Jose Angel Florentino Vergara

Expediente 1048/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1048/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Jose Angel Florentino Vergara

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1048/2021. Puebla, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja -ya fuera de manera física o con los requisitos del artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la firma electrónica-, contra el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1048/2021-VIII. Puebla, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que suscribe José Ángel Florentino Vergara, contra actos de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar -así señalado en la demanda- y otras autoridades responsables. , se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende una orden de búsqueda, aprehensión y detención librada en su contra, así como su ejecución. Pero la emisión de la orden de aprehensión la atribuye únicamente a los agentes del ministerio público, mientras que -afirma- el mismo será ejecutado por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación a través de elementos a su cargo. De ello, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 16 constitucional. Se explica: En el sistema de justicia penal acusatorio, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio u orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de privación de libertad en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia, en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar la retención por el plazo constitucional. dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a las autoridades de carácter administrativo (como lo son las señaladas como responsables) la emisión de una orden privativa de la libertad, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar la aprehensión de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que a razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa sólo menciona que, se han presentado unas personas a sus domicilios aduciendo que los buscan para presentarlos ante el Agente del ministerio Público Federal. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara aprehenderlos o detenerlos. Ahora, aun si el representante social los llegara a citar con la calidad de personas investigadas, primero, tendría que cumplir con la obligación de darles a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarles su entrevista a fin de incorporarlas como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se pide al inculpado comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Además, con ello, lejos de coartarles algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que los peticionarios del amparo, en su caso, se apersonen ante dicha autoridad, aquellos se encuentran en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se les da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que les sean facilitados todos los datos que soliciten para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estarán en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si los quejosos reclaman la orden que el agente del Ministerio Público ha dado para recabarles su entrevista, con independencia de la calidad con la que los cite (testigos o imputados); es inconcuso que, ese acto de molestia tampoco les produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. En mérito de todo lo anterior, es improcedente el juicio de amparo contra la orden privativa de libertad reclamada a la autoridad ministerial. Resulta aplicable la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. Ahora, respecto de los actos reclamados, consistentes en las órdenes de búsqueda o detención libradas en contra de la promovente, por las autoridades responsables. Ello, permite visualizar la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo4. Para explicar lo anterior, primero se toma en consideración que la regulación de la presentación a la audiencia de formulación de imputación está prevista en 4 "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales5. Luego, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la presentación o detención, de la persona investigada en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal. En efecto, si la búsqueda o detención fue emitida por un Agente del Ministerio Público para que determinada persona comparezca ante él, eso sólo tiene el efecto de recabar un encuentro a fin de allegar a alguna investigación los datos que se estimen necesarios para lograr la judicialización de la correspondiente carpeta de investigación conforme a la facultad que le es conferida en el artículo 21 constitucional, pero sin consecuencias para la persona entrevistada. Tanto es así, que el artículo 251, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la entrevista de testigos o personas de las que puedan proporcionar información relevante para una investigación en curso, no requiere de autorización previa del Juez de Control, justamente porque ese tipo Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la tesis II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que es de la literalidad siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO6." Ahora, si la búsqueda o detención proviene de un juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva, conforme lo dispuesto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales7. Audiencia en la cual podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. De ahí que, ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por consiguiente, la búsqueda o detención de la que se duele el promovente, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que implica la improcedencia de este asunto. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por José Ángel Florentino Vergara, por propio derecho, contra la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada en su contra, reclamada a las autoridades administrativas señaladas como responsables, pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de la libertad (jueces). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados de la parte quejosa. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). No pasa por alto para esta autoridad que la quejosa señala como medios para recibir notificaciones un número telefónico y un correo electrónico; empero, dichas vías electrónicas no se encuentran establecidas como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, quedan autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, José Gabriel Luna Viveros y Monserrat Lydia González Fernández porque no encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Asimismo, se toma conocimiento del número telefónico y correo electrónico que proporciona el quejoso. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso; y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DENOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTUNO JUICIO DE AMPARO 1048/2021-VIII. Puebla, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que suscribe José Ángel Florentino Vergara, contra actos de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar -así señalado en la demanda- y otras autoridades responsables. , se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende una orden de búsqueda, aprehensión y detención librada en su contra, así como su ejecución. Pero la emisión de la orden de aprehensión la atribuye únicamente a los agentes del ministerio público, mientras que -afirma- el mismo será ejecutado por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación a través de elementos a su cargo. De ello, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 16 constitucional. Se explica: En el sistema de justicia penal acusatorio, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio u orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de privación de libertad en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia, en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar la retención por el plazo constitucional. dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a las autoridades de carácter administrativo (como lo son las señaladas como responsables) la emisión de una orden privativa de la libertad, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar la aprehensión de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que a razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa sólo menciona que, se han presentado unas personas a sus domicilios aduciendo que los buscan para presentarlos ante el Agente del ministerio Público Federal. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara aprehenderlos o detenerlos. Ahora, aun si el representante social los llegara a citar con la calidad de personas investigadas, primero, tendría que cumplir con la obligación de darles a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarles su entrevista a fin de incorporarlas como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se pide al inculpado comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Además, con ello, lejos de coartarles algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que los peticionarios del amparo, en su caso, se apersonen ante dicha autoridad, aquellos se encuentran en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se les da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que les sean facilitados todos los datos que soliciten para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estarán en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si los quejosos reclaman la orden que el agente del Ministerio Público ha dado para recabarles su entrevista, con independencia de la calidad con la que los cite (testigos o imputados); es inconcuso que, ese acto de molestia tampoco les produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. En mérito de todo lo anterior, es improcedente el juicio de amparo contra la orden privativa de libertad reclamada a la autoridad ministerial. Resulta aplicable la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. Ahora, respecto de los actos reclamados, consistentes en las órdenes de búsqueda o detención libradas en contra de la promovente, por las autoridades responsables. Ello, permite visualizar la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo4. Para explicar lo anterior, primero se toma en consideración que la regulación de la presentación a la audiencia de formulación de imputación está prevista en 4 "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales5. Luego, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la presentación o detención, de la persona investigada en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal. En efecto, si la búsqueda o detención fue emitida por un Agente del Ministerio Público para que determinada persona comparezca ante él, eso sólo tiene el efecto de recabar un encuentro a fin de allegar a alguna investigación los datos que se estimen necesarios para lograr la judicialización de la correspondiente carpeta de investigación conforme a la facultad que le es conferida en el artículo 21 constitucional, pero sin consecuencias para la persona entrevistada. Tanto es así, que el artículo 251, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la entrevista de testigos o personas de las que puedan proporcionar información relevante para una investigación en curso, no requiere de autorización previa del Juez de Control, justamente porque ese tipo Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la tesis II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que es de la literalidad siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO6." Ahora, si la búsqueda o detención proviene de un juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva, conforme lo dispuesto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales7. Audiencia en la cual podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. De ahí que, ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por consiguiente, la búsqueda o detención de la que se duele el promovente, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que implica la improcedencia de este asunto. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por José Ángel Florentino Vergara, por propio derecho, contra la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada en su contra, reclamada a las autoridades administrativas señaladas como responsables, pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de la libertad (jueces). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados de la parte quejosa. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). No pasa por alto para esta autoridad que la quejosa señala como medios para recibir notificaciones un número telefónico y un correo electrónico; empero, dichas vías electrónicas no se encuentran establecidas como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, quedan autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, José Gabriel Luna Viveros y Monserrat Lydia González Fernández porque no encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Asimismo, se toma conocimiento del número telefónico y correo electrónico que proporciona el quejoso. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso; y cúmplase.

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