Atender y resolver las solicitudes de trámite migratorio relacionadas con las condiciones de estancia establecidas en la Ley de Migración, en el ámbito territorial de su competencia; IV. Ejecutar los actos que en su ámbito de competencia confiere a la autoridad migratoria la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; V. Imponer y ejecutar las sanciones administrativas previstas en la Ley de Migración; VI. Administrar las estaciones migratorias y estancias provisionales de su adscripción, de conformidad con lo previsto en la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; VII. Suscribir, previo dictamen de la persona que tiene el carácter de Sub Comisionado Jurídico, los contratos de obra pública, arrendamiento, adquisiciones o servicios, o cualquier otro acto jurídico de administración que celebre el Instituto Nacional de Migración y que vinculen a la Oficina de Representación que corresponda, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; VIII. Formular, presentar y, en su caso, ratificar denuncias y querellas por conductas probablemente constitutivas de delitos, en los asuntos en que tenga injerencia el Instituto Nacional de Migración, por lo que deberá informar periódicamente a la persona que tiene el carácter de Sub Comisionado Jurídico respecto del número de denuncias y querellas presentadas, así como su estado procesal. Esta atribución se confiere sin perjuicio del ejercicio directo que, en su caso, haga la persona que tenga el carácter de Sub Comisionado Jurídico; IX. Recibir, resguardar, custodiar y en los casos procedentes, cancelar, hacer efectivas o determinar la prescripción de las garantías constituidas respecto al cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley de Migración, en su ámbito territorial de competencia. Esta atribución se confiere sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de la persona que tendrá el carácter de Sub Comisionado Jurídico; X. Sustanciar y resolver, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos administrativos que interpongan los particulares contra actos y resoluciones que emitan los servidores públicos de su adscripción; XI. Proporcionar el servicio de bibliotecas en las estaciones migratorias, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; XII. Coordinar las actividades del Instituto Nacional de Migración en el ámbito territorial de su competencia; XIII. Informar a las unidades administrativas a que se refiere el artículo 124, fracción II del presente Reglamento Interior, sobre asuntos de su competencia y, en su caso, remitir las actuaciones respectivas cuando así lo requieran; XIV. Recopilar y registrar en los sistemas disponibles, la información de los trámites y procedimientos administrativos migratorios que lleven a cabo las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el marco de su circunscripción territorial, así como la gestión de la operación migratoria de las estaciones migratorias y estancias provisionales de las mismas; XV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo, y XVI. Dirigir en su circunscripción territorial la instrumentación de los procesos, procedimientos y programas que emita el Instituto Nacional de Migración, que garanticen la promoción, protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Las personas que tendrán el carácter de Sub Representantes Federales, así como Representantes Locales y Sub Representantes Locales en las entidades federativas y en la Ciudad de México ejercerán las atribuciones que expresamente les delegue la persona que tenga el carácter de Comisionado del Instituto Nación de Migración." De lo que se obtiene que las autoridades responsables no cuentan con atribuciones para llevar a cabo las acciones que pretende la parte quejosa; por lo que son inexistentes los referidos actos que de dicha autoridad responsable se reclaman. Soporta lo anterior el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Abril de 1993, página 257, con número de registro 216654, de rubro y texto: HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." De igual manera, no es cierto el acto reclamado identificado en el inciso a), constante en la incomunicación que los quejosos le reclaman a las autoridades responsables, máxime que de las constancias que obran el presente juicio de amparo, se advierte que la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, se constituyó ante la Estación Migratoria de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, entrevistándose con los quejosos 1) José Ángel Martell Mazas, 2) Yadiela Álvarez Figueroa, 3) Amado Jesús Machado George, 4) Dayma Indira Valon Ricardo, 5) Ángel Luis Rodríguez Pérez, 6) Mailiuvys Madelin Jiménez González, 7) Eduardo Medinilla Salabarria, 8) Maritza Miranda Yanes, 9) Maite Fuentes Quiala y 10) Luis Enrique Bermudez Ruiz,José Ángel Martell MazasJosé Ángel Martell Mazas de quienes dio fe del estado físico y de las condiciones en que se encuentra la parte quejosa, haciendo constar al respecto lo siguiente: Seguidamente, le(s) pregunto al (los) quejoso(s) si ha(n) sido objeto de malos tratos o tortura física o psicológica por parte de la autoridad responsable a lo que manifiesta(n) que no, ante ello a través de mis sentidos, doy fe del estado físico y condiciones en que se encuentre (n) y advierto que: Dando fe de tener ante mi presencia al quejosos de méritos y a simple vista advierto que no presentan ningún tipo de Lesiones, ni hematomas en su cuerpo. Asimismo, en uso de la voz corrobora por el dicho de los quejosos que no han recibido ninguna agresión física. Así también me informan que llegaron a la Estación Migratoria el cuatro de agosto de dos mil veintidós."(Sic.) De lo anterior, se desprende que la fedataria de la adscripción hizo constar que tuvo comunicación con los quejosos, sin que estos manifestaran que se encontraran incomunicados. Inspección judicial que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 161, 163, 197 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2º, pues fue desahogada con las formalidades de ley y por el funcionario facultado para ello dentro del ámbito de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis con registro 235930, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Segunda Parte, Volumen 63, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: INSPECCION JUDICIAL PRACTICADA POR ACTUARIO DE JUZGADO DE DISTRITO. VALIDEZ.- Las diligencias de inspección judicial practicadas por los actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena validez, ya que los actuarios tienen la capacidad legal para practicarlas y el resultado de éstas tiene el valor de prueba plena, pues el actuario está investido por disposición de la ley de fe pública". Asimismo, de las copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, obran las constancias de seis de agosto de dos mil veintidós relativas a las llamadas telefónicas otorgadas a los quejosos 1) José Ángel Martell Mazas, 2) Yadiela Álvarez Figueroa, 3) Amado Jesús Machado George, 4) Dayma Indira Valon Ricardo, 5) Ángel Luis Rodríguez Pérez, 6) Mailiuvys Madelin Jiménez González, 7) Eduardo Medinilla Salabarria, 8) Maritza Miranda Yanes, 9) Maite Fuentes Quiala y 10) Luis Enrique Bermudez RuizJosé Ángel Martell MazasJosé Ángel Martell Mazas, por las autoridades responsables para que se comunicaran con sus familiares para el efecto de contactar a sus representantes legales a efectos de enterarles de los requisitos para otorgarles su salida provisional de la Estación Migratoria donde se encontraban; así como la posterior, comparecencia de diez del mismo mes y año realizada ante las responsables por Erick Martínez Tadeo, de nacionalidad mexicana, en su carácter de persona de confianza de los referidos quejosos, quien se hizo cargo de la custodia de ellos; y, en consecuencia, se les concediera su salida provisional del lugar de su alojamiento. Documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. En esa medida, por un parte, -contrario a lo alegado por los quejosos de mérito en su libelo de amparo- de la diligencia realizada por la fedataria de la adscripción se desprende que no han estado incomunicados; por lo que, resulta evidente que el citado acto atribuido a las autoridades responsables no existe. Aunado a lo anterior, los promoventes no aportaron prueba alguna apta que desvirtuara el contenido de las documentales descritas, por lo que es patente la inexistencia de los actos reclamados en comento y que sustentó con las constancias que remitió la autoridad a su informe justificado. Justifica lo anterior, la tesis aislada con registro 2018533, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la página 256, Tomo I, de Diciembre de 2018, Libro 61, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO.- Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores". Por su parte, la autoridad responsable en forma específica no admite la existencia del acto reclamado identificado en el inciso c), consistente en la restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano; sin embargo, de las constancias que anexó en apoyo a su referido informe no se advierte que los quejosos hayan realizado alguna solicitud de egreso a la autoridad responsable y que está se los haya negado en los términos del citado acto que reclama; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que acreditara su existencia. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los mismos. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, cuyo rubro y texto señalan: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, en representación del Titular o Director; Titular de la Oficina de Representación; Director de la Estación Migratoria, y Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad (fojas 162 a 166), al rendir informe justificado admite parcialmente los actos reclamados; sin embargo, de la lectura del referido informe evidencia la certeza de los actos que se le reclama identificado en el inciso e), consistente en el aseguramiento de los quejosos en la estación migratoria de esta ciudad; en virtud de las autoridades aceptan que los quejosos el cuatro de agosto de la presente anualidad fueron trasladados de la Oficina de Representación de Baja California a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco; a fin de que se ejecutara la resolución de retorno asistido con la que ya contaban dentro del procedimiento migratorio ya resuelto; aunado a que los quejosos en la constancia de notificación de cinco de agosto del año en curso, manifestaron encontrarse asegurados en la fecha referida por las autoridades responsables. Documentos a los que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese sentido, esta juzgadora estima que en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace a los actos reclamados, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Sostiene lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 193758, bajo el rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca los actos mismos, y estos dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de los actos, que pueden verse acompañada o no de la insubsistencia misma de los actos, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud de que el efecto de los actos reclamados han desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se explica, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado e informe complementario se advierte lo siguiente: 1). El cuatro de agosto de dos mil veintidós, los quejosos 1) José Ángel Martell Mazas, 2) Yadiela Álvarez Figueroa, 3) Amado Jesús Machado George, 4) Dayma Indira Valon Ricardo, 5) Ángel Luis Rodríguez Pérez, 6) Mailiuvys Madelin Jiménez González, 7) Eduardo Medinilla Salabarria, 8) Maritza Miranda Yanes, 9) Maite Fuentes Quiala y 10) Luis Enrique Bermudez Ruiz,José Ángel Martell MazasJosé Ángel Martell Mazas fueron trasladados de la Oficina de Representación de Baja California a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco; a fin de que se ejecutara la resolución de retorno asistido con la que ya contaban dentro del procedimiento migratorio ya resuelto. 2) Mediante escrito de demanda presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y recibido en esa misma fecha por la Secretaria encargado de la Guardia de este Juzgado de Distrito, 1) José Ángel Martell Mazas, 2) Yadiela Álvarez Figueroa, 3) Amado Jesús Machado George, 4) Dayma Indira Valon Ricardo, 5) Ángel Luis Rodríguez Pérez, 6) Mailiuvys Madelin Jiménez González, 7) Eduardo Medinilla Salabarria, 8) Maritza Miranda Yanes, 9) Maite Fuentes Quiala y 10) Luis Enrique Bermudez Ruiz,José Ángel Martell MazasJosé Ángel Martell Mazas por conducto de Edgar José Moreno Hernández, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal. 3) Posteriormente, el diez de agosto de dos mil veintidós, se otorgó salida de la estación migratoria a 1) José Ángel Martell Mazas, 2) Yadiela Álvarez Figueroa, 3) Amado Jesús Machado George, 4) Dayma Indira Valon Ricardo, 5) Ángel Luis Rodríguez Pérez, 6) Mailiuvys Madelin Jiménez González, 7) Eduardo Medinilla Salabarria, 8) Maritza Miranda Yanes, 9) Maite Fuentes Quiala y 10) Luis Enrique Bermudez Ruiz.José Ángel Martell MazasJosé Ángel Martell Mazas 4) El veintiséis de agosto del presente año, la autoridad responsable hizo constar la evasión de los quejosos al control migratorio y dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instaurados a los impetrantes de mérito. En tales condiciones, toda vez que en la presente vía constitucional, los actos reclamados se hicieron consistir en el aseguramiento de los quejosos en la estación migratoria de esta ciudad; y siendo que, como ya se precisó la autoridad responsable les otorgó salida de la estación migratoria a los aquí quejosos 1) José Ángel Martell Mazas, 2) Yadiela Álvarez Figueroa, 3) Amado Jesús Machado George, 4) Dayma Indira Valon Ricardo, 5) Ángel Luis Rodríguez Pérez, 6) Mailiuvys Madelin Jiménez González, 7) Eduardo Medinilla Salabarria, 8) Maritza Miranda Yanes, 9) Maite Fuentes Quiala y 10) Luis Enrique Bermudez RuizJosé Ángel Martell MazasJosé Ángel Martell Mazas, aunado a que decretó la evasión de los impetrantes al control migratorio y dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instaurados en su contra. Por tanto, en la especie se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se concluye que la violación de la que estaba siendo objeto por parte de la autoridad responsable, fue subsanada, de ahí que con su actuar, repuso a los quejosos en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la citada legislación; como en el caso sucede, por haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del diverso precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar, que la causa por la que se sobresee en el presente juicio, no transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna con el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, toda vez que existe la obligación del órgano jurisdiccional de verificar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para la promoción del medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia Constitucional, página 487, registro 2005717, de rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********, contra actos de la autoridades señaladas como responsables, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio recibido vía correo institucional, signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, en representación del Titular o Director; Titular de la Oficina de Representación; Director de la Estación Migratoria, y Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables, mediante el cual rinde informe justificado; adjuntando copias digitalizadas relativas al procedimiento administrativo migratorio iniciado a los quejosos en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades responsables, las constancias que anexan a su informe que se provee, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional. En virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, para facilitar el manejo del presente juicio, fórmense un tomo de pruebas por cuerda separada de este asunto. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la cuenta que antecede, de autos se advierte que mediante proveído de seis de agosto de dos mil veintidós, se ordenó la solicitud del informe justificado a las autoridades responsables siguientes: OFICIO 27647/2022Titular o Director del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, con sede en esta ciudad. OFICIO 27648/2022Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. OFICIO 27649/2022 Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, con sede en esta ciudad. OFICIO 27650/2022 Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, con sede en esta ciudad. Mismo que les fue requerido a través de los oficios antes citados, los cuales fueron recibidos el seis de agosto del año en curso; tal y como se advierte de la constancias de notificación correspondiente que obra en autos, por lo que los quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha transcurrido del nueve al veintinueve del presente año, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con apoyo en el artículo 75 párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que quede notificada del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional copias certificadas de todas y cada una de las actuaciones que se encuentren relacionadas con el acto reclamado por la parte quejosa consistente en: "I. La incomunicación del directo quejoso dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. II. La deportación del directo quejoso a su lugar de origen. III. L a restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano, y por ende, la inminente detención del directo quejoso fuera de todo procedimiento, y la inminente deportación a su lugar de origen. IV. El aseguramiento del directo quejoso en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco con dirección en Av. Cobre 205, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab. el cual ya excedió de las 36 horas sin que se haya resuelto su situación migratoria"(sic.) Las cuales deberán ser legibles, foliadas, entreselladas y costuradas, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO". En consecuencia, a fin de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fija de nueva cuenta para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.Vista la cuenta que antecede, de autos se advierte que mediante proveído de seis de agosto de dos mil veintidós, se ordenó la solicitud del informe justificado a las autoridades responsables siguientes: OFICIO 27647/2022 Titular o Director del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, con sede en esta ciudad. OFICIO 27648/2022 Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. OFICIO 27649/2022 Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, con sede en esta ciudad. OFICIO 27650/2022 Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, con sede en esta ciudad. Mismo que les fue requerido a través de los oficios antes citados, los cuales fueron recibidos el seis de agosto del año en curso; tal y como se advierte de la constancias de notificación correspondiente que obra en autos, por lo que los quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha transcurrido del nueve al veintinueve del presente año, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con apoyo en el artículo 75 párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que quede notificada del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional copias certificadas de todas y cada una de las actuaciones que se encuentren relacionadas con el acto reclamado por la parte quejosa consistente en: I. La incomunicación del directo quejoso dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. II. La deportación del directo quejoso a su lugar de origen. III. L a restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano, y por ende, la inminente detención del directo quejoso fuera de todo procedimiento, y la inminente deportación a su lugar de origen. IV. El aseguramiento del directo quejoso en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco con dirección en Av. Cobre 205, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab. el cual ya excedió de las 36 horas sin que se haya resuelto su situación migratoria"(sic.) Las cuales deberán ser legibles, foliadas, entreselladas y costuradas, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO". En consecuencia, a fin de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fija de nueva cuenta para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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