José Angel González Martínez

Expediente 1108/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1108/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • José Angel González Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    VIII...C. A... Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase de conformidad con los lineamientos del acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    VIII... Vista la demanda de amparo promovida por José Ángel...., por propio derecho, contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1108/2023-VIII. Previo a realizar algún pronunciamiento al respecto, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, esté último a contrario sensu, por las consideraciones siguientes: El artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y el ya señalado 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución. En ese orden, si bien el peticionario de amparo aduce como derecho violado entre otros, el protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que éste regula el derecho de acceso a la justicia; no obstante dicho precepto debe encontrarse armonizado con las disposiciones del ordenamiento secundario aplicable al caso, el cual establece el plazo máximo para proveer lo relativo a la omisión reclamada. Luego, el artículo 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios establece que cuando no sea contemplado algo en materia procesal será regulado por, entre otras, la Ley Federal del Trabajo, la cual en su numeral 838 establece que la Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de la misma norma. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 294/2018, determinó que el Juicio Constitucional procede en contra de las dilaciones de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier diligencia, si transcurren más de 45 días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron hacerlo. En el particular, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el dos de agosto de dos mil veintitrés, se promovió escrito solicitando fecha para reinstalar al trabajador a su lugar de trabajo, siendo que a la fecha la Sala responsable ha sido omisa en emitir el acuerdo correspondiente. Entonces, los cuarenta y cinco días naturales que estableció la Suprema Corte deben computarse a partir del siete de agosto pasado, fecha en concluyó el plazo en que la responsable debió contestar la petición del hoy quejoso. Luego, si la demanda que se provee fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta Entidad el uno de septiembre del año en curso, es incuestionable que al día de hoy, no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días a la autoridad para que acuerde lo conducente en relación la expedición de copias certificadas solicitadas por el amparista. De ahí que, este atraso de ninguna forma se puede considerar como de imposible reparación, ya que la dilación es corta dentro de los parámetros naturales de todo procedimiento por lo que de ninguna forma infringe un derecho sustantivo. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia advertida se desecha la demanda de amparo, en términos de lo que dispone el artículo 113, 61 fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, ambos de la citada legislación, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, la lista que se fija en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente. Se autoriza a las personas que indica únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 12, párrafo segundo, última parte, con relación en el diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad, por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. La intención de ello radica en asumir que la aplicación de la tecnología permite dar un paso sin precedentes en su compromiso con el uso responsable de las tecnologías y con la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, razón por la cual se propone eliminar casi en su totalidad la generación de documentos físicos. ... En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

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