José Angel Escobar Gómez
Expediente 1108/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1108/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2023
Partes del expediente
- José Angel Escobar Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de lo que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el mismo HA QUEDADO FIRME. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se ubica en la hipótesis establecida en su artículo 20, fracción II, por ser un asunto sobreseído fuera de audiencia; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que no se formó el incidente de suspensión relativo, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20 del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vistos, el oficio signado por el Jefe de la Unidad Jurídica en representación del Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado y anexa constancias en apoyo al mismo. Asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico, número telefónico y designa a diversas personas como delegados. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos el oficio y anexo referidos. Tocante a las constancias adjuntas al informe de la autoridad oficiante, con apoyo en el precepto 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe, consistente en el oficio ISSSTECH/UJ/0596/2023, de veintiuno de agosto del año en curso, por el que da respuesta a la petición presentada por el quejoso, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, la cual se agregara al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido por la autoridad; asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas mencionadas por así haberlo solicitado. Además, se toma nota del número telefónico y del correo electrónico que proporciona la autoridad para mantener contacto en relación con el presente juicio; en ese sentido, tomando en consideración que se trata de correo electrónico oficial, se deberá tomar nota de dichos datos; para que, en el caso necesario, se pueda entablar comunicación a través de dichos medios, en términos del ordinal 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ahora, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, tomo VI, Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, con registro 394770, que versa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO."1 En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto indicado por la parte quejosa reclamado al Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas; se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo,2 hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL."3 Ahora, la parte impetrante del amparo reclamó de la autoridad responsable 1. Titular dela Dirección General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, la omisión de dar respuesta al escrito de veinte de enero de dos mil veintitrés, presentado ante la autoridad responsable en la data mencionada, en la que solicitó se le explique de manera clara, precisa y congruente, si se le está aplicando el artículo 104 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, cuya última reforma fue el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho o en su caso, el artículo Tercero Transitorio de dicha reforma; asimismo, en el caso de que se aplique éste último, el ajuste de su pensión a salarios mínimos para el año dos mil veintidós, solicitando el pago retroactivo. En esa tesitura, del examen de la documental exhibida por la autoridad responsable, a la que se le concedió pleno valor probatorio; se obtiene que el veinte de enero de dos mil veintitrés, tuvo por recepcionado el escrito del aquí quejoso, y dio respuesta a dicha solicitud en el sentido de que era improcedente ya que por una parte, el reclamo de pago de pensión de los años 2016 al 2021 han prescrito. Por otra parte, le hizo de conocimiento que su pensión le fue otorgado de conformidad con los artículo 104 y 106 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, vigente al momento de su jubilación (2014), especificándole de manera detallada como se han sido reflejados los pagos a su pensión de los años 2016 al 2022. Finalmente, le hizo del conocimiento que no se le está aplicando el artículo 104 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con la reforma realizada el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, explicándole razones del porqué no es así. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo, se insiste, consistió en la omisión de dar respuesta al escrito de veinte de enero de dos mil veintitrés, presentado ante la autoridad responsable en la referida data; sin embargo, fue subsanado con la emisión de la determinación de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Sin que sea obstáculo a lo anterior que la responsable no remitió la constancia de notificación respectiva; sin embargo, manifestó la imposibilidad para hacerlo, con motivo de que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones estaba cerrado. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlo, restituyéndose a dicha inconforme en el goce de su garantía transgredida, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." 5 En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto al acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable en comento. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Sin que obste a lo anterior, el hecho que no se haya dado vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto a la respuesta dada a su escrito de petición, pues contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el pensionado debe acudir a la vía ordinaria laboral, criterio a que se refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 341/2015, de la que derivó la jurisprudencia 66/2016, que enseguida se transcribe: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo."6 En efecto, en la ejecutoria condigna, el Alto Tribunal determinó que cuando un asegurado atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede de manera excepcional el juicio de amparo indirecto sólo contra dicha omisión, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición. Empero, contra la contestación respectiva no procede ampliar la demanda de amparo indirecto, sino que una vez que se tenga conocimiento de la misma, y de estimar que no se satisface su interés, la asegurada o beneficiaria deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 20, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y 94, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. Es aplicable, por analogía, la tesis VI.1o.A.54 K17, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO PROCEDE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) A UNA SOLICITUD QUE SE LE FORMULÓ COMO ENTE ASEGURADOR, ES CONGRUENTE O NO CON LO SOLICITADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 66/2016 (10a.)]. El derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se conforma, a su vez, por diversos derechos que le dan contenido y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, las cuales consisten en: I. Dar respuesta por escrito; II. Que ésta sea congruente con lo solicitado; y, III. Que se dé a conocer al particular en breve término. Sin embargo, tratándose de juicios de amparo promovidos por violación a ese derecho, ante la falta de respuesta a las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de título y subtítulo: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", determinó que su única finalidad es obligar a la autoridad responsable a dar respuesta. Por tanto, el contenido de ésta no puede ser materia del juicio y, en consecuencia, no procede analizar si es congruente o no con lo solicitado." De ahí que, si la parte quejosa efectuó la petición en su carácter de asegurado, la respuesta recaída no puede ser analizada en vía constitucional, sino que deberá hacer valer sus derechos por la vía ordinaria laboral, ya que en este asunto, la actuación del referido instituto carece de las notas que distinguen a un acto que debe considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto al acto y autoridad señalada. Finalmente, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el estado actual que guardan los presente autos de los que se advierte que no obra el informe justificado requerido a la autoridad responsable Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, (ISSTECH), resiente en esta ciudad, ni acuse de recibo que corrobore que se encuentra legalmente notificada de dicho requerimiento; sin soslayarse el hecho de que se encontraba disfrutando del primer periodo vacacional correspondiente a esta anualidad, y que retorno a sus actividades el pasado uno de agosto de dos mil veintitrés. Asimismo, del estado de autos se advierte que este día se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Al efecto, se acuerda: Para dar margen a lo anterior y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante Félix Montejo Maldonado, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial "E" antes Junta Especial Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de siete de julio del año en curso, remite copia certificada del proveído de cinco de julio del año en curso, del que se advierte que señaló las once horas del diez de julio de dos mil veintitrés, para que se lleve a cabo el desahogo de la diligencia de inspección ocular. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. Atento a lo anterior, se REQUIERE para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de su legal notificación, informe el resultado de la diligencia y la determinación tomada al respecto, debiendo remitir las constancias con las que acredite dar cumplimiento a la ejecutoria. Se le reitera que subsiste el apercibimiento decretado en auto de siete de julio de dos mil veintitrés. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y sus respectivas consignaciones. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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