José Ángel Estrada Hernández

Expediente 16/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
16/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • José Ángel Estrada Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Principal 16/2023 CUENTA. El siete de agosto de dos mil veintitrésla Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: 1. Que el término de quince días para inconformarse contra el auto de cinco de julio del año en curso, que tuvo por cumplido el fallo protector, transcurrió a la parte quejosa del catorce de julio al tres de agosto de este año, sin que lo haya hecho así; 2. No existe parte tercera interesada; 3. No se solicitó la suspensión del acto reclamado; y 4. No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Doy fe. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda CUENTA. En la misma fecha, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el estado que actualmente guardan los presentes autos y acorde a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de cinco de julio del año en curso, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido; y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, se determina que el expediente principal es conservable; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contando a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección mencionada para su depósito. Notifíquese.

  2. Principal

    Principal 16/2023-IV CUENTA. El siete de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 8752. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de julio de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, mediante el cual remite copia certificada de los comprobantes electrónicas que acreditan el envío de las comunicaciones oficiales a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; atento a su contenido, se ordena glosar a los autos únicamente para que obre como corresponda toda vez que el cinco de julio del año en curso, se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente sumario. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE 5 JULIO 2023, QUE DICE: Principal 16/2023-IV El cinco de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: Que el término de tres días otorgados a la parte quejosa para que desahogara la vista ordenada en el acuerdo de veintiséis de junio de la presente anualidad, transcurrió del treinta de junio al cuatro del mes y año en curso; para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López CUENTA. En la misma fecha, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de veintiséis de junio del presente año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, si se encuentra o no cumplida la sentencia de amparo dictada en este sumario. En ese sentido, debe precisarse que en la sentencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, cumpliera con lo siguiente: ".dicte las medidas legales que estime necesarias para lograr el desahogo de las pruebas ofrecidas por BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 las partes, en el juicio laboral 705/2019, consistentes en: -La confesional para hechos propios a cargo de Alejandra Rivero Niño y Ricardo Molina Arroyo. - La testimonial a cargo de los atestes Brian Osiris Orozco Zavala y Vanessa Guzmán Oropeza. - La testimonial a cargo de los testigos María Elena Marroquín Abarca y Abel Alcaraz Alcantar. - Informe que debe rendir la autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. Y en el caso, de que por algún motivo legal tengan que diferirse las audiencias relativas, señale fecha dentro del plazo que prevé la normatividad laboral que lo rige, además queda constreñida a proveer lo que conforme a derecho proceda, para que dichas diligencias se preparen oportunamente a efecto de evitar mayores dilaciones procesales. Lo anterior, siempre y cuando durante la secuela procesal, no se emita alguna determinación o sobrevenga alguna situación que legalmente impida su desahogo." En auto de treinta de marzo del presente año, se declaró ejecutoriada dicha resolución y se requirió su cumplimiento. En ese contexto, por oficio 6170/2023, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, remitiendo copia certificada del auto de veintitrés de mayo del presente año, dictado en el expediente laboral 705/2019, del que se aprecia que se tuvo al apoderado legal de la parte actora por desistido de las confesionales para hechos propios con cargo a Alejandro Rivera Niño y Vanessa Guzmán Oropeza, así como de la testimonial con cargo a Brian Osiris Orozco Zavala y Vanessa Guzmán Oropeza; asimismo, se declaró desierta la prueba testimonial ofertada por la parte demandada con cargo a María Elena Marroquín Abarca y Abel Alcaraz Alcantar. De igual manera, por oficio 7058/2023, la responsable remitió copia certificada del auto de dieciséis de junio del presente año, dictado en el expediente 705/2019, en el que declaró desierta la prueba consistente en el informe a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE Documentales que al ser públicas, merecen eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por tanto, en proveído de veintiséis de junio del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, este juzgado federal dictaría resolución fundada y motivada en la que declararía si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En ese sentido, de las documentales ponderadas con antelación se advierte que la autoridad responsable tuvo al apoderado legal de la parte actora por desistido de las confesionales para hechos propios con cargo a Alejandro Rivera Niño y Vanessa Guzmán Oropeza, así como de la testimonial con cargo a Brian Osiris Orozco Zavala y Vanessa Guzmán Oropeza; y, declaró desierta la prueba testimonial ofertada por la parte demandada con cargo a María Elena Marroquín Abarca y Abel Alcaraz Alcantar, así como el informe a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México; por lo que se advierte que sobrevino una situación que impidió su desahogo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos. Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación, para los efectos de los artículos 201, fracción primera y 202, de la Ley de Amparo, y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de junio de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintitrés de mayo del presente año, dictado en el expediente laboral 705/2019, del que se aprecia que se tuvo al apoderado legal de la parte actora por desistido de las confesionales para hechos propios con cargo a Alejandro Rivera Niño y Vanessa Guzmán Oropeza, así como de la testimonial con cargo a Brian Osiris Orozco Zavala y Vanessa Guzmán Oropeza; asimismo, se declaró desierta la prueba testimonial ofertada por la parte demandada con cargo a María Elena Marroquín Abarca y Abel Alcaraz Alcantar. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de las gestiones encaminadas a cumplimentar el fallo protector. Con independencia a lo anterior, requiérase a la autoridad responsable el improrrogable plazo determinado de DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo para cumplir el fallo protector, tomando en consideración la complejidad y dificultad para lograr el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 705/2019, de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta del BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, para que dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir de su legal notificación, remita copia certificada del resultado del exhorto 207/2023 enviado para estar en posibilidad de desahogar la prueba consistente en el informe a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México. Apercibida que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no la exime de responsabilidad, pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad requerida que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realice, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, la autoridad de referencia podrá incurrir en los delitos previstos en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

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