José Ángel Guevara Granada
Expediente 3178/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3178/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Ángel Guevara Granada
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del cuadernillo de antecedentes el oficio 684/2022, signado por el delegado de la autoridad responsable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria Tamaulipas, por medio del cual hace del conocimiento de este juzgado de Distrito que el acto que se reclama en el asunto que nos ocupa, fue elevado para su estudio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo que cita en la misiva de cuenta; en tal virtud, tomando en consideración que el siete de septiembre del año en curso, se celebró la audiencia constitucional, en su caso, tómense en consideración dichas manifestaciones al resolver el juicio de amparo 1366/2022. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado Jaime Izaguirre Revilla, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, y el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de octubre del presente año, se tuvo a las autoridades responsables, remitiendo constancia en la que se tuvo por desahogada la etapa de pruebas dentro del sumario laboral, ordenándose turnar los autos al auxiliar para el cierre de instrucción y emisión del proyecto de laudo; asimismo, en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio 1468/2022, a través del cual las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por conducto del encargado del despacho de la presidencia, y actuario adscrito, informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Ahora bien, la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que la junta responsable, realice lo siguiente: "De inmediato turne el asunto a fin de que se declare cerrada la instrucción, se formule el proyecto de laudo y se emita laudo dentro del juicio laboral ********************acatando los citados términos legales y proceda a su notificación." Bajo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de amparo, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidente, informó a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la misma, y al efecto, remitió las actuaciones correspondientes para comprobar su dicho. De las actuaciones con firmas autógrafas a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a la que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el tres de agosto de dos mil veintiuno y el veinticinco de octubre del presente año, respectivamente, la autoridad responsable ordenó turnar los autos al auxiliar para el cierre de instrucción y dictó el laudo dentro del juicio laboral ********************. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, pues respetó el derecho fundamental de que se trata y cumplió con lo que el mismo exige, sin excesos ni defectos. Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y notifíquese a las partes en el juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.
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