Jose Angel Garcia Ruiz
Expediente 371/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 40 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jose Angel Garcia Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído veinte de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio, toda vez que se encuentra totalmente concluido, omitiéndose ordenar la devolución de las constancias que la autoridad responsable Juzgado Primero del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, envió como apoyo a su informe justificado. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se envíe a la autoridad responsable antes apuntada, devuélvanse las citadas constancias para los efectos legales conducentes.
- Principal
AGRÉGUESE EL OFICIO DE CUENTA...
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinte de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUCCIÓN Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO DE LOS CUADERNOS INCIDENTALES En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 371/2020 es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Incidental
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con cinco minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la audiencia incidental sin la asistencia personal de ninguna de las partes. De inicio, el Secretario certifica que obran agregados a los autos: 1.- Copia de la demanda de amparo. 2.- Informes previos de las autoridades responsables. Asimismo, el secretario certifica: Que no existe promoción con la cual dar cuenta. Que la Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento. Enseguida, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Visto lo de cuenta, se tiene por hecha la anterior relación de constancias y certificación para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en el artículo 144 de la Ley Amparo, se abre el período de pruebas, en el que se tiene que la autoridad responsable Almirante, Subdirector General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, ofreció las documentales allegadas a su informe previo. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Se tiene por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por la ciada autoridad responsable, en virtud de su propia y especial naturaleza, y sin más pruebas que desahogar, se declara cerrado este período. A continuación se procede a la apertura del diverso de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase, y se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 371/2020. RESULTANDO ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente caso, la parte quejosa en su escrito de demanda, reclama de las autoridades responsables, en concreto, lo siguiente: a) La orden de descuento por concepto de pensión alimenticia, a las percepciones que recibe como Primer Maestre en retiro de la Secretaría de Marina Armada de México. b) La falta de emplazamiento al juicio familiar instaurado en su contra por cobro de pensión alimenticia. c) Los acuerdos generales 11/2020, 14/2020 y 15/2020, emitidos por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por los cuales se permitió a la parte actora del juicio de origen, promover la demanda y darle trámite manteniendo suspendidos los términos y plazos procesales. A su vez, solicita la suspensión del acto reclamado para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardaban antes de la orden de descuento a su salario, y no se continúe con el procedimiento de origen hasta el dictado de la sentencia en el juicio de amparo principal. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada en los términos propuestos por la parte promovente, y por lo tanto, tal estudio abordará lo concerniente al acto reprochado frente a las consecuencias susceptibles de paralizarse con la medida cautelar. CONSIDERANDO ÚNICO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. A) PRONUNCIAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO LOS ACTOS RECLAMADOS INEXISTENTES. Al respecto, cabe destacar que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Jueza y Actuarios del Juzgado Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, así como del Juez Tercero del Ramo Familiar, y los Actuarios Judiciales adscritos, todos con sede en esta ciudad, toda vez que negaron categóricamente la existencia de los mismos, tal como se advierte del contexto de los informes previos rendidos en autos, sin que la parte quejosa haya aportado prueba que demostrara lo contrario. Por lo tanto, lo que procede es negar a la parte quejosa la suspensión definitiva respecto de tales actos, por no existir materia sobre la cual pueda recaer la medida cautelar que solicitó. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis aislada, cuyo rubro y texto establecen: INFORME PREVIO, DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". B) PRONUNCIAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO LOS ACTOS RECLAMADOS EXISTENTES. Ahora bien, respecto de las autoridades Segunda Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Familiar y Actuarios adscritos, con sede en esta ciudad, al Almirante, Subdirector General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, y a los Consejeros Integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, manifestaron que son ciertos los actos reclamados, por lo que así deberá tenerse para los efectos legales correspondientes. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Las actuaciones impugnadas por parte quejosa marcadas con los incisos a) y c), son de naturaleza positiva, dado que conllevan un hacer de la autoridad, por tal razón, desde esa óptica si es factible pronunciarse respecto la medida cautelar. Por su parte, el acto reclamado marcado con el inciso b), es de naturaleza negativa con efectos positivos, dado que, de ser cierto en sus términos, tendría como consecuencia que continúen realizándose los descuentos sin la comparecencia del impetrante al juicio de origen. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANALISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL En la especie, se tiene acreditado el interés suspensional de la parte quejosa para solicitar la presente medida cautelar, toda vez que con la misma se pretende combatir un acto privativo o de molestia que de manera directa afecta su esfera de derechos, cuya titularidad pretende salvaguardar. Por otro lado, el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece diverso requisito para el otorgamiento de la medida cautelar, consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, es decir, se consigna en aquellas disposiciones cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarles algún trastorno o desventaja o para procurarles la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Por su parte, el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarles a aquellas algún mal, desventaja o trastorno, es decir debe considerarse como tal, el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja de provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Ahora, los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo establecen el deber de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, lo cual se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el amparo, de modo tal que, según el cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Del ejercicio de ponderación que exigen las normas antedichas, es posible concluir que en esta estadía procesal, se advierte que con la concesión de la medida cautelar para el efecto antes señalado, se contravendría el orden público y el interés social, en términos del artículo fracción II, interpretado a contrario sensu y 129, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues la parte acreedora alimentaria, que bien podría ser algún menor de edad o persona vulnerable, dejaría de percibir las cantidades a las que se estimó por autoridad judicial tiene derecho por concepto de pensión alimenticia, siendo que los alimentos es una cuestión de orden público, en cuyo tema está interesada la sociedad, y de conceder la medida suspensional solicitada se pondría en riesgo que no se logren los medios que debe proporcionar el obligado con la urgencia que la necesidad del caso requiere. Encuentra apoyo a lo antes considerado, la tesis de jurisprudencia número 39, la cual puede ser localizada en la página 26, Sexta Época, Instancia: Tercera Sala, tomo IV, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla. DECISIÒN Con fundamento en los artículos 128, fracción II, interpretado a contrario sensu y 129, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega a José Ángel García Ruiz, la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos del considerando único a) y b) de la presente resolución incidental, por las razones ahí expuestas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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