José Ángel Gómez Gálvez
Expediente 240/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Saúl Otapei Isidoro
- José Ángel Gómez Gálvez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito por el que acusa recibo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la resolución emitida en el presente juicio de amparo, asimismo informa que lo registró bajo el número 194/2021 y que lo desechó por extemporáneo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción. Asimismo, es susceptible de destrucción el original del incidente, pues en él se negó la medida cautelar, por ende se ordena glosar el mismo al expediente en que se actúa y una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General señalado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintiuno Agréguese el escrito del autorizado en amplios términos de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio, sin que resulte necesario realizar algún pronunciamiento, toda vez que por auto de veintinueve de este mes y año en curso, se recibió idéntico ocurso y se acordó lo conducente.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el escrito del autorizado en amplios términos de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto ese recurso, ordenándose distribuir copia de los agravios entre las partes. En ese tenor, deberá solicitarse a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno, de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión. Asimismo se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00 extensión 1237.
- Principal
En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de junio de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 240/2021-V y su acumulado 251/2021-IV. R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escritos recibidos el veintinueve de marzo y seis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitidos por razón de turno a este Juzgado de Distrito, José Ángel Gómez Gálvez y Saúl Otapei Isidoro solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que se precisará en el considerando segundo. SEGUNDO. TRÁMITE Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de ocho y de abril del año en curso, este Juzgado admitió a trámite ambos juicios, dio la intervención que legalmente le compete al representante social federal de la adscripción, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se fijó hora y día para la audiencia constitucional, los cuales posteriormente fueron acumulados por proveído de uno de junio de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo; en virtud de que se reclama una ley con ejecución dentro del ámbito competencial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, este juzgador federal considera que José Ángel Gómez Gálvez y Saúl Otapei Isidoro reclaman: 1.- Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: a) La expedición y firma del "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impuesto al desarrollo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, específicamente en su apartado I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.", artículo primero, inciso a), en el que se crean las fracciones arancelarias 3824.99.83 (Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18), 8543.70.18 (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con sus similares); y 8543.90.03 (de las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18)1 . 2.- Así mismo, de la Comisión de Comercio Exterior: b) La omisión de emitir el acuerdo y opinión que establece la Ley de Comercio Exterior. 3.- Del Secretario de Salud: c) La omisión de dar refrendo del aludido decreto. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Secretario de Salud, al rendir su informe con justificación negó la existencia de la omisión de dar refrendo al decreto reclamado y, refirió que si bien, conforme el artículo 92 constitucional, los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente deben ser firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, en el caso que nos ocupa, corresponde al Secretario de Hacienda y Crédito Público y el de Economía, el acto que se le reclama. Por su parte, el Director de la Comisión de Comercio Exterior, negó la existencia del acto que se le atribuye, pues en su informe manifestó que el decreto reclamado fue emitido con la respectiva opinión de la Comisión de Comercio Exterior. 1 Lo anterior se corrobora con el propio decreto combatido, el cual, en su último considerando señala: Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior, las medidas a que se refieren en el presente Decreto cuentan con la opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente. En ese tenor, si la parte quejosa no ofertó prueba alguna para desvirtuar tales negativas, deben tenerse por inexistentes los actos reclamados a las autoridades señaladas, pues la carga probatoria corresponde a los promoventes. En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto a los actos reclamados a las autoridades nombradas, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (representado por la Secretaría de Economía), aceptó la existencia de la norma combatida. Además, la certeza de que se habla se encuentra corroborada con el ordenamiento legal reclamado, en virtud de que ésta concurrió al proceso y formación legislativa del mismo, lo que se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2°de la Ley de Amparo. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se debe examinar si opera alguna causal de improcedencia, pues es una cuestión de orden público de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 614 de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa carece de interés legítimo o jurídico para impugnar las normas generales reclamadas, pues no acreditó que hubieran sido aplicadas en su perjuicio. El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio cuando los actos reclamaos no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley de amparo. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. Ahora, es importante destacar que en el caso en concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el relativo al interés legítimo y no el jurídico, toda vez que el perjuicio que alegan los quejosos lo hacen depender de la especial situación frente al ordenamiento jurídico que refieren tener con respecto a la norma general combatida. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a la "especial situación frente al orden jurídico, lo que implica la tutela de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable, lo que presume la demostración de que la parte quejosa pertenece a ella. Por su parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que éste se actualizará cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos reflejados colateralmente, ocasionen un perjuicio o priven de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Asimismo, lo definió como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que si llegara a concederse el amparo pueda traducirse en un beneficio jurídico a favor de la parte quejosa. Además, aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que, tratándose de interés legítimo, las normas autoaplicativas son aquellas cuyos efectos ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley7 . De ahí que cuando alguien aduzca un interés legítimo para combatir una norma de carácter autoaplicativo, no debe ser destinatario directo de la ley impugnada, sino que es suficiente que resienta una afectación incondicionada. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos8 : 1) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; 2) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; 3) Cuando la ley regule algún ámbito material e independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la expedición y firma del "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impuesto al desarrollo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, específicamente en su apartado "I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.", artículo primero, inciso a), en el que se crean las fracciones arancelarias 3824.99.83 (Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18), 8543.70.18 (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con sus similares); y 8543.90.03 (de las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18), el cual, en lo que interesa dice: "I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Primero.- Se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, como a continuación se indica: a) Se crean las siguientes fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, en el orden que les corresponde: Bajo ese orden de ideas, siguiendo los parámetros del Alto Tribunal, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo para impugnar e ordenamiento combatido, por las consideraciones siguientes. En primer lugar, se impone destacar que los quejosos no ofrecieron ningún medio de convicción con el que demuestren ser usuarios de los dispositivos vaporizadores a que hace referencia el decreto impugnado o ser consumidores de los productos relacionados con ellos, pues únicamente en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo se limitaron a manifestar, bajo protesta de decir verdad, que padecen dependencia al cigarrillo y sus nocivos efectos para la salud y que encontraron como alternativa a su consumo el uso de vaporizadores, por lo que optaron por el "vapeo" de forma libre e informada, por haber obtenido notables mejorías en su salud y condición física con su uso. Asimismo, resaltaron que, debido a la prohibición establecida por el gobierno federal en el decreto combatido, han tenido dificultad para encontrar y adquirir de diversos vendedores los productos que le permitan seguir "vapeando". En tales condiciones, los promoventes aducen ser un consumidores/usuarios, que sostienen la afectación que les causa el decreto reclamado, sobre la base de que han tenido complicaciones para continuar consumiendo vaporizadores, a consecuencia de la emisión de dicho decreto. Sin embargo, contrario a lo aseverado por los quejosos, el referido decreto no contiene una prohibición para el uso de dichos dispositivos electrónicos, lo que en el caso evidenciaría una posible afectación a los derechos fundamentales de dignidad humana y a la libre determinación de la salud y la persona, sino que establece una prohibición a su legal importación al territorio nacional. En efecto, en todo caso, para acreditar que la norma general que reclama, efectivamente irrumpe en su esfera de derechos, de tal forma que le produzca una afectación en mayor grado que a otros individuos sólo por una especial posición frente al orden jurídico, es necesario que establezca alguna obligación que le impacte colateralmente, es decir, que se estableciera alguna hipótesis normativa, cuyos efectos y consecuencias le afecten, y que del contenido de la norma le genera una afectación inmediata. En ese sentido, resulta incorrecto considerar que la norma impugnada les causa una afectación jurídicamente relevante, esto es, que derivado de ella no puedan conseguir los productos que refieren y menos aún que les impida su uso, dado que si bien se prohíbe su importación, esa circunstancia no obstaculiza su comercialización o consumo en territorio nacional. Por lo que queda evidenciado que los quejosos no se encuentran situados en una especial posición frente al marco legal a diferencia de otro individuo y que al impugnar la norma les pueda generar un beneficio en su esfera de derechos, de ahí que el ordenamiento combatido no trastoca su interés legítimo, o al menos no lo acreditaron. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que el reclamo es derivado de un interés simple asemejado al de cualquier gobernado, sin demostrar el beneficio que la invalidación revelaría en su esfera de derecho, se actualiza la causa de improcedencia aludida. Máxime que la parte quejosa no tiene como actividad la importación ni exportación de cigarrillos eléctricos ni dispositivos vaporizadores con usos similares, sino que únicamente se ostentan como usuarios y/o consumidores de esos productos, por lo que en el caso de una eventual concesión de amparo, el efecto sería únicamente para que la norma no le sea aplicada al promovente en lo futuro, no así para que sea adicionada, reformada o derogada, ni mucho menos para que no se aplique a diversas personas (importadores o exportadores), por lo que aun en el supuesto de que se declarara la inconstitucionalidad de la disposición impugnada, ello no tendría como consecuencia que se encontraran en posibilidad de importar los productos a que se refiere el multicitado decreto. En tales condiciones, al hacerse patente la causa de improcedencia en estudio, es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, de acuerdo con previsto en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. R e s u e l v e: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista a José Ángel Gómez Gálvez y vía electrónica a Saúl Otapei Isidoro, así como a la representación social
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