José Ángel Lima Segundo

Expediente 75/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
75/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • José Ángel Lima Segundo
  • Comandantes y/o encargados en Brecha 105 s/n, ejido el Galveño (instalaciones de la Guardía Nacional), Río Bravo, Tamaulipas
  • José Ángel Lima Segundo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió... HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido...

  2. Principal

    ...se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió al promovente de amparo en auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestación alguna respecto a los quejosos directos ... Además, de las razones actuariales del pasado catorce de enero, se desprende que Adrián Castellanos Cruz, Miguel Ángel Ramírez Villanueva y Erick Mauro González Tejeda, manifestaron que no es su deseo ratificar la demanda promovida a su favor.... se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Francisco Rodríguez Carrada....

  3. Principal

    ...se observa que en las diligencias de catorce de enero del año en curso, los directos quejosos Adrián Castellanos Cruz, Miguel Ángel Ramírez Villanueva y Erick Mauricio González Tejeda, manifestaron ante el Actuario adscrito a este órgano de control constitucional, que no es su deseo ratificar la demanda de amparo que promovió en su favor Francisco Rodríguez Carrada, al referir expresamente que no se encuentran golpeados ni incomunicados. En ese tenor, se reserva proveer al respecto hasta en tanto se encuentren los otros ocho quejosos. Por otra parte, vista la constancia actuarial de catorce de enero de la anualidad que transcurre, se advierte que no fue posible notificar el auto de trece de enero de dos mil veintidós, a los quejosos directos José Ángel Lima Segundo, Karen Martínez Santiago, Mario Rocael de León García, Aldo Anastacio Jiménez, Ezequiel Domínguez Basurto, José Tolentino Rameño, Adolfo Santiago Santos y Martín Alva Camacho, toda vez que no fueron localizados en las instalaciones que ocupan la Guardia Nacional de esta ciudad. Ante lo cual, dése vista al promovente del amparo Francisco Rodríguez Carrada, a fin de que dentro del término de tres días manifieste si ha cesado el acto reclamado, o bien proporcione información de los lugares o instalaciones en las que pudiera localizarse a los quejosos directos, diversos al ya señalado; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna se procederá en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo signada por Francisco Rodríguez Carrada, en representación de José Ángel Lima Segundo, Adrián Castellanos Cruz, Karen Martínez Santiago, Miguel Ángel Ramírez Villanueva, Mario Rocael de León García, Aldo Anastacio Jimenez, Ezequiel Domínguez Basurto, José Tolentino Rameño, Adolfo Santiago Santos, Martín Alva Camacho, Erick Mauricio González Tejeda, contra actos del Comandante o Encargado en el lugar conocido como Brecha 105 S/N, Ejido El Galveño, en Río Bravo, Tamaulipas (instalaciones de la Guardia Nacional); regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 75/2022-1, que por razón de turno le corresponde, y fórmese expediente. De igual amanera la demanda promovida por Francisco Rodríguez Carrada, en representación de José Quiroga Rodríguez, contra actos del Comandante y/o Encargado del Batallón 12 del Campo Militar Número 8-B "general Hinojosa", en esta ciudad, con el número 76/2022, por ser el que le corresponde. Ahora bien, de dichas demandas se aprecia que reclaman los mismos actos señalados a las autoridades responsables, por lo que es claro que guardan relación de identidad en cuanto a los actos reclamados y autoridades responsables, por lo que de oficio se analiza su acumulación, en virtud de que el objetivo primordial de dicha figura procedimental, es acatar el principio de economía procesal y que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo y con ello evitar que puedan pronunciarse sentencias contradictorias. Entonces, si las demandas que se analizan son promovidas por diversos impetrantes, contra las autoridades responsables y mismos actos reclamados, de conformidad con los artículos 66 y 67 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se decreta de plano la acumulación de la demanda registrada con el número 76/2022, a la diversa con que se integra el juicio 75/2022-1. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I (registro 2009910), cuyo rubro dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL." Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de las demandas que promueve Francisco Rodríguez Carrada, en representación de José Ángel Lima Segundo, Adrián Castellanos Cruz, Karen Martínez Santiago, Miguel Ángel Ramírez Villanueva, Mario Rocael de León García, Aldo Anastacio Jimenez, Ezequiel Domínguez Basurto, José Tolentino Rameño, Adolfo Santiago Santos, Martín Alva Camacho, Erick Mauricio González Tejeda y José Quiroga Rodríguez, se advierte que reclama actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional, consistentes en privación ilegal de la libertad, golpes, malos tratos, incomunicación, entre otros, así como la orden de traslado del lugar en que se encuentra a cualquier Centro Penitenciario del Estado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede a José Ángel Lima Segundo, Adrián Castellanos Cruz, Karen Martínez Santiago, Miguel Ángel Ramírez Villanueva, Mario Rocael de León García, Aldo Anastacio Jimenez, Ezequiel Domínguez Basurto, José Tolentino Rameño, Adolfo Santiago Santos, Martín Alva Camacho, Erick Mauricio González Tejeda y José Quiroga Rodríguez, la suspensión de plano de los actos reclamados, para que cesen y se abstengan de llevar cualquiera de los actos prohibidos por el citado numeral de nuestra Carta Magna. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables para que de inmediato se abstengan de ejecutar los actos anteriormente mencionados, quedando los agraviados a disposición de este Juzgado Federal en el lugar en donde se encuentran detenidos, por lo que respecta a su integridad física y mental, salvo que por razones de salud o cualquier otra causa necesaria y legal, las autoridades responsables dispongan otro lugar, en cuyo caso, de inmediato deberán comunicarlo a este Juzgado Federal a fin de dictar las medidas procedentes. En la inteligencia que si la detención de José Ángel Lima Segundo, Adrián Castellanos Cruz, Karen Martínez Santiago, Miguel Ángel Ramírez Villanueva, Mario Rocael de León García, Aldo Anastacio Jimenez, Ezequiel Domínguez Basurto, José Tolentino Rameño, Adolfo Santiago Santos, Martín Alva Camacho, Erick Mauricio González Tejeda y José Quiroga Rodríguez, no está ordenada por autoridad judicial, o bien, no se trate de flagrancia ni urgencia, los deberá poner de inmediato en libertad, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, debiendo informar a este Juzgado de Distrito la fecha y hora exacta de la detención y, en su caso, de la libertad o puesta a disposición de la autoridad judicial respectiva. Asimismo, si la detención es ordenada y ejecutada por autoridades administrativas distintas del Representante Social, con motivo de la comisión de algún delito, los quejosos deberán ser inmediatamente remitidos al Agente del Ministerio Público que corresponda, o en caso contrario, deberán ser puestos en libertad de inmediato; si el acto reclamado emana de algún Agente del Ministerio Público en caso de delito flagrante o de detención urgente, los quejosos podrán ser retenidos hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según sea el caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, a partir del momento en que fue detenido, y una vez vencido el plazo, deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial correspondiente, según proceda. Por otra parte, si los actos que se reclaman fueron decretados con motivo del cumplimiento de una orden judicial, esta suspensión sólo producirá el efecto de que los quejosos queden a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que se refiere a su libertad personal en el lugar en el que se encuentren detenidos, o bien, a donde sean trasladados por razones de seguridad, quedando a disposición del Juez instructor respectivo por lo que hace a la continuación del procedimiento. La autoridad responsable deberá informar inmediatamente a este Juzgado de Distrito, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico, para tal efecto, envíesele copia simple de la demanda. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, lo cual de realizarse de inmediato se procederá en contra del infractor. Por otra parte, toda vez que en la demanda que nos ocupa se desprenden los lugares en que se encuentran recluidos los quejosos, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se comisiona a uno de los Actuarios adscritos para que se constituya en las instalaciones de la Guardia Nacional, ubicada en Brecha 105 S/N, Ejido El Galveño, en Río Bravo, Tamaulipas, y en el Campo Militar número 8-B "General Hinojosa", residente en esta ciudad, (o con la denominación que corresponda), a fin de que constate si ante esa autoridad se encuentran detenidos José Ángel Lima Segundo, Adrián Castellanos Cruz, Karen Martínez Santiago, Miguel Ángel Ramírez Villanueva, Mario Rocael de León García, Aldo Anastacio Jimenez, Ezequiel Domínguez Basurto, José Tolentino Rameño, Adolfo Santiago Santos, Martín Alva Camacho, Erick Mauricio González Tejeda y José Quiroga Rodríguez, y de ser así, los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada, de igual forma, deberá dar fe del estado físico en el que se encuentra el impetrante. Asimismo, se instruye al Actuario, para el caso de que no localice a los directos quejosos en los lugares señalados proceda a su búsqueda en las demás corporaciones policiacas y militares de esta ciudad, a fin de cumplir la precautoria de trato. Prevéngase a los Comandantes y/o Encargados de la Guardia Nacional ubicada en la Brecha 105 S/N, con asiento en Río Bravo, Tamaulipas, y del Campo Militar número 8-B "General Hinojosa", residente en esta ciudad, o con la denominación que corresponda, para que otorguen las facilidades necesarias al Actuario de la adscripción, y así dé cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidos que de no hacerlo se les impondrá de manera individual como medida de apremio multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, con independencia de dar vista al fiscal federal correspondiente para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir por obstaculizar la función del fedatario de la adscripción. Por otra parte, se concede la suspensión de plano al quejoso para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no sean trasladados del lugar en que se encuentran detenidos, a cualquier otro centro penitenciario del Estado, siempre y cuando dicho acto no se haya llevado a cabo, porque en este caso estaríamos ante la presencia de actos consumados; lo anterior, hasta que la responsable reciba notificación sobre la suspensión definitiva. En ese sentido, tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 865, tomo II, Noviembre de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, (registro 2013066), cuyo rubro y texto marcan: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Asimismo, tiene aplicación la Jurisprudencia VII.2o.P.9 P (10a.) sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Séptimo Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1786, Tomo II, Marzo de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, (registro 2011274), cuyo rubro y texto marcan: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CONTRA EL TRASLADO DE UN PROCESADO O SENTENCIADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SI FUE ORDENADO ÚNICAMENTE POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.- El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de plano y de oficio, entre otros, contra actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 247, de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", precisó que, derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la orden de trasladar a un procesado o sentenciado de un centro penitenciario a otro, es competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que, cuando tal mandamiento es emitido por una autoridad administrativa sin la intervención de aquél, debe considerarse que se trata de un acto fuera de procedimiento que afecta indirectamente la libertad personal. En ese orden de ideas, contra el mencionado traslado ordenado únicamente por una autoridad administrativa, procede decretar la suspensión de plano, en términos del aludido artículo 126." De igual forma, debe destacarse que en caso de no haberse ejecutado la orden de traslado y ésta se encuentre en alguno de los casos que a continuación se enuncian, la medida cautelar decretada no surto surtirá efecto legal alguno y estos casos, de manera enunciativa pero no limitativa serían los siguientes: 1) En el supuesto que la orden de traslado se emita para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 Constitucional, esto es, mantener en prisión preventiva al quejoso, en lugares adecuados para ello, como lo es algún otro centro penitenciario de los ubicados en la República Mexicana y no así en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad; 2) Exista peligro inminente de un motín o conflicto que pueda derivar en agresiones o violencia en el interior del lugar de reclusión; 3) Si se decretó la medida por una cuestión de salud por la que se pretenda salvaguardar la integridad física de los internos y/o del personal del lugar de reclusión; 4) Si la orden se emitió para impedir la comisión de cualquier tipo de delitos; 5) Si se trata de una medida adoptada para atender una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, sea estatal o nacional; y, 6) En el caso de que la conducta de un interno sea particular y potencialmente peligrosa respecto de los funcionarios del reclusorio, visitantes e internos, bajo la responsabilidad de las autoridades responsables. Desde luego, en todos los supuestos, la autoridad deberá informar, y en su caso, probar el motivo por el cual procedió al traslado correspondiente. Sirve de apoyo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 683, del Tomo CII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "TRASLADO DEL REO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE.- A pesar de que el traslado de los acusados es la consecuencia jurídica del auto de formal prisión dictado en su contra, y por tanto, deba tenerse como cierto ese acto, no procede la suspensión definitiva del mismo, porque con ella se impediría la prosecución del proceso, que se sigue a los quejosos; y además, es la consecuencia procesal, que se dijo antes, del auto de formal prisión de los recurrentes, por lo que de concederse la suspensión definitiva de dicho traslado, se seguiría perjuicio al interés general y se contravendrían disposiciones de orden público, como son las del Código de Procedimientos Penales aplicables al caso." En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a la autoridad responsable, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico fco.rodriguez74@hotmail.com, y como autorizados en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Carlos Alberto Rojas Ibarra. En otro aspecto, para evitar dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. En cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Notifíquese, sin demora a las autoridades responsables para su inmediato cumplimiento, y personalmente a José Ángel Lima Segundo, Adrián Castellanos Cruz, Karen Martínez Santiago, Miguel Ángel Ramírez Villanueva, Mario Rocael de León García, Aldo Anastacio Jimenez, Ezequiel Domínguez Basurto, José Tolentino Rameño, Adolfo Santiago Santos, Martín Alva Camacho, Erick Mauricio González Tejeda y José Quiroga Rodríguez. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho por vacaciones del Juez, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por oficio CCJ/ST/4454/2021, de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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