José Ángel Fernández Uria
Expediente 696/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Ángel Fernández Uria
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de quince de junio de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, toda vez que por auto de quince de junio de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, y dicho proveído causó estado en líneas que anteceden; en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente es destruible, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Finalmente visto el escrito de cuenta signado por el quejoso ******************** por medio del cual solicita la devolución de la copia certificada de la patente que exhibió; en atención a lo anterior, dado que se trata de un asunto concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele al promovente el documento que refiere y entréguese por conducto de las personas autorizadas para tal efecto, previa razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 696/2023, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. De la lectura y análisis de la demanda de garantías se advierte que la misma es improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. Efectivamente, por actos cuyos efectos sean de imposible reparación debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse..., De lo antes relatado y a criterio de esta juzgadora, el acto que hoy reclama la quejosa, no le causa un perjuicio de forma inmediata, toda vez que no se está afectando algún derecho sobre su persona, bienes, posesiones, o derechos, por lo que tal violación de momento no actualiza la procedencia del juicio de amparo, esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que solo genera la posibilidad de que ello ocurra en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la quejosa, quien podrá reclamarlo al momento de que se emita la resolución correspondiente y ésta le sea adversa; en virtud de que en el procedimiento de origen de donde emana el acto reclamado, aún no se ha dictado sentencia firme; motivo por el cual el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta..., Por lo anterior, el acto que se reclama se encuentra comprendido dentro de las violaciones al procedimiento a que se refieren los artículos 170, 172 y 174 de la Ley de Amparo; y por tanto, la resolución reclamada en la demanda constitucional no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo para la procedencia de la acción constitucional indirecta por no causarse un gravamen de imposible reparación..., Así las cosas, al dejarse establecido que los actos reclamados no se encuentran contemplados en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y en tal virtud, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de garantías. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales, las cuales en el momento en que ejerzan su mandato en este asunto, serán localizadas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito..., Por otra parte, como lo solicita el promovente, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a los nombres del usuarios "********************" y "********************", así mismo para recibir notificaciones electrónicas incluso las de carácter personal de este juzgado..., se autoriza a dichos usuarios la consulta vía internet del expediente electrónico; para los efectos legales a que haya lugar En cuanto al correo electrónico que indica para recibir notificaciones, no ha lugar a tener por señalado el mismo, en virtud de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, establece la forma en la que se van a realizar las notificaciones y en el inciso IV, refiere que se realizan por vía electrónica a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hubiesen obtenido la firma electrónica. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto. Notifíquese vía electrónica al quejoso.
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