José Ángel Galván Pérez

Expediente 395/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
395/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • José Ángel Galván Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, acorde a lo establecido en el párrafo segundo del "punto décimo primero" del "Acuerdo General Conjunto número 1-2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito", se declara que este asunto carece de relevancia documental y que tampoco tiene valor jurídico o histórico. Conforme a lo ordenado en el "punto décimo primero", segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente la fecha de archivo, asimismo que es destruible. Por último, visto el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en calle Tompiros 2039, esquina con Avenida Ejército Nacional, del fraccionamiento Jardines de San José, de esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 395/2021-II, promovido por el quejoso José Ángel Galván Pérez, contra actos del Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso José Ángel Galván Pérez, promovió juicio de amparo, contra los actos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en ésta ciudad, a quien reclamó: "La omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 de la Ley Federal del Trabajo." En los antecedentes precisa que el acto reclamado es omisión o falta de desahogo de pruebas. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derecho violado el contenido de los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 395/2021-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un acto en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que el quejoso reclama de la autoridad responsable: La omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 de la Ley Federal del Trabajo. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en ésta ciudad, al rendir su correspondiente informe con justificación negó el acto reclamado, informando que el siete de mayo del presente año, declaró concluido el término probatorio y abrió el periodo de alegatos dando vista a las partes por dos días a fin de que rindieran los mismos, bajo apercibimiento de no hacerlo se tendría por precluido ese derecho. Además, su aserto se corrobora con la prueba documental pública que la junta responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Al respecto, la parte agraviada no controvirtió la información de tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Es aplicable al anterior razonamiento, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, ya que el siete de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad señalada como responsable emitió un acuerdo en el cual dio por concluido el periodo probatorio y abrió la etapa de alegatos, resulta obvio que al presentarse la demanda de amparo (26 de mayo de 2021) el acto reclamado ya no tenía vida jurídica. En tal razón, se determina que al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, en relación al acto reclamado en estudio en el presente considerando, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 179/2021, promovido por José Ángel Galván Pérez, en términos del considerando último de este fallo. Por consiguiente, notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de junio de dos mil veintiuno. Vistos el oficio y anexos remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en ésta ciudad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan por medio de los cuales de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado y remitiendo documentales de su parte, con lo que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional, asimismo en términos del artículo 9 de la citada ley de Amparo, se tiene como delegada a la persona que se indica. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno Vista la demanda de amparo promovida por José Ángel Galván Pérez, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 395/2021-II-B. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Se requiere a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se le impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62 pesos), de conformidad con los artículos 4°, fracción I, II y III, y 5°, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARSCoV2 (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrán de rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Atinente a ello, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridad federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos público, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, los responsables podrán tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuenten con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18 de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señala para que tenga verificativo la audiencia constitucional las dieciséis horas con veinticinco minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, misma que deberá verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. Por otro lado, en relación a las pruebas que anuncia la parte quejosa, una vez que la responsable rinda su correspondiente informe justificado, se acordará lo que en derecho proceda, mismo que en su oportunidad se pondrá a la vista de las partes. Asimismo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, y autorizando en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Susana Prieto Terrazas y César Maldonado Anchondo; así como en los términos restringidos del numeral en cita a Vicente Hernández García, Rebeca Silva Morales, Manuel Alejandro Rivero Islas y Tania Litz Villagrán Martínez, Karla Janeth García Ruíz y Perla Cristina González Rentería, toda vez que no cuentan con el registro de la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por último, se tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Ejercito Nacional, número 4806, esquina con calle Catalpa, en el Fraccionamiento Jardines de San José, de esta ciudad. Ahora bien, en términos de lo previsto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecinueve horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica, desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que la publicación de este auto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la Administración Regional de esta demarcación, para que el personal de ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. En términos del artículo 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dada la contingencia que actualmente se vive a nivel mundial, siendo ésta la pandemia denominada virus SARS-CoV2 (COVID-19), se autoriza a los Actuarios Judiciales, mientras se mantenga vigente el multicitado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal notifique la determinaciones que se dicten en el presente controvertido constitucional a las partes vía electrónica, a la parte quejosa mediante el correo electrónico proporcionado en la demanda de amparo, quedando obligada a acusar recibo de la comunicación que por dicha vía se efectúen, lo cual deberán asentar los Actuarios Judiciales en el acto que para tal efecto levanten. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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