José Ángel Hernández Ogaz
Expediente 119/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 119/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Ángel Hernández Ogaz
- José Ángel Hernández Ogaz y Otros.
- H. Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 172), en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, como ya se indicó, en el presente expediente existen documentos originales, los cuales fueron exhibidos por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto Décimo primero del acuerdo General citado en líneas previas, notifíquese personalmente este proveído a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos en el este asunto, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dará lugar a la destrucción de los mismos, cuando se realice la del cuaderno en que se actúa. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 172), en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, como ya se indicó, en el presente expediente existen documentos originales, los cuales fueron exhibidos por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto Décimo primero del acuerdo General citado en líneas previas, notifíquese personalmente este proveído a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos en el este asunto, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dará lugar a la destrucción de los mismos, cuando se realice la del cuaderno en que se actúa. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 119/2018-IV, promovido por ***********, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, ***********, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, así como del Ayuntamiento, Tesorero y Directora de Catastro, estos últimos del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó, en esencia, el sistema normativo que prevé y determina el cálculo del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en el Municipio de Juárez, Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que el quejoso estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 31, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho (foja 50), se admitió la demanda de amparo, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de los siguientes ordenamientos legales: - Los artículos 3, 21 y 23 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua. - Los artículos 145, fracción I, 146, fracción I, inciso a), 148 y 149 pertenecientes al Título Tercero del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. - El Decreto LXV/APLIM/0600/2017 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Juárez, específicamente su artículo noveno. - El Decreto LXV/APTVV/0515/2017 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que servirán de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las construcciones en materia inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, específicamente sus artículos. b) Del Gobernador del Estado de Chihuahua, la sanción, promulgación y publicación de los ordenamientos legales descritos en el inciso que antecede. c) Del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, el refrendo de los ordenamientos legales reclamados. d) Del Ayuntamiento, Tesorero y Directora de Catastro, todos del Municipio de Juárez, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En su informe justificado (foja 102), el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama consistente en la sanción de los ordenamientos legales reclamados, pues ese acto no está previsto dentro de sus facultades legislativas. Por lo tanto, se tiene como inexistente dicho acto reclamado a la señalada autoridad y con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este asunto al respecto. Continuando, al rendir su informe con justificación, el Presidente del Ayuntamiento (foja 100), negó la existencia del acto que se les reclama, consistente en la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, que se traduce en el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, respecto de los bienes inmuebles de su propiedad. Mientras que el Tesorero (foja 58) y la Directora de Catastro (foja 58), todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, manifestaron, la segunda, que es cierto que aplicó las normas reclamadas que prevén el mecanismo para calcular el impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y el primero, que cobró el importe de dicho impuesto. Sin embargo, debe precisarse que la aplicación de los preceptos reclamados, a través del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, no le es imputable a las citadas autoridades municipales. Lo anterior es así, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en ésta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En el caso, el quejoso exhibió los siguientes documentos originales: 1. Certificado de ingresos relativo al pago de $729.00 (setecientos veintinueve pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-203-075-010-0000; 2. Certificado de ingresos relativo al pago de $8,459.00 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-203-075-009-0000; 3. Certificado de ingresos relativo al pago de $664.00 (seiscientos sesenta y cuatro pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-203-075-012-0000; 4. Certificado de ingresos relativo al pago de $2,990.00 (dos mil novecientos noventa pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-203-075-013-0000; 5. Certificado de ingresos relativo al pago de $7,591.00 (siete mil quinientos noventa y un pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-203-075-020-0000; 6. Certificado de ingresos relativo al pago de $5,355.00 (cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-203-075-029-0000; 7. Certificado de ingresos relativo al pago de $233,212.00 (doscientos treinta y tres mil doscientos doce pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-061-005-025-0000; 8. Certificado de ingresos relativo al pago de $1,924.00 (mil novecientos veinticuatro pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-061-008-001-0000; 9. Certificado de ingresos relativo al pago de $6,579.00 (seis mil quinientos setenta y nueve pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-183-032-019-0000; 10. Certificado de ingresos relativo al pago de $10,592 (diez mil quinientos noventa y dos pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-203-075-029-0000; 11. Certificado de ingresos relativo al pago de $13,252 (trece mil doscientos cincuenta y dos pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-032-070-003-0000; 12. Certificado de ingresos relativo al pago de $3,547.00 (tres mil quinientos cuarenta y siete pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-032-070-004-0000; 13. Certificado de ingresos relativo al pago de $2,929.00 (dos mil novecientos veintinueve pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-032-070-021-0000; 14. Certificado de ingresos relativo al pago de $62,671.00 (sesenta y dos mil seiscientos setenta y un pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-152-051-028-0000; 15. Certificado de ingresos relativo al pago de $830.00 (ochocientos treinta pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-061-005-003-0000; 16.- Certificado de ingresos relativo al pago de $930.00 (novecientos treinta pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-061-005-020-0000; y, 17. Certificado de ingresos relativo al pago de $3,607.00 (tres mil seiscientos siete pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondiente al bien inmueble identificado con la cuenta catastral 01-061-005-021-0000. Documentos a los que se reconoce valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues al haber sido expedidos por una autoridad como lo es la Tesorería Municipal y contener los sellos oficiales que así lo demuestran, adquieren la calidad de documentos públicos, de los cuales se advierte que no existió, por parte de las autoridades responsables municipales, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, a través del cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, pues de su contenido no se aprecia que el pago se haya efectuado en acatamiento a una orden de dichas autoridades en ese sentido, sino que el quejoso realizó los pagos descritos de manera espontánea. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVI, de agosto de 2007, materia común, página 367, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis 1673, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1167, del tomo I, materia constitucional, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, que estatuye: LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto del acto de aplicación reclamado por el quejoso al Ayuntamiento, Tesorero y Directora General de Catastro, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Congreso (foja 106), Gobernador Constitucional (foja 102) y el Secretario General de Gobierno (foja 104), todos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los ordenamientos legales reclamados. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Precisión especial. Es oportuno aclarar que en atención a que este juicio de amparo se promovió en contra de los ordenamientos legales precisados en el considerando segundo, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho en observancia a lo establecido en las normas reclamadas, la técnica con la que opera en el presente asunto es la que se expone a continuación: 1. En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, y si en relación con él, no se actualiza una diversa causa de improcedencia, pues de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; y 2. De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto se cita la jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil, materia Constitucional, Novena Época, con registro 191311, que dispone: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Así como la diversa pronunciada por el Tribunal Pleno de la Máximo Tribunal del País, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. SEXTO. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto. I. Improcedencia del juicio de amparo respecto del refrendo y publicación de las normas impugnadas. Respecto de los actos reclamados al Gobernador Constitucional y al Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, consistente respectivamente en el refrendo y la publicación de los Decretos tildados de inconstitucionales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando el quejoso impugne tales actos por vicios propios. En el caso, el quejoso reclama de las citadas autoridades, el refrendo y la publicación de los Decretos que tilda de inconstitucionales, descritos en el considerando segundo, que prevén y determinan el mecanismo fiscal para el cálculo del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en el Municipio de Juárez, Chihuahua; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esas autoridades en el proceso legislativo que permitió el refrendo y la publicación de tales ordenamientos legales. De ahí que, en relación con el refrendo y la publicación de los Decretos reclamados, actos atribuidos respectivamente al Secretario General de Gobierno y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Improcedencia del acto de aplicación y en consecuencia, de las normas reclamadas. El quejoso promovió este juicio de amparo con motivo del que afirmó fue el primer acto de aplicación de los ordenamientos legales reclamados que prevén el mecanismo del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, el cual, según manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, específicamente en el capítulo que denominó "ANTECEDENTES" (foja 4, punto "QUINTO"), se verificó el treinta de enero de dos mil dieciocho: QUINTO.- Que pese a considerar inconstitucional el Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2018, el día 30 de Enero de 2018 se efectuaron los pagos de dicha contribución, conforme a lo previsto por la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, relativos a los inmuebles mencionados en el punto PRIMERO de este apartado de la demanda, pagos respecto de los cuales la Tesorería Municipal de Juárez, Chihuahua, expidió los siguientes CERTIFICADOS DE INGRESOS, cuyos originales se agregan a esta Demanda a manera de prueba: Para demostrar lo anterior, exhibió los certificados de ingresos descritos en el considerando tercero, expedidos el treinta de enero de dos mil dieciocho, a su nombre, correspondientes al pago del impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil dieciocho (fojas 15 a 31). Sin embargo, el Tesorero y la Directora de Catastro, ambos del Municipio de Juárez, en su informe justificado (foja 58), afirmaron que los certificados de ingresos descritos, expedidos el treinta de enero de dos mil dieciocho, no constituyen el primer acto de aplicación de las normas reclamadas por el quejoso, pues el primer pago que realizó por concepto de impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, tuvo verificativo el cuatro de enero de dos mil dieciocho. Al respecto, exhibieron copia certificada del certificado de ingresos CG-504-2018, expedido en la fecha indicada, a nombre del quejoso José Ángel Hernández Ogaz, del que se aprecia que pagó la cantidad de $4,306.00 (cuatro mil trescientos seis pesos moneda nacional 00/100), por concepto de impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, respecto del bien inmueble identificado con clave catastral 01-143-109-001-0000 (foja 1, tomo de pruebas). Asimismo, dichas autoridades remitieron diversos certificados de ingresos por el mismo concepto, con los datos siguientes (fojas 2 y 3): Certificado de ingresos 7G-5652-2018, expedido el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, por la cantidad de $3,335.00 (tres mil trescientos treinta y cinco pesos moneda nacional 00/100), respecto del bien inmueble identificado con la clave catastral 01-023-060-015-0000, y Certificado de ingresos CM-1255-2018, expedido el nueve de enero de dos mil dieciocho, por la cantidad de $5,057.00 (cinco mil cincuenta y siete pesos moneda nacional 00/100), respecto del bien inmueble identificado con la clave catastral 01-137-019-005-0000. Sin embargo, son de fecha posterior al primer certificado de ingresos descrito, el cual, al igual que los ya descritos en el considerando tercero, cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que, el primer acto de aplicación de las normas que prevén el mecanismo del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, previsto en los Decretos reclamados, tuvo verificativo desde el cuatro de enero de dos mil dieciocho, pues en esa fecha el quejoso pagó el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal que transcurre, respecto de un bien inmueble de su propiedad, esto es, desde esa fecha tuvo conocimiento de los ordenamientos legales que ahora pretende impugnar a través del supuesto primer acto de aplicación de los mismos. En esas condiciones, se entiende que el quejoso consintió la aplicación de tales normas y que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Ahora bien, en relación con dicha norma, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen que: 17. el pazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional es de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar: 1. Al día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; o, 2. Al día siguiente al en que tuvo conocimiento la parte quejosa o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. En relación con tales plazos, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina que el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los mismos, pues se entienden consentidos tácitamente los actos reclamados. Ahora bien, tratándose de amparo contra leyes, como en el caso, promovido con motivo del primer acto de aplicación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Aparo, se computarán a partir de que se haya verificado el primer acto de aplicación. Criterio jurisprudencial que se encuentra publicado en la página 173, del Volumen 163-168, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materias Constitucional y Común, Séptima Época y número de registro 232445, misma que resulta aplicable por las razones ya indicadas que informa y que es del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y; c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada). Precisado lo anterior, si el primer acto de aplicación de las normas impugnadas tuvo lugar el cuatro de enero de dos mil dieciocho, pues fue en esa fecha precisa en que la empresa quejosa realizó el pago del impuesto predial reclamado y por lo tanto, se hizo sabedora de ese primer acto de aplicación, el término de quince días para promover este juicio de amparo, comenzó a computarse el cinco de enero de dos mil dieciocho y feneció el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, sin contar los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de enero del mismo año, por ser inhábiles. Por lo tanto, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinte de febrero de dos mil dieciocho, su promoción resulta extemporánea y por lo tanto, se entiende que el quejoso consintió tanto el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, como los ordenamientos legales reclamados que lo prevén, descritos en el considerando segundo, esto conforme a la técnica que opera en el juicio de amparo contra leyes, determinada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, consultable en la página 235, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2000, Novena Época, que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. No se pierde de vista que el quejoso mediante escrito presentado en este juzgado el catorce de mayo de dos mil dieciocho (foja 159), argumentó que el bien inmueble identificado con la clave catastral 1-137-019-005-000 (certificado de depósito CM-1255-2018, de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, foja 1 ter, tomo de pruebas) salió de su patrimonio desde el año dos mil dieciséis, con motivo del contrato de compra venta que celebró respecto del mismo, con carácter de vendedor (fojas 162 y 163); mientras que, de la consulta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del bien inmueble identificado con la clave catastral 1-023-060-015-000 (certificado de depósito 7G-5652-2018, de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, foja 1 bis, tomo de pruebas), no se aprecia que existan propiedades registradas con esa clave catastral. Por último, señaló que desconoce por qué razón los bienes inmuebles identificados con las claves catastrales 01-143-109-001-0000, 01-023-060-015-0000 y 01-137-019-005-0000, aparecen a su nombre. Sin embargo, lo que manifestó el quejoso en su defensa en relación con la causal de improcedencia hecha valer por el Tesorero y la Directora de Catastro, ambos del Municipio de Juárez, respecto del pago del impuesto predial correspondiente a los bienes inmuebles identificados con las cuentas catastrales 01-023-060-015-0000 y 01-137-019-005-0000, en nada le beneficia, pues subsiste el pago realizado el cuatro de enero de dos mil dieciocho respecto del bien inmueble identificado con la clave catastral 01-143-109-001-0000, sin que baste para desvirtuar la prueba fehaciente del pago del tributo combatido en la fecha indicada, la simple manifestación sobre el desconocimiento de la razón por la cual el bien inmueble que ampara dicha cuenta catastral, aparece a su nombre, sino que era necesario que aportara elementos de prueba que generaran plena convicción en quien ahora resuelve en el sentido de que el bien inmueble de que se trata, no es de su propiedad y en consecuencia, el pago del impuesto predial relativo, no puede atribuírsele a él, lo que no ocurrió a pesar de que, se insiste, la carga de la prueba le correspondía al quejoso. Tampoco se pierde de vista que el quejoso, en su escrito de referencia, solicitó que este Juzgado requiriera al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, para que confirmaran que de la consulta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del bien inmueble identificado con la clave catastral 1-023-060-015-000 (certificado de depósito 7G-5652-2018, de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, foja 1 bis, tomo de pruebas), no se aprecia que existan propiedades registradas con esa clave catastral, sin embargo, no demostró haber requerido él mismo, en principio, dicha confirmación, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Además, se insiste, lo que prevalece en este asunto, es que está fehacientemente demostrado que desde el cuatro de enero de dos mil dieciocho, el quejoso ************ pagó el impuesto predial respecto de diverso bien inmueble identificado con clave catastral 01-143-109-001-0000, esto con la copia certificada, ya descrita y valorada, del certificado de ingresos CG-504-2018, expedido en la fecha indicada, a su nombre y como ya se expuso, dese esa fecha se concretó en su esfera jurídica el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, de manera que, en nada incide para determinar el sentido de esta sentencia, que el bien inmueble identificado con la clave catastral 1-023-060-015-000, esto es, un bien inmueble diverso del que generó el primer acto de aplicación de que se trata, se encuentre o no en el patrimonio del quejoso, ni que se haya concretado o no, algún pago por concepto de impuesto predial para el ejercicio dos mil dieciocho pues ese pago de cualquier manera, como ya se expuso, fue posterior del primero que le daba pauta al quejoso a promover este juicio de amparo (veinticinco de enero de dos mil dieciocho). Por último, debe indicarse al quejoso que no opera la suplencia de la queja, como lo solicitó en su escrito de referencia, ante la improcedencia de la acción constitucional y convencional, sino que, para que dicha suplencia pueda aplicarse es necesario, en principio, superar cuestiones de procedencia, máxime en asuntos que son de estricto derecho, como el que nos ocupa. Por lo tanto, conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este asunto. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por *********, contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *********, hasta el día de hoy, veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de mayo de dos mil dieciocho. Visto el escrito y anexos de cuenta, agréguense a los autos para que consten como legalmente correspondan. En cuanto al contenido del escrito, téngase al quejoso formulando alegatos, sin perjuicio de relacionarlos al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, con fundamento en el artículo 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, en relación con las pruebas documentales consistentes en: a) copia certificada del contrato de compraventa celebrado por el quejoso y ****** (parte vendedora) con ******(parte compradora), expedida por la aspirante al ejercicio del notariado , adscrita a la Notaría Pública número veintitrés del Distrito Judicial Bravos; y, b) impresión vía internet de la consulta realizada en la página electrónica del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la legislación de la materia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.
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