José Ángel Marín Hernández
Expediente 1329/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1329/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Ángel Marín Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Causa estado, se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...
- Principal
Notifíquese Personalmente...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de 05 de septiembre de 2019, que a la letra dice: Glósese a los presentes autos el oficio signado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto del Presidente, mediante el cual rinde informe justificado, al que adjunta copia certificada de diversas actuaciones, derivadas del expediente laboral 2105/2019 de su índice, documentos que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que se tratan de documentos expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, del análisis del presente sumario se advierte que el impetrante de derechos fundamentales en su escrito inicial de demanda señaló como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO. a) El primer término la DILACION PROCESAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, en no acordar en los términos establecidos en los artículos 873 de la Ley Laboral, y con ello entorpeciendo y atrasado el procedimiento ordinario de donde enama el acto reclamado vulnerado con ello los artículos 14, 16 constitucional en relación al artículo 17 del mismo ordenamiento ante referido, trayendo como secuela el atraso, dilación del procedimiento e inmediatez del mismo, que lo contiene las normas reguladoras establecidas en el artículo 685, 686, de la Vigente Ley Federal del Trabajo, en correlación con los articulados 1, 8, 10 de lo declaración universal de derechos humanos, situación que la responsable a olvidado y con ella me causa perjuicio en mi persona, en la omisión de notificar y emplazar a juicio a los demandados en el Expediente Laboral número 2105/2019 del índice del H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. b).- En segundo lugar me causa agravios LA NEGATIVA Y OMISIÓN del C. ACTUARIO adscrito a la H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, ya que hasta la presente fecha ha sido omiso en notificar y emplazar a juicio a los demandados LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GRUPO HERMANOS BATTA, S.A. DE C.V., en sus domicilios plasmados en el juicio ordinario laboral del cual emana el acto reclamado, y con ello violan en mi perjuicio los artículos 14, 16 constitucional en relación al artículo 17 del mismo ordenamiento ante referido trayendo como secuela el atraso, dilación del procedimiento e inmediatez del mismo, que lo contiene las normas reguladoras establecidas en el artículo 685, 686, de la Vigente Ley Federal del Trabajo teniendo relación con los artículos que le fija los términos a la autoridad responsable para los efectos de notificar y emplazar a juicio a los demandados 719, 873, 875, 876 fracción VI, y 879 de la Ley Federal de Trabajo, situación que la responsable a olvidado y con ella me causa perjuicio en mi persona, en la omisión de notificar y emplazar a juicio a los demandados en el Expediente Laboral número 2105/2019 del índice del H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. C).- En último lugar me causa agravio la negligencia de la presidenta de la junto local de conciliación y arbitraje en el estado de no vigilar el expediente 2105/2019, y proveer en los términos establecidos que consagro la ley secundaria en su articulado 873, de la ley laboral, y con ello contraviene al artículo 17 Constitucional al abocarse Que la impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leves adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto os actos procesales Que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial." Sin embargo, en proveído de diecinueve de agosto del presente año, se previno al quejoso para que precisara cuál era el acto efectivamente reclamado, por lo que en atención a dicho requerimiento, manifestó que éste consistía en la omisión de proveer respecto de la admisión de la demanda, así como la falta de notificación y emplazamiento de la parte demandada. En ese sentido, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Por tanto, al cesar los efectos de ese acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, como si ésta nunca se hubiera realizado, lo que actualiza la improcedencia del juicio debido a que el quejoso se ve restituido en los derechos que se estiman infringidos con el acto reclamado, y en consecuencia innecesario entrar al examen de su constitucionalidad, en tanto que perseguiría lo que se ha logrado con la cesación de efectos. En efecto, como se dijo de la lectura integral de la demanda de amparo, se deduce que el motivo del reclamo de la parte quejosa, se traduce en la omisión de proveer respecto de la admisión de la demanda, así como la falta de notificación y emplazamiento de la parte demandada, dentro del expediente 2105/2019; sin embargo, de las constancias remitidas y de las argumentaciones vertidas en el informe de cuenta, se advierte que en proveído de siete de agosto del presente año, se admitió a trámite la demanda interpuesta por el hoy quejoso, señalándose las once horas del uno de octubre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, en veintinueve de agosto de la presente anualidad, se emplazó a la demandada Grupo Hermanos Batta, Sociedad Anónima de Capital Variable, además, a la parte actora aquí quejosa, se le notificó el auto de admisión el dos de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, se advierte que los actos reclamados han cesado en sus efectos, pues si bien ya se había admitido la demanda de amparo con anterioridad a la presentación del presente juicio, lo cierto es que hasta el dos de septiembre de dos mil diecinueve, le notificaron dicha determinación al hoy quejoso, además que la parte demandada fue emplazada a juicio el veintinueve de agosto del presente año, esto es, con posterioridad a la presentación del presente juicio (quince de agosto de dos mil diecinueve), volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que se han extinguido las omisiones que reclamaba el promovente de amparo, quien además logró la pretensión que instauró en la acción constitucional, que lo fue obtener un proceso laboral más rápido; sin que ello, implique analizar la legalidad de las referidas actuaciones. Sustenta lo anterior, la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales imputados por la parte quejosa a las autoridades responsables y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la ley de la materia, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendientes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. Por lo que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SE DEJA SIN EFECTO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento jurídico; no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ya que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en la estadística de este Juzgado y, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables...
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