José Ángel Esquivel Conzuelo

Expediente 218/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
218/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/03/2018

Partes del expediente

  • Juez Noveno Familiar de Toluca, Estado de México
  • José Ángel Esquivel Conzuelo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. DESAHOGA PREVENCIÓN Intégrese el escrito del quejoso y el oficio del juez responsable, por los cuales dan cumplimiento al requerimiento que se les formuló el catorce del mes y año en curso; por tanto, se tiene por satisfecho y con las constancias que remite la responsable fórmese el anexo I. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la atenta lectura de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso hace consistir su reclamo en: El emplazamiento realizado en el juicio de divorcio incausado 1200/2017 del índice del Juzgado Noveno Familiar de Toluca, Estado de México. Derivado de lo anterior, todo lo actuado en dicho juicio, así como, la ejecución de la sentencia que se emita en dicho sumario. Ahora bien, en relación a dichos actos, este Órgano de Control Constitucional, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)". A su vez, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." De la interpretación de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el aludido principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción en que la ley de la materia, así lo permita, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En las relatadas condiciones, no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario que se agoten los recursos ordinarios procedentes. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, página. 1272, en la tesis número I.3o.C.44 K, cuyo rubro textualmente dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." En ese sentido, existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios que marca la ley de la materia, previo al ejercicio de la acción constitucional. Así encontramos, que respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo que deban ser revisadas de oficio conforme a las leyes que la rijan o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, deben ser agotados antes de acudir al juicio constitucional, pues de lo contrario se transgrediría el principio de definitividad. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia VI.2oC J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1816, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Así como, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo: XV, Mayo de 2002, Página 902, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De lo anterior, se colige que el recurso que debe tener a su alcance la parte impetrante de garantías para impugnar los actos que combate en esta instancia, es el que se otorga dentro de la Ley que rige el acto reclamado, esto es, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. En esa tesitura tenemos el contenido de los artículos 1.187 y 1.188 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establecen lo siguiente: "Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Artículo 1.188. El incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario será desechado de plano. Se hace sabedora cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal" Los preceptos legales antes transcritos, aluden que en contra de los actos como los que reclama la quejosa y que en este momento se estudian, procede el incidente de nulidad de notificaciones previsto en la legislación de la materia de donde deriva el acto reclamado, mediante el cual, ésta estará en aptitud de impugnar, previo a la interposición del presente juicio de amparo. Se dice lo anterior, toda vez que como se dijo anteriormente en el caso, la parte quejosa reclama el emplazamiento realizado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete dentro del juicio de divorcio incausado 1200/2017, toda vez que aduce se realizó en diverso domicilio. Luego entonces, a través de ese medio de defensa legal, puede lograr la modificación, revocación o nulificación de los actos que tacha de ilegales, sin transgredir el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por tanto, para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario. Ello es así, toda vez que la procedencia del juicio constitucional, está condicionado a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, pues al tener conocimiento sobre la existencia del juicio instaurado en su contra, puede acudir ante el juez responsable para hacer valer las excepciones que considere convenientes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/30, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, Novena Época, Página: 376, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACION, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD. El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles." Y por analogía la tesis V.1o.C.T.105 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, Novena Época, Página 2674, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. QUIEN TIENE CONOCIMIENTO DEL ILEGAL O DEFECTUOSO EMPLAZAMIENTO A JUICIO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA, NO TIENE ESE CARÁCTER Y, POR ENDE, ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL INCIDENTE DE NULIDAD PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Por persona extraña a juicio se entiende aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte, así como también quien habiendo sido señalado como parte, no es llamado a juicio o se le cita en forma contraria a la ley; sin embargo, no puede tenerse con ese carácter al peticionario de garantías, cuando de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de la transgresión que reclama, antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra, ya que en esas condiciones, al tener el carácter de parte en el juicio y no de tercero extraño, está en condiciones de impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que prevén los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, pues a través de ese medio de impugnación se da a los interesados la oportunidad de aportar las pruebas que estimen pertinentes, a fin de justificar la ilegalidad o falta de emplazamiento a juicio que alegan, ya que ésta es la razón fundamental por la cual se da la procedencia del amparo en la vía indirecta, a fin de dar oportunidad al quejoso de defenderse y aportar las pruebas conducentes, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2001, derivada de la contradicción de tesis 23/2000-PL, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 81, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.". Por tanto, de conformidad con la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 114, fracción V, de la ley reglamentaria, el amparo indirecto será procedente cuando el quejoso alegue falta o ilegalidad del emplazamiento y se ostente como persona extraña a juicio por equiparación, siempre y cuando la ley no establezca a favor del afectado o tercero extraño, algún recurso ordinario o medio de defensa, como resulta ser el incidente de nulidad de actuaciones, que también tiene como efecto, modificar o revocar el acto o actos reclamados." Máxime que está acreditado, con las constancias que en esta fecha se reciben, que el procedimiento de origen aún está vigente, pues no se ha celebrado la audiencia inicial; en el entendido que la interlocutoria que declaró la disolución matrimonial, sólo tiene la calidad de enunciativa, en cuanto al vínculo matrimonial y respecto a las medidas provisionales relacionadas con alimentos, sociedad conyugal y patria potestad de menores, según lo establece el artículo 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues será en la sentencia definitiva donde se decida sobre esos aspectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que establece: "DIVORCIO INCAUSADO. AL DECRETARSE SE EMITEN PRONUNCIAMIENTOS PROVISIONALMENTE COMO SON LOS ALIMENTOS, CUYAS DECISIONES NO CONSTITUYEN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, AL SER IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, Y PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).Si se considera a la sentencia, como acto jurídico y como documento, y que los principios de indivisibilidad e inmutabilidad que la rigen, se aplican únicamente a la sentencia como acto jurídico y no al documento que la representa, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas se combata de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley, máxime cuando se trata de resoluciones que deciden dos o más acciones o cuestiones jurídicas que no dependen necesariamente una de la otra, de manera que si una es impugnable ordinariamente, el afectado tendrá que agotar el recurso previsto por la ley, en tanto que si la otra es impugnable en la vía ordinaria, el gobernado afectado podrá atacarla en la vía de amparo, sin que con ello se estime dividida la continencia de la causa, en la medida en que, por tratarse de acciones o cuestiones jurídicas que no dependen entre sí, por no tener el mismo origen, esto es, al tratarse de dos causas diversas expresadas en el mismo documento, no se está en el supuesto de que se dicten dos sentencias contradictorias. De ahí que, si bien la declaración de divorcio resuelve en forma definitiva ese aspecto de la litis natural, que al ser irrecurrible en términos del artículo 2.379 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, debe ser impugnada en amparo directo; lo cierto es que al decretar el divorcio suelen emitirse pronunciamientos provisionalmente, sobre temas relacionados con la disolución del matrimonio, como alimentos provisionales, entre otros, cuyas decisiones no constituyen una sentencia definitiva, porque no resuelven el fondo de esas medidas, ni le ponen fin al juicio, entonces son impugnables en amparo indirecto; y para la procedencia de ese medio extraordinario de impugnación, debe atenderse al principio de definitividad.." (10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 20, Julio de 2015; Tomo II; Pág. 1723) Así como la diversa, tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que establece: "DIVORCIO INCAUSADO. VÍA EN QUE SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).De la interpretación teleológica, sistemática y racional de los artículos 1.192, 1.378, 2.373 a 2.379 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se concluye que la resolución dictada en la segunda audiencia de avenencia puede ser en dos sentidos: uno, declarando la disolución del vínculo matrimonial y aprobando en su totalidad el convenio que sobre sus consecuencias se tengan, respecto de los hijos y el patrimonio; esa decisión se equipara a una sentencia definitiva, porque resuelve el litigio en lo principal y en su contra no procede recurso alguno, por lo que es reclamable en amparo directo, en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo. El otro sentido es aquel en que decide decretar el divorcio, pero no se aprueba total o parcialmente el convenio, entonces debe considerarse un auto dictado en el curso del juicio que, para los efectos del juicio de amparo, debe considerarse definitivo, porque la resolución no resuelve el fondo de una controversia que se genera a consecuencia de no haberse aprobado un convenio sobre las consecuencias del divorcio. Además, la decisión que disuelve el matrimonio es expresamente irrecurrible y las otras cuestiones relacionadas con el tema, por cuanto hace a los hijos y al patrimonio, tampoco pueden ser materia de impugnación por otro recurso ordinario, dada la continencia de la causa que tiene esa resolución, además de que tales determinaciones podrían afectar derechos sustantivos de las partes o de los hijos, o al menos, pueden considerarse como violaciones formales o procesales en grado predominante o superior. Por tanto, esa concreta resolución es impugnable en amparo indirecto, de conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." (10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013; Tomo 3; Pág. 1779). En ese sentido, existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios que marca la ley que rige al acto, previo al ejercicio de la acción constitucional. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XVIII, y 113, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de garantías.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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