José Angel Luna Aguilar

Expediente 1941/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1941/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
25/01/2018

Partes del expediente

  • José Angel Luna Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, el suscrito juzgador advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Asimismo, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa de los que se aprecia que no se ordenó notificar personalmente a las partes el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se tiene por no presentada la demanda de garantías; por lo que, a fin de subsanar esa omisión, acorde con lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, se regulariza el procedimiento y se turnan los autos al Actuario Judicial a efecto de que realice la notificación de dicho auto, de manera personal a la parte quejosa.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte quejosa el auto de diez de enero de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa de los que se aprecia que no se ordenó notificar personalmente a las partes el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se tiene por no presentada la demanda de garantías; por lo que, a fin de subsanar esa omisión, acorde con lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, se regulariza el procedimiento y se turnan los autos al Actuario Judicial a efecto de que realice la notificación de dicho auto, de manera personal a la parte quejosa. Auto de 27 de diciembre de 2017 que dice: "Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se suspendió por un año el procedimiento en el presente juicio de garantías, término que ya transcurrió como se desprende de la certificación de cuenta; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías, respecto de la quejosa JOSÉ ÁNGEL LUNA AGUILAR. En ese sentido, de conformidad con el taxativo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que, dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente, informe si derivado de la vista que se le dio en proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, ordenó aperturar averiguación previa por la probable desaparición forzada del quejoso en mención, ello en cumplimiento a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con el consecuente deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Se cita en apoyo de lo expuesto la tesis I.9o.P.60 P (10a.), visible a página 2392, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA. El delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica. Por ello, el legislador estableció que el juzgador de amparo proveyera de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido la demanda, pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad -como lo es la desaparición forzada de personas-, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional; tan es así que el artículo 15 de la Ley de Amparo señala que el Juez de Distrito no puede imponer una temporalidad para que comparezcan los desaparecidos, pues su objetivo a través del habeas corpus está dirigido a obtener su localización, para lo cual, su párrafo sexto dispone que cuando advierta de la demanda de amparo la posible comisión de dicho delito, tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite, lo que evidencia que el legislador destacó que las formalidades regulares de que está previsto el juicio de amparo, en estos supuestos, adquieren un tratamiento diverso ante la violación grave y simultánea de derechos humanos, pues la persona desaparecida está imposibilitada para gozar y ejercer otros y, eventualmente todos los derechos de los cuales es titular, al sustraerla de todo ámbito del ordenamiento jurídico, dejándola en una suerte de limbo o indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado; situación que el sistema jurídico mexicano debe tutelar a través del juicio de amparo; sin que ello implique inobservar las formalidades del recurso judicial efectivo que constituye, pues sus reglas de admisibilidad y trámite, en supuestos de desaparición forzada de personas, le vienen impuestas al órgano de control constitucional por la propia ley; de ahí que el Juez de Distrito puede tramitar y dictar las medidas necesarias para la localización de los desaparecidos, aun sin haber admitido la demanda."

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este Juzgado, en el que constata que, remite copia certificada de los autos del juicio de amparo en que se actúa, a la SUBDELEGADA DE PROCEDIMIENTOS PENALES "A", TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA UNAI Y ENCARGADA DE LA SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES "B" EN LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, para los efectos legales que conducentes.

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