Jose Angel Gomez Becerra
Expediente 966/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Angel Gomez Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. CONSTANCIA DE EMPLAZAMIENTO Téngase por recibido el oficio signado por la Encargada de la Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, base Silao, por el que remite la constancia de emplazamiento practicada a la tercera interesada Ministerio Público adscrita ese Juzgado; lo cual efectuó el veintiuno de los presentes; agréguese dicha constancia para que surta los efectos legales conducentes. Por otro lado, téngase a la ocursante realizando la aclaración pertinente respecto al número de causa penal asentada en su diverso oficio JOSIL4338/2023 recibido mediante proveído de veintitrés de los actuales. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a los terceros interesados en auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, a efecto de que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que desahogaran dicha prevención. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el auto de referencia y, en consecuencia, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena que dentro del juicio de amparo en que se actúa, todas las notificaciones sucesivas, aun las de carácter personal, se les practiquen por medio de lista que se fije en los lugares visibles de este órgano, así como la correspondiente publicada en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal; hasta en tanto señalen domicilio para tal fin. JUEZ REMITE CONSTANCIAS SOLICITADAS Por otro lado, téngase por recibido el oficio signado por la Encargada de la Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, base Silao, por el que en cumplimiento a lo solicitado en auto de catorce de los presentes, informa que una vez que cuente con el emplazamiento del fiscal tercero interesado lo remitirá a este juzgado; asimismo, remite copia certificada la audiencia relativa a la revisión de medidas cautelares celebrada el doce de octubre de este año, en la causa penal *****, de su índice, en un disco. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecido el medio tecnológico que anexa la responsable de mérito, descrito en la certificación de esta fecha, el cual deberá glosarse a los autos en sobre cerrado, sin perjuicio de que sea reproducido en cualquier momento procesal y de que las partes tengan acceso a éste. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CAUSA DE IMPROCEDENCIA Visto el contenido de la audiencia referida, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento jurídico. Los preceptos legales en mención establecen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que se actualiza con la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediato, sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. La cesación del acto reclamado implica que la autoridad dejó de llevar a cabo el acto que el particular considera lesivo de sus derechos o, si se trata de un acto omisivo, cesó en esa omisión, asumiendo una conducta activa que hace desaparecer la sedicente afectación. La cesación de efectos se actualiza por dos hipótesis, a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto acontece, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por virtud de una actuación posterior se destruyen todos los efectos y consecuencias del acto reclamado total e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de él, como si éste nunca hubiera trastocado la esfera jurídica de la parte quejosa o, habiéndolo hecho, no deja ninguna huella. En esa medida, los efectos de un acto reclamado no cesan, en relación con este supuesto, sino cuando, por alguna causa, aquél se deroga o revoca y da lugar a una situación idéntica a la que existía con anterioridad a su comisión o cuando la autoridad sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye a la que motivó la promoción del amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho que aduce afectado. Mientras que el segundo de ellos, se da cuando con posterioridad a la emisión de un determinado acto de autoridad, sobreviene uno nuevo que incide en su vigencia y ejecutividad. Ello, pues el segundo sustituye jurídicamente al primero, de modo que de ahí en adelante es el que, en todo caso, podría irrogar alguna afectación de derechos a la parte quejosa y ya no el inicialmente emitido, que ha perdido su fuerza o validez jurídica ante este último. Orienta lo antes dicho, el criterio sostenido en la tesis I.3o.C.92 K, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165870, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Precisado lo anterior, conviene señalar que el acto reclamado, consiste en la resolución emitida en audiencia de diez de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal ***** del índice del Juzgado de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, sede Silao de la Victoria, que negó por improcedente la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sobre ese tópico, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la ciudad de México, al resolver la Contradicción de Criterios (antes Contradicción de Tesis 40/2023) sostuvo que en diversas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en los Casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano al declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pues dicho tribunal internacional estimó que esa figura era contraria a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tanto se ordenó a México adecuar la normatividad respecto a la figura de la prisión preventiva oficiosa con la finalidad de que esta resulte compatible con los estándares interamericanos, ya que es una medida de carácter excepcional y, por ende, debe estar debidamente justificada. Agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en atención a que la forma en que se ha previsto su fijación no hace referencia a sus finalidades, los peligros procesales que se pretenden prevenir ni la exigencia de un análisis de la necesidad de establecer esa medida, frente a otras que sean menos restrictivas para la persona procesada, ni un análisis de salvaguarda de cautela frente a las particularidades del caso. Entonces, sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al realizar la adecuación normativa debía considerar lo siguiente: Hacer referencia a las finalidades de la prisión preventiva y a los peligros procesales que buscaría precaver; Dejar la posibilidad de ponderar la aplicación de la medida cautelar a través de un análisis la necesidad de la misma frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación de la libertad; y, Llevar a cabo un análisis de la necesidad de cautela frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Por su parte, el Pleno Regional también analizó la anticipación de la protección de los derechos, conocida como tutela anticipada o tutela anticipatoria que explicó como una figura jurídica que permite a las personas juzgadoras adoptar medidas de protección provisional antes de que se dicte sentencia definitiva en un proceso legal, con el objetivo principal de evitar daños irreparables o de difícil reparación a los derechos o intereses de las partes involucradas. Agregó que se emplea cuando existen circunstancias urgentes y se considera necesario tomar acciones inmediatas para proteger los derechos humanos, figura que además se basa en el principio de cautela y en la idea de que en ciertos casos la espera hasta el final del proceso puede resultar perjudicial para la parte quejosa, por lo que, añadió, restablecer de manera provisional al impetrante en el goce de su derecho violado mientras se dicta una ejecutoria en el juicio, siempre y cuando eso sea jurídica y materialmente posible y cuando un análisis provisional se logre advertir la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del acto reclamado. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo IV, página 4670, registro digital: 2027280, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados. Ahora de los autos que integran el incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, se advierte que se concedió la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada en los siguientes términos: "EFECTOS DE LA CONCESIÓN. 1. Respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa: Al efecto se atiende a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja 163/2023 resuelto el veintisiete de septiembre próximo pasado, que abordó una problemática similar y que se invoca como hecho notorio con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y por tanto: Se concede la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la negativa de la juez de control de revisar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del quejoso, para el efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad, Región II, sede Irapuato, base Silao, de inmediato actúe conforme a los siguientes lineamientos: - Cite a las partes a una audiencia -que habrá de celebrarse en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas- en la que deberá proceder a la revisión de la medida cautelar. - Prescinda de la prisión preventiva oficiosa decretada al quejoso - Previo contradictorio de las partes, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares previstas en el artículo 155 del código procesal, según se lo soliciten, de acuerdo con lo que a su vez señalan los numerales 157 y 159 de la misma legislación. (.)" En cumplimiento a lo anterior, de la documental que se recibe en esta fecha, se advierte que en audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el doce de octubre de dos mil veintitrés, la Juez responsable prescindió de la medida cautelar relativa a la prisión preventiva oficiosa que había sido impuesta al quejoso en el acto reclamado y, atendiendo a lo establecido en el artículo 155, fracción I, VII y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su lugar impuso las medidas consistentes en la presentación periódica semanal ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares así como la prohibición de acercarse con las víctimas, ofendidos o testigos o comunicarse con ellos por cualquier medio, así como acudir a su domicilio o trabajo; por lo que el imputado continuaría su proceso en libertad. Como se ve, la afectación a la libertad consistente en la negativa para que se revisara la medida de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta, solicitada por el quejoso y contenida en la resolución emitida en audiencia de diez de septiembre de dos mil veintitrés en la causa penal ***** que alegó el quejoso, quedó destruida a partir de que se llevó a cabo la audiencia de doce de octubre de dos mil veintitrés, con la consecuente modificación de las medidas cautelares impuestas y, en su lugar, el juez responsable fijó las previstas en el artículo 155, fracciones I, VII y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes substancialmente en que debía comparecer a plasmar su firma semanal y abstenerse de acercarse a los ofendidos y testigos, así como a sus domicilios o fuentes de trabajo y comunicarse con ellos por cualquier medio. Con ello, la afectación alegada por la parte quejosa cesó en sus efectos, pues cierto es que en audiencia de diez de septiembre de dos mil veintitrés, se negó la solicitud del quejoso de ser revisada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le había sido impuesta, pero lo relevante es que finalmente en audiencia de revisión de medidas de doce de octubre de dos mil veintitrés, el Juez responsable prescindió de la medida cautelar inicialmente impuesta y en su lugar impuso las diversas medidas consistentes en la prohibición de acercarse a las víctimas o testigos, así como a sus domicilios y fuentes de trabajo y comunicarse con ellos por cualquier medio y la presentación periódica semanal a plasmar su firma, por lo que el imputado continuaría su proceso en libertad siendo esto lo que rige actualmente en el procedimiento y surte sus efectos en la persona quejosa. Con lo anterior, queda evidente que la determinación impugnada de diez de septiembre de dos mil veintitrés reclamada, en la que el Juez de control negó la solicitud de revisión de medidas, fue sustituida jurídicamente por la determinación adoptada el doce de octubre del propio año, en la audiencia de revisión de medidas la juez responsable prescindió de la prisión preventiva oficiosa y en su lugar impuso diversas medidas al imputado como la prohibición de acercarse a las víctimas o testigos, así como a sus domicilios y fuentes de trabajo comunicarse con ellos por cualquier medio, y la presentación periódica semanal a plasmar su firma, pero lo relevante es que determinó que el imputado continuaría su proceso en libertad. En razón de ello, la afectación provocada por la negativa de revisar la medida de prisión preventiva oficiosa contenida en la resolución impugnada, cesó en sus efectos, precisamente al celebrarse la audiencia de revisión de medidas y en la que la juez natural modificó la medida cautelar e impuso diversas en las que no existe una afectación a la libertad, que cierto es que se llevó a cabo en cumplimiento a la orden contenida en el acuerdo dictado en el incidente de suspensión que deriva de este juicio, también es cierto que esa determinación constituye un nuevo y posterior acto dentro del procedimiento, que se rige por sus propias consideraciones, fundamento y motivación, acorde con lo estipulado por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en el análisis de la tutela anticipada. Por ende, los efectos de la determinación reclamada en la presente instancia constitucional han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, por lo que si al momento, está demostrado que la juez de control celebró audiencia de revisión de medidas y determinó modificar la inicialmente impuesta, resulta inconcuso que la afectación de la que se duele la parte quejosa, dejó de existir, en principio porque ya se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas en la que el juez declaró procedente la modificación de la medida cautelar sujeta a revisión y en segundo, porque en su lugar, determinó que el quejoso continuaría el proceso en libertad y aunque impuso diversas medidas cautelares, ninguna de ellas afectó la libertad personal del promovente. Sostiene la anterior determinación, la jurisprudencia que se cita a continuación: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que sea necesario esperar hasta la audiencia constitucional, en tanto que no variaría el sentido; ello, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese, por lista a los terceros interesados ***** y *****, vía electrónica a la parte quejosa y al Fiscal adscrito, y por oficio al Ministerio Público tercero interesado.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el nueve de octubre de dos mil veintitrés se reconoció el carácter de terceros interesados a ***** y ***** -ofendidos en el proceso de origen-; sin embargo, vistas las constancias que integran este juicio, específicamente del informe justificado rendido por la autoridad responsable y de las constancias allegadas por la misma, se advierte que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, también le recae el carácter de tercero interesado al: - Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, base Silao de la Victoria, por tratarse del representante social que intervino en la causa penal *****. Por tanto, en relación con el representante social, se ordena su llamamiento por conducto del juzgado de su adscripción, por lo que, mediante oficio con trascripción del presente proveído, solicítese a la jueza de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, base Silao de la Victoria, para que por su conducto lleve a cabo el emplazamiento del representante social de su adscripción, para lo cual, se ordena remitirle copia de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, auto admisorio y del presente proveído. Asimismo, se requiere al Juez responsable, que una vez obtenido el acuse de notificación, lo remita a este órgano federal, debiendo constar expresamente que se le entregó el oficio y anexos que para tal efecto se remite. Se apercibe que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento que tenga para realizarlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se integra, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, Apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. SE REQUIEREN CONSTANCIAS Asimismo, de la revisión del citado informe justificado, se desprende que la responsable manifestó que en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en el incidente respectivo al aquí quejoso, se convocó a las partes a la audiencia de revisión de medidas cautelares que sería desahogada a las doce horas del doce de octubre del año en curso, y que una vez que se celebrara la misma informaría la decisión adoptada, sin que a la fecha se tenga información de lo acontecido en la referida audiencia. No se inadvierte que en el incidente de suspensión derivado de este juicio, la responsable remitió las constancias de la audiencia celebrada en acatamiento a la suspensión provisional concedida; sin embargo, como tal cuaderno se tramita por cuerda separada, se hace necesario contar con dicha información a fin de integrar debidamente este expediente. Esto dada su trascendencia para resolver el presente sumario constitucional; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, se solicita a la jueza de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, base Silao de la Victoria, que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de la audiencia celebrada el doce de octubre de dos mil veintitrés, relativa a la revisión de medidas cautelares dentro de la causa penal ***** Bajo el apercibimiento que de no hacerlo o de no informar su imposibilidad, con fundamento en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, se le podrá imponer una multa consistente en cien unidades de medida y actualización. Notifíquese.
- Incidental
13/11/2023. SE DICTÓ INTERLOCUTORIA EN LA QUE SE RESOLVIÓ: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, por las razones expuestas en la presente interlocutoria. Notifíquese, vía electrónica al fiscal adscrito.
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