José Angel Flores López y Otros.
Expediente 1310/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1310/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Angel Flores López y Otros.
- José Angel Flores López
- Faruk Sadoc Razo Jasso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo VII-1310/2023, promovido por ********************, contra actos del Coordinador General de la Comisión Coordinadora de Transporte Público en Michoacán, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: El Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso no existe fin práctico que pudiera desfavorecer a la parte quejosa, ya que no se advierte que la presente resolución, una vez transcurrido el mismo le genere perjuicio, ya que en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido sería igual. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; medios de convicción que se tuvieron por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegato constitucional 953/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VII-1310/2023, promovido por ********************, contra actos del Coordinador General de la Comisión Coordinadora de Transporte Público en Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el seis del mes y año en cita por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, promovieron demanda de amparo indirecto contra el Coordinador General de la Comisión Coordinadora de Transporte Público en Michoacán, con sede en esta ciudad. Los quejosos precisaron como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente VII-1310/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La abstención de la autoridad señalada como responsable de dar respuesta al escrito presentado el once de mayo de dos mil dieciocho, por medio del cual se solicitó la autorización del alargamiento de diversas rutas de transporte en la Tenencia de Atapaneo, perteneciente al municipio de Morelia, Michoacán; y, de ser posible se inicie de forma provisional su construcción. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, aceptó parcialmente la existencia de lo reclamado. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de que se habla se corrobora con la documental aportada por la parte quejosa, consistente en el acuse de recibo de la solicitud presentada ante la autoridad responsable el once de mayo de dos mil dieciocho, en la que se observa el sello de recepción de la Comisión responsable. Documental pública que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2. De modo que la parte quejosa acreditó fehacientemente la presentación de la solicitud mencionada ante la autoridad responsable, sin que ésta hubiere allegado alguna documental con la que acreditara que efectivamente dio contestación y la notificó, no obstante de la manifestación de la autoridad responsable al aducir que dio respuesta en data veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia que establece lo siguiente: Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, debido a que este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. La quejosa medularmente argumenta la transgresión al artículo 8° Constitucional, pues al margen de que la autoridad responsable no le ha dado contestación a su solicitud presentada el once de mayo de dos mil dieciocho, ante la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, en la que se solicitó la autorización del alargamiento de diversas rutas de transporte en la Tenencia de Atapaneo, perteneciente al municipio de Morelia, Michoacán; y, de ser posible se inicie de forma provisional su construcción. Dicho planteamiento es esencialmente fundado. De inicio es necesario tener en cuenta lo que establece el numeral 8° del Pacto Federal, en el cual se advierte que, por imperativo constitucional, toda autoridad está obligada a respetar el ejercicio del derecho de petición de los gobernados, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que la constriñe acordarlo también por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Esa prerrogativa del particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa, 2. Dirigirse a una autoridad; y, 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término, b. Ser congruente con la petición, c. Estar fundada y motivada; y, d. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Apoya lo anterior, la tesis número XXI.1o.P.A.36 A, publicada en la página 1897, en el tomo Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo.". Ahora bien, cabe precisar que cuando se reclama una violación al derecho de petición, existe una carga procesal compartida: por un lado, la parte justiciable deberá demostrar que formuló y presentó ante la autoridad responsable su solicitud o petición en forma respetuosa y pacífica, así como que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y, por otro lado, la responsable deberá acreditar que dio respuesta a la petición que le fue formulada en los términos referidos y que la notificó al solicitante. En el caso, la parte quejosa satisfizo su carga procesal con la documental que exhibió el acuse de recepción del pliego petitorio, con la cual acredita que elevó su solicitud por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en la que a su vez señaló un domicilio para recibir la respuesta. Correlativamente, tal como lo manifiesta en su demanda, en el sumario no se advierte que la autoridad ante la cual se presentó, haya dado contestación de manera escrita a la solicitud de mérito, no obstante haber tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Pues como se precisó, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 8º Constitucional, la responsable está obligada a acreditar que dio respuesta por escrito a la petición que le fue formulada y que ésta le fue notificada a los solicitantes en el domicilio proporcionado, sin que se haya acreditado durante la tramitación de este juicio esa respuesta se efectúo con anterioridad a la presentación de la demanda. Así las cosas, en resarcimiento del derecho fundamental vulnerado, lo que se impone es conceder el amparo y protección constitucional solicitada. Sin soslayar que la autoridad responsable al rendir su informe de ley adujo que realizó la respuesta pertinente en el momento adecuado, esto es, en data veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, sin embargo, dicha circunstancia no la acreditó, pues no remitió constancia certificada de la emisión de dicha contestación; y, tampoco la notificación realizada a la parte petitoria. OCTAVO. Efectos de concesión. En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación examinados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para los siguientes efectos: Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, el Coordinador General de la Comisión Coordinadora de Transporte Público en Michoacán, con sede en esta ciudad, no ha emitido la respuesta respectiva, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera fundada y motivada, realice la contestación a la solicitud presentada el once de mayo de dos mil dieciocho; y, correlativamente, notifique de ello a los peticionarios de amparo, en el domicilio indicado en el pliego petitorio, esto es, el ubicado en calle Melchor Ocampo, número 306 trescientos seis, en la Tenencia de Atapaneo, perteneciente al municipio de Morelia, Michoacán. En la inteligencia de que tal concesión no vincula a la autoridad a emitir alguna respuesta en determinado sentido, sino únicamente a dar contestación a la solicitud planteada -sea que ésta sea procedente, improcedente, o bien, el estatus que actualmente guarda-, debiendo notificar oportunamente dicha respuesta. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 126, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802744 Segunda Sala Volumen CXXXII, Tercera Parte Página 138 Jurisprudencia (Administrativa) "PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación.". De igual forma orienta el anterior criterio la tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802384 Segunda Sala Volumen XXIV, Tercera Parte Página 27 Tesis Aislada (Constitucional) "PETICION. PRUEBA DE LA NOTIFICACION. El artículo 8o. constitucional establece que las autoridades están obligadas a dictar acuerdo escrito a toda petición que se les hubiera dirigido en términos pacíficos y respetuosos y que, además, están obligadas a hacer conocer en breve término al peticionario, el acuerdo citado, así que, es necesario que las autoridades demuestren en autos que el acuerdo que hubieren dictado se hizo del conocimiento del solicitante. Si en el juicio de garantías las responsables afirman que ya se hizo una notificación, deben probarlo, atento el principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar la certeza de su aseveración.". Lo anterior, sin perjuicio de que los quejosos, puedan acudir personalmente a la oficina de la autoridad responsable, a fin de que se les notifique la respuesta a su solicitud. Respecto a los alegatos formulados por la parte quejosa, resulta innecesario realizar pronunciamiento al respecto, toda vez que las manifestaciones quedaron atendidas en las consideraciones del presente fallo. Finalmente, no se soslaya que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos y para los efectos indicados del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe. aeol
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1310/2023, promovido por********************se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.********************EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes.********************Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto.********************LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por el COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MICHOACÁN. ********************EL JUEZ: Dicho informe se recibió en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido.********************Enseguida, se declara abierto el período probatorio. ********************LA SECRETARIA: Hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. ********************Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos.********************Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes.********************LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado formuló alegatos. ********************EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar.********************Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. ********************Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VII- 1310/2023; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de octubre de la presente anualidad,********************solicitaron la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado.********************SEGUNDO. Mediante proveído de nueve de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y,********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo.********************SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la abstención de la autoridad señalada como responsable de dar respuesta al escrito de once de mayo de dos mil dieciocho, presentado por los quejosos.********************TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte que niega la existencia del acto reclamado, afirmando que sí existe respuesta a la petición de que se trata; sin embargo ello no queda demostrado fehacientemente.********************CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. ********************Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. ********************En ese sentido, no obstante que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, satisfaciendo el requisito que contempla el artículo 128, fracción I, en relación con el diverso 131, ambos de la Ley de Amparo; se estima que dada la naturaleza de los mismos, no se cumple con uno de los requisitos para decretar la suspensión conforme a la teoría de la apariencia del buen derecho, pues el acto reclamado en sí mismo no es suspendible, ya que el acto reviste el carácter de omisivo, de ahí que, no procede conceder la medida suspensiva, pues la medida cautelar no tiene efectos restitutorios, como lo pretende los impetrantes, pues éstos son propios de la sentencia que, en su caso, se pronuncie en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. ********************Por identidad, sustenta a lo anterior, el siguiente criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito: ********************"Época: Novena Época Registro: 187375 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Marzo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.25 K Página: 1468 SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." ********************Del mismo modo, cobra aplicación el siguiente criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito: ********************"Época: Novena Época Registro: 199059 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Abril de 1997 Materia(s): Común Tesis: XXI.2o.11 K Página: 214 ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada."******************** Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. ******************** Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: ********************"ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita."********************Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal.********************Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor.********************Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve:********************ÚNICO. SE NIEGA a********************la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución.********************NOTIFÍQUESE.******************** Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. RAZÓN, ACTUARIAL Vista la razón levantada por la actuaria adscrita a este juzgado el dos de los corrientes, de la que se desprende que no le fue posible notificar personalmente a la tercera interesada María Guadalupe Pacindo, en cuanto madre de la menor de iniciales D.M.L.M., el proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés por los motivo que en la misma, refiere. Atento a lo anterior toda vez que la tercera interesada no señaló ningún otro domicilio o medio de comunicación; se ordena notificar el mencionado proveído, este acuerdo y los subsecuentes por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo. SE APERSONA PARTE TERCERA INTERESADA. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado el Jefe de la Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, por medio del cual remite las constancias de emplazamiento de la parte tercero interesada, agentes del Ministerio Público Magda Anabel Montes de Oca Franco y Tania Yajaira Rosas Rosas; en consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso a) y 11, de la Ley de Amparo, se les tiene apersonándose dentro de los presentes autos como terceras interesadas. SEÑALAN CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFONICO. De conformidad con lo establecido por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional toma nota de la dirección del correo electrónico de las autoridades terceras interesadas, siendo los siguientes: de Magda Anabel Montes de Oca Franco, señala el correo electrónico MagdamontesdeOca@gmail.com y número telefónico 715 152 29 49; y, respecto a Tania Yajaira Rosas Rosas, el correo electrónico tanyara_27@hotmail.es; sólo como información adicional de dicha parte, para que pueda ser tomada en consideración en un momento dado dentro del presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Incidental
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. No ha lugar a mayor pronunciamiento Agréguese únicamente a los presentes autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán; sin que haya lugar a mayor pronunciamiento respecto del mismo, toda vez que en proveído de once de octubre de este año, se hizo lo propio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- José Andrés Marínez Chávez1071/2023
- José Andres Montoya Viveros764/2022
- José Andrés Reyes Guzmán387/2017
- José Andrés Virrueta Sánchez1337/2019
- José Angel Alarcón Bernal1075/2023
- José Ángel Campuzano Silva777/2019
- José Ángel Lara Bustos377/2021
- José Ángel Melgarejo Chávez896/2023
- Jose Antonio Acosta Flores863/2017
- José Antonio Alanis Martínez338/2020
- José Antonio Alcántar Rico894/2019
- José Antonio Alcantar Rico402/2017