José Ángel Galván Barrientos
Expediente 308/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/04/2019
Partes del expediente
- José Ángel Galván Barrientos
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, y en atención a que a la fecha no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, en contra del auto de diez de abril de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por José Ángel Galván Barrientos, dentro de los autos del presente juicio de garantías 308/2019-VII; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, y dado que el sentido de lo resuelto no requiere ejecución alguna; con fundamento en lo dispuesto por el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por José Ángel Galván Barrientos, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el número 308/2019-VII. En primer lugar, es oportuno señalar que la demanda de amparo, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, se le reclama el acuerdo de veinte de marzo del año en curso, dictado dentro del expediente 620/2017, relativo al juicio hipotecario instaurado en contra del aquí agraviado, en cuyo auto se desechó por improcedente el recurso de revocación intentado contra el diverso proveído emitido el día catorce del citado mes y año, este último mediante el cual se decretó la rebeldía y se abrió el juicio a prueba. De lo precisado, así como de la demanda que se provee, se destaca que en el juicio natural del que deriva el principal acto reclamado, la parte quejosa figura como parte formal y material, tan es así que tiene el carácter de demandado. Así, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107, ambos de la actual Ley de Amparo, en virtud de que el acto aquí cuestionado, fue emitido dentro de juicio, el cual no tiene una ejecución de imposible reparación, en razón de que el acuerdo reclamado de veinte de marzo de dos mil diecinueve, no le afecta materialmente al ahora quejoso en sus derechos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en todo caso, sólo infringe derechos adjetivos o procesales. El precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." De acuerdo con lo transcrito, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así es, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En relación con el tópico en estudio, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó y precisó los alcances de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, mismos que se encuentran en el 107, fracción V, de la vigente ley señalada, e indicó que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal a través de las garantías individuales. La tesis de jurisprudencia P./J. 24/92 que se cita, es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En el contexto expuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo procederá contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Por su parte, la Ley de Amparo establece en su artículo 107, fracción V, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto actual, aún señala que el amparo procede contra actos cuya ejecución es de imposible reparación, es decir, no hace una distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales. Sin embargo, la ley de la materia vigente sí los distingue, pues señala que un acto de imposible reparación es aquel que afecta materialmente derechos sustantivos consagrados en Ley Suprema y los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. Además, en el artículo 182 de la propia legislación se prevé la figura del amparo adhesivo, para lo cual la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, a fin de hacer valer las violaciones procesales que estimen se cometieron en su perjuicio, pues de no hacerlo así, y de resultarles desfavorable el fallo dictado en la vía constitucional, se tendrán por consentidas tales infracciones, y no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en ningún juicio de amparo posterior. En ese sentido, es que se concluye que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y, en todo caso a través del amparo directo o del amparo adhesivo. Se considera de esa manera dado que el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior; la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. Es decir, que si la parte que no obtuvo sentencia favorable promovió amparo en su contra, su contraria forzosamente deberá promover el amparo adhesivo que prevé la ley de la materia en su artículo 182, a fin de hacer valer las violaciones procesales que estime se cometieron en su perjuicio, pues de no hacerlo así, y de resultarle desfavorable el fallo dictado en la vía constitucional, se tendrán por consentidas tales infracciones, y no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en ningún juicio de amparo posterior. Ahora, en el caso particular, del análisis del ocurso de demanda, se advierte que el promovente del amparo reclama el acuerdo de veinte de marzo del año en curso, dictado dentro del expediente 620/2017, relativo al juicio hipotecario instaurado en contra del aquí agraviado, en cuyo auto se desechó por improcedente el recurso de revocación intentado contra el diverso proveído emitido el día catorce del citado mes y año, este último mediante el cual se decretó la rebeldía y se abrió el juicio a prueba por el término de veinte días dividido en dos períodos de diez días, el primero para ofrecer, y el segundo para desahogar; por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos del amparista una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque el auto reclamado y su antecedente no inciden en derechos sustantivos del quejoso sino sólo, y eventualmente, en sus posibilidades de defensa en juicio. En ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de derechos la pluricitada Ley de Amparo, establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea procedente, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente los derechos sustantivos del gobernado. Luego, como el acto reclamado en la presente vía no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del juicio civil, en tanto que al haberse desechado de plano el medio de impugnación intentado, trae como consecuencia que se continué con el procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que las consecuencias de aquella afectación desaparezcan en caso de que la parte quejosa obtenga sentencia favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del solicitante del amparo. En apoyo a lo expuesto se cita el criterio siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". No es óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso refiera en su demanda de amparo, que la autoridad señalada como responsable, fue omisa en cumplir con lo estipulado en los artículos 103, fracción IV, en relación con el 104, fracción II primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, ya que debió decretar de oficio la caducidad de la instancia por haber transcurrido más de ciento ochenta días, argumento que hizo valer como agravio en el recurso de revocación que interpuso en contra del acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, toda vez que esa razón no fue motivo de pronunciamiento en el proveído recurrido, aunado a que del propio ocurso de cuenta no se advierte que el aquí promovente hubiese realizado la petición dentro del juicio de origen, que elevó como agravio en el medio de impugnación intentado. En consecuencia, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 112, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda; y, como lo solicita, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Benigno Elías Marquez Prieto, con cédula profesional 7177380, debidamente capturada en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VII... De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso José Ángel Galván Barrientos, el auto de diez de abril de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este juzgado a recibir la notificación de referencia de manera personal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes
- José Ángel Cavazos Guillen1528/2021
- José Ángel Esquivel Estrada274/2019
- José Ángel Esquivel Estrada619/2021
- José Ángel Esquivel Estrada142/2019
- José Ángel Estruch Diaz590/2020
- José Ángel Gallegos Méndez486/2022
- José Ángel Gómez López531/2019
- José Ángel González González1958/2013
- José Ángel Hernández Hernández827/2023
- José Ángel Hernández Hernández855/2023
- José Ángel Jaramillo Gómez612/2017
- José Ángel Jiménez González169/2023