Jose Angel Dominguez Chigo
Expediente 1566/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 40 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1566/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jose Angel Dominguez Chigo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN VIRTUD DE QUE NO ATENDIÓ AL CITATORIO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: PROVEÍDO DE 25-03-2021: "Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, sin que el quejoso lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, párrafo segundo, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, en el presente juicio. Comuníquese a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN, al haberse otorgado el amparo y concedido la suspensión definitiva; por tanto, previo desglose de la demanda, sentencia, la resolución porque se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y, el auto donde se consintió la misma, desglósense las demás constancias que lo integran para su destrucción, una vez que haya transcurrido el término de CINCO AÑOS. Tomando en consideración que el DUPLICADO DEL CUADERNO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con el multicitado Acuerdo General Conjunto número 1/2009; se ordena su guarda por cuerda separada del expediente principal para que transcurridos SEIS MESES, contados a partir de la emisión de este acuerdo. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso ofreció como pruebas de su parte diversos documentos, en tal virtud, con apoyo en el punto décimo primero, párrafo in fine, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa hoja de desglose y toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se le apercibe que en caso de ser omiso, se procederá a su destrucción, de conformidad con el punto décimo primero, último párrafo del citado acuerdo. Finalmente, por recibido el oficio signado por el Fiscal Federal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, mediante el cual solicita que se le informe el estado procesal del presente juicio de amparo, dígasele que se esté a lo ordenado en el presente proveído. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.".NOT.-
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, sin que el quejoso lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, párrafo segundo, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, en el presente juicio. Comuníquese a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN, al haberse otorgado el amparo y concedido la suspensión definitiva; por tanto, previo desglose de la demanda, sentencia, la resolución porque se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y, el auto donde se consintió la misma, desglósense las demás constancias que lo integran para su destrucción, una vez que haya transcurrido el término de CINCO AÑOS. Tomando en consideración que el DUPLICADO DEL CUADERNO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con el multicitado Acuerdo General Conjunto número 1/2009; se ordena su guarda por cuerda separada del expediente principal para que transcurridos SEIS MESES, contados a partir de la emisión de este acuerdo. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso ofreció como pruebas de su parte diversos documentos, en tal virtud, con apoyo en el punto décimo primero, párrafo in fine, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa hoja de desglose y toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se le apercibe que en caso de ser omiso, se procederá a su destrucción, de conformidad con el punto décimo primero, último párrafo del citado acuerdo. Finalmente, por recibido el oficio signado por el Fiscal Federal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, mediante el cual solicita que se le informe el estado procesal del presente juicio de amparo, dígasele que se esté a lo ordenado en el presente proveído. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, nueve de octubre de dos mil veinte. Por recibido el escrito signado por el autorizado en términos amplios del quejoso, por el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, realizando diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede realizar el siguiente pronunciamiento: ANTECEDENTES El doce de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia terminada de engrosar el uno de agosto de dos mil diecinueve, donde se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *****, en contra de los actos y por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***** en contra de los actos que precisados quedaron en el último considerando del presente fallo, por las razones ahí indicadas." Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cuál fue tramitado por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de toca R.A. 435/2019, y que fue resuelto en sesión de tres de agosto de dos mil veinte, a lo que la superioridad resolvió lo siguiente: "[.] Con motivo de lo expuesto, resulta claro que en el procedimiento de remoción ****, del índice la entonces Procuraduría General de la República, se DEBIÓ RESOLVER tomando en cuenta el sobreseimiento total de la causa criminal que le dio origen, al haberse extinguido la acción penal a favor del quejoso con efectos de sentencia absolutoria firme. En tales condiciones, lo que procede es CONCEDER EL AMPARO solicitado por José Ángel Domínguez Chigo, para el efecto de que el Director General de Procedimientos de Remoción de la entonces Procuraduría General de la República: 1.- Atienda lo expuesto en esta ejecutoria, así como lo resuelto en el diverso procedimiento de separación ******, también iniciado en contra de José Ángel Domínguez Chigo y; 2.- Ordene que se resuelva el procedimiento de remoción *****, del índice de la entonces Procuraduría General de la República, iniciado en contra de José Ángel Domínguez Chigo, tomando en cuenta el sobreseimiento total de la causa criminal que le dio origen, al haberse extinguido la acción penal a favor del quejoso con efectos de sentencia absolutoria firme¸ dictando para ello todas las medidas necesarias y consecuentes respectivas. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto de origen promovido por ****, respecto de todos los actos reclamados derivados de la carpeta de investigación ******, del índice de la entonces Procuraduría General de la República, así como de todas las normas generales que, con motivo de sus respectivos actos de aplicación, emanan de la referida carpeta; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, en contra del procedimiento de remoción *****, del índice de la entonces Procuraduría General de la República, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria." En auto de dos de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito, y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO Por oficio de dieciocho de septiembre de la presente anualidad, el Director General de Procedimientos de Remoción de la Fiscalía General de la República, remitió copia certificada del auto de diecisiete de septiembre y de la resolución de dieciocho de septiembre, ambos de dos mil veinte, dictados en el procedimiento de remoción *****, en la que resolvió lo siguiente: "Por lo que atentos a lo anterior, y al tener a la vista cada una de las constancias que integran el expediente objeto de la presente resolución, principalmente los elementos de prueba que fueron aportados por el propio procedimiento consistentes en la Constancia de la Determinación sobre la Suspensión Condicional del Proceso de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en la causa penal 717/2017 seguida en contra de ****** Y OTROS; el sobreseimiento de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en la citada causa penal, la revisión de condiciones de sobreseimiento de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; las cuales son considerados como elementos de prueba plena, en términos de los artículos 133 y 159 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los diversos numerales 129, 130, 197 y 2020 del Código Federal de Procedimientos Civiles, todos de aplicación supletoria al presente asunto, .; en los que se estima que lo anterior tiene efectos trascendentales en cualquier procedimiento o proceso en el que se pretenda acusar a alguien, así como en cada una de sus fases, independientemente de la etapa en la que se encuentre, siendo como principal vertiente a cumplir: La carga de la prueba para quien acusa y, por ende, la absolución en caso de duda. Que no restrinja o limite de sus derechos fundamentales, sobre todo los que inciden en su libertad personal, con motivo del proceso que se instaura en su contra. Que exista una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Vertientes que en el presente asunto se actualizan, ya que en lo que hace a la primera de ellas, la carga de la prueba respecto de los hechos que se le atribuye a ****, lo cual correspondió aportar a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la entonces Visitaduría General hoy Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, mismos que, aún y cuando fueron adosados al oficio por el que formuló la Vista **** de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en ellos sólo se adjuntó la copia de la carpeta de investigación *****, en la que como última actuación procedimental corresponde a la Constancia de Determinación Sobre la Suspensión Condicional del Proceso, de siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, dentro de la causa penal 717/2017, seguida en contra del aquí procedimentado, la cual permitió a esta instancia tener por presumida hasta esa fecha, la conducta irregular que se le atribuyó, dado que a la fecha del inicio de procedimiento de remoción VG/PR/023/2018 (dos de octubre de dos mil dieciocho), no se tenía conocimiento de la existencia de una sentencia firme que determinara ya sea su plena responsabilidad en la comisión del delito atribuido, o en su caso la absolución de dicho delito, ello, sin dejar de lado, la independencia de cada una de las materias, y por ende la independencia de los elementos de prueba de cada uno de los procesos; que una vez que se citó al incoado a rendir el informe sobre los hechos y rindió las pruebas correspondientes (treinta de noviembre de dos mil dieciocho), ofreciendo y arguyendo que a la fecha de la citación del presente procedimiento, ya se había concluido el proceso penal seguido en su contra por medio del sobreseimiento total del procedimiento penal 717/2017 al haberse extinguido la acción penal, por cumplimiento de la salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, ordenándose el archivo definitivo de la carpeta de investigación correspondiente y con ello, dicha determinación causó firmeza en audiencia (treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho), hecho con el cual, resulta relevante citar que el Juez de conocimiento, no entró al fondo del asunto que se ventiló en la causa penal 717/2017; a más de lo anterior, no debe perderse de vista que en las audiencias donde se consideró la salida alterna, se encontraba presente personal a cargo de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la entonces Visitaduría General hoy Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, sin que en ninguno de los casos, se restringiera ninguno de los derechos fundamentales que en todo caso, hubieran incidido en la libertad personal, con lo cual se satisface la segunda de las vertientes; finalmente, respecto a la última vertiente, en efecto obra una norma que ordena al resto de las autoridades a la absolución del inculpado, toda ve que como se ha analizado en los párrafos supracitados, en apego a lo establecido en los artículos ., el sobreseimiento de la causa penal, tiene el efecto de una sentencia absolutoria que constituye el derecho finalmente reconocido, y pone fin al procedimiento inhibiendo una nueva persecución por el mismo delito; lo que incide en el presente procedimiento en razón de la eficacia refleja de la cosa juzgada, en términos de la tesis citada anteriormente de rubro "COSA JUZGADA. SU EFICACIA REFLEJA SE EXIENTE A ASPECTOS AUN NO DECIDIDOS EXPRESAMENTE EN EL JUICIO PRIMIGENIO"; en consecuencia, en identidad de condiciones, dicho principio de presunción, ha de aplicarse al ámbito administrativo sancionador con sus respectivos matices, como en el caso que nos atañe; por lo cual la presunción de inocencia al ser considerada como derecho fundamental y por ende, de aplicación directa e inmediata, lleva a esta Dirección General de Procedimientos de Remoción adscrita al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República -como se ha reiterado-; a garantizar la protección máxima de los Derechos Humanos que tiene todo gobernado, vinculando nuestra actuación a la debida aplicación de la interpretación más favorable que procure la mayor protección de ese derecho que se pretende proteger.-. [.] Determinación, en la que se valoró los motivos expuestos en la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, que emitió el Consejo de Profesionalización de la entonces Procuraduría General de la República hoy Fiscalía General de la República, en el expediente administrativo de separación número CP/SEP/021/18 y que el procedimientado ofreciera como prueba superveniente. Por los motivos expuestos y una vez analizado y valorado el cúmulo probatorio que conforma el disciplinario que se resuelve, para fijar el resultado final, en los términos que han quedado precisados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos ., respectivamente; esta Instancia Administrativa, determina que se ha actualizado la causal establecida en el artículo 348 del citado código adjetivo, en el que se señala que si al estudiar previamente las excepciones alguna de éstas, se declara procedente y se abstendrá la Autoridad de entrar al fondo del negocio; por lo que en ese sentido, es dable concluir que esta instancia administrativa, no puede entrar al fondo del asunto de que se trata el presente asunto, dado que, como se ha analizado en el cuerpo de la presente resolución, la presunta conducta irregular que se ventila, ya fue resuelta en otra instancia en atención a los artículos 186, 189 y 302 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el sobreseimiento de la causa penal por cumplimiento de la solución alterna fijada, con efectos de sentencia absolutoria, y con ello se causó ejecutoria, resaltándose con tal solución alterna, no se entró al fondo del asunto; luego entonces, en identidad de conductas que devienen del mismo hecho, la misma suerte debe correr para la conclusión del presente procedimiento, y con ello, se concluye que las presuntas irregularidades atribuidas a ****, no constituyen responsabilidad administrativa, más allá de toda duda razonable y que en su caso, pudieren actualizar la causa de responsabilidad prevista en el artículo 62, fracción XI, por el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 63, fracción VII, ambos dispositivos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ., y consecuentemente, en apego a lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, antes citada, se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa de ******, por las imputaciones contenidas en el oficio de Vista génesis. [.] VII.- LEVANTAMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL. Como ha quedado señalado en el resultando SEGUNDO de la presente resolución, con fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se determinó la suspensión temporal de *****, por lo que atentos al presente resultado, lo procedente es que se levante la determinación en cita, y se giren oficios a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Institución, para que en el ámbito de sus facultades y efectos legales a que haya lugar, sea restituido *****, en el goce de cada uno de sus derechos del que se le hubiere privado desde la fecha de la aplicación de la misma; al Titular de la Policía Federa Ministerial, a efecto de que en el ámbito de su competencia, le sean asignadas las funciones correspondientes, al citado servidor público, con motivo de la presente determinación, y finalmente al Director General del Servicio de Carrera, para los efectos legales convenientes; de conformidad con el artículo 74, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicable de conformidad con el Transitorio Tercero, del Decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; así como por los acuerdos *****, publicado en dicho medio electrónico los días nueve de mayo y cinco de septiembre ambos de dos mil diecinueve, respectivamente. Aunado a lo anterior, se deberá girar oficio al Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, por ser quien presentó el oficio por el que se dio la Vista que generó el inicio del expediente que por esta vía se resuelve; lo anterior, para su conocimiento y efectos legales que en el ámbito de su competencia corresponda; debiendo registrarse de igual manera en la base de datos de esta Dirección General de Procedimientos de Remoción adscrita al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, como asunto total y definitivamente concluido; únicamente por lo que respecta a JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ CHIGO, lo anterior, de conformidad con lo establecido por los artículos 19, fracción VI y 75, fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintit´res de julio de dos mil doce. [.] Por lo anteriormente expuesto, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el Considerando VI, de la presente resolución se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa de *****, respecto de la irregularidad que se le atribuyó en el oficio ******, por el que se formuló la Vista por la Directora General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la entonces Visitaduría General hoy Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. SEGUNDO.- Se determine el levantamiento de la determinación de suspensión temporal a ****, que fue dictada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en autos del expediente citado al rubro, en atención a los razonamientos que han quedado descritos en el Considerando VI, de la presente determinación. TERCERO.- Notifíquese la presente determinación a *****, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. CUARTO.- Gírense oficios a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Institución, para que en el ámbito de sus facultades y efectos legales a que haya lugar, sea restituido ******, en el goce de cada uno de sus derechos de los que se le hubiere privado desde la fecha de la aplicación de la misma; al Titular de la Policía Federal Ministerial, a efecto de que en el ámbito de su competencia, le san asignadas las funciones correspondientes al citado servidor público, con motivo de la presente determinación, y finalmente al Director General del Servicio de Carrera, para los efectos legales correspondientes. QUINTO.- Comuníquese la presente determinación al Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, para su conocimiento, registro y efectos administrativos que en el ámbito de sus respectivas competencias correspondan, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República." A través de escrito presentado en este Juzgado el dos de octubre del año en curso, la parte quejosa manifestó estar parcialmente conforme con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. CONCLUSIÓN Ahora bien, del análisis de las documentales destacadas con antelación, se advierte que el Director General de Procedimientos de Remoción adscrito al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, emitió una resolución en la que resolvió el procedimiento de remoción VG/PR/023/2018, de su índice; en la que tomó en consideración el sobreseimiento total de la causa criminal que le dio origen, al haberse extinguido la acción penal a favor de **** con efectos de sentencia absolutoria firme, por lo que dejó sin efectos la suspensión temporal del quejoso y ordenó la restitución de todos los derechos de los que hubiere sido privado desde la aplicación de la misma. Sin que pase inadvertido, que la parte quejosa manifiesta que para determinar que la sentencia de amparo ha quedado cabalmente cumplida, deberá observarse el cumplimiento al resolutivo cuarto de la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, como es la restitución de su cargo y el pago de las remuneraciones diarias ordinarias y demás prestaciones que dejó de percibir el quejoso con motivo de la ilegal suspensión; sin embargo, tal circunstancia no fue materia de la protección constitucional otorgada, ya que ésta se circunscribió a que la responsable resolviera el procedimiento de remoción VG/PR/023/2018, tomando en consideración el sobreseimiento total de la causa penal 717/2017, iniciada en contra del quejoso, lo cual ya aconteció, tal como quedó precisado en párrafos precedentes. Por tanto, es evidente que la restitución de su cargo y el pago de las remuneraciones diarias ordinarias no fue materia de la concesión otorgada dentro del presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, toda vez que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento al fallo constitucional; en consecuencia, en términos del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que la sentencia SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, EN VIRTUD DE QUE NO ATENDIÓ AL CITATORIO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: 09/10/2020:"Ciudad de México, nueve de octubre de dos mil veinte. Por recibido el escrito signado por el autorizado en términos amplios del quejoso, por el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, realizando diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede realizar el siguiente pronunciamiento: ANTECEDENTES El doce de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia terminada de engrosar el uno de agosto de dos mil diecinueve, donde se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *****, en contra de los actos y por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***** en contra de los actos que precisados quedaron en el último considerando del presente fallo, por las razones ahí indicadas." Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cuál fue tramitado por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de toca R.A. 435/2019, y que fue resuelto en sesión de tres de agosto de dos mil veinte, a lo que la superioridad resolvió lo siguiente: "[.] Con motivo de lo expuesto, resulta claro que en el procedimiento de remoción ****, del índice la entonces Procuraduría General de la República, se DEBIÓ RESOLVER tomando en cuenta el sobreseimiento total de la causa criminal que le dio origen, al haberse extinguido la acción penal a favor del quejoso con efectos de sentencia absolutoria firme. En tales condiciones, lo que procede es CONCEDER EL AMPARO solicitado por José Ángel Domínguez Chigo, para el efecto de que el Director General de Procedimientos de Remoción de la entonces Procuraduría General de la República: 1.- Atienda lo expuesto en esta ejecutoria, así como lo resuelto en el diverso procedimiento de separación ******, también iniciado en contra de José Ángel Domínguez Chigo y; 2.- Ordene que se resuelva el procedimiento de remoción *****, del índice de la entonces Procuraduría General de la República, iniciado en contra de José Ángel Domínguez Chigo, tomando en cuenta el sobreseimiento total de la causa criminal que le dio origen, al haberse extinguido la acción penal a favor del quejoso con efectos de sentencia absolutoria firme¸ dictando para ello todas las medidas necesarias y consecuentes respectivas. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto de origen promovido por ****, respecto de todos los actos reclamados derivados de la carpeta de investigación ******, del índice de la entonces Procuraduría General de la República, así como de todas las normas generales que, con motivo de sus respectivos actos de aplicación, emanan de la referida carpeta; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, en contra del procedimiento de remoción *****, del índice de la entonces Procuraduría General de la República, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria." En auto de dos de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito, y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO Por oficio de dieciocho de septiembre de la presente anualidad, el Director General de Procedimientos de Remoción de la Fiscalía General de la República, remitió copia certificada del auto de diecisiete de septiembre y de la resolución de dieciocho de septiembre, ambos de dos mil veinte, dictados en el procedimiento de remoción *****, en la que resolvió lo siguiente: "Por lo que atentos a lo anterior, y al tener a la vista cada una de las constancias que integran el expediente objeto de la presente resolución, principalmente los elementos de prueba que fueron aportados por el propio procedimiento consistentes en la Constancia de la Determinación sobre la Suspensión Condicional del Proceso de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en la causa penal 717/2017 seguida en contra de ****** Y OTROS; el sobreseimiento de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en la citada causa penal, la revisión de condiciones de sobreseimiento de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; las cuales son considerados como elementos de prueba plena, en términos de los artículos 133 y 159 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los diversos numerales 129, 130, 197 y 2020 del Código Federal de Procedimientos Civiles, todos de aplicación supletoria al presente asunto, .; en los que se estima que lo anterior tiene efectos trascendentales en cualquier procedimiento o proceso en el que se pretenda acusar a alguien, así como en cada una de sus fases, independientemente de la etapa en la que se encuentre, siendo como principal vertiente a cumplir: La carga de la prueba para quien acusa y, por ende, la absolución en caso de duda. Que no restrinja o limite de sus derechos fundamentales, sobre todo los que inciden en su libertad personal, con motivo del proceso que se instaura en su contra. Que exista una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Vertientes que en el presente asunto se actualizan, ya que en lo que hace a la primera de ellas, la carga de la prueba respecto de los hechos que se le atribuye a ****, lo cual correspondió aportar a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la entonces Visitaduría General hoy Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, mismos que, aún y cuando fueron adosados al oficio por el que formuló la Vista **** de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en ellos sólo se adjuntó la copia de la carpeta de investigación *****, en la que como última actuación procedimental corresponde a la Constancia de Determinación Sobre la Suspensión Condicional del Proceso, de siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, dentro de la causa penal 717/2017, seguida en contra del aquí procedimentado, la cual permitió a esta instancia tener por presumida hasta esa fecha, la conducta irregular que se le atribuyó, dado que a la fecha del inicio de procedimiento de remoción VG/PR/023/2018 (dos de octubre de dos mil dieciocho), no se tenía conocimiento de la existencia de una sentencia firme que determinara ya sea su plena responsabilidad en la comisión del delito atribuido, o en su caso la absolución de dicho delito, ello, sin dejar de lado, la independencia de cada una de las materias, y por ende la independencia de los elementos de prueba de cada uno de los procesos; que una vez que se citó al incoado a rendir el informe sobre los hechos y rindió las pruebas correspondientes (treinta de noviembre de dos mil dieciocho), ofreciendo y arguyendo que a la fecha de la citación del presente procedimiento, ya se había concluido el proceso penal seguido en su contra por medio del sobreseimiento total del procedimiento penal 717/2017 al haberse extinguido la acción penal, por cumplimiento de la salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, ordenándose el archivo definitivo de la carpeta de investigación correspondiente y con ello, dicha determinación causó firmeza en audiencia (treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho), hecho con el cual, resulta relevante citar que el Juez de conocimiento, no entró al fondo del asunto que se ventiló en la causa penal 717/2017; a más de lo anterior, no debe perderse de vista que en las audiencias donde se consideró la salida alterna, se encontraba presente personal a cargo de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la entonces Visitaduría General hoy Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, sin que en ninguno de los casos, se restringiera ninguno de los derechos fundamentales que en todo caso, hubieran incidido en la libertad personal, con lo cual se satisface la segunda de las vertientes; finalmente, respecto a la última vertiente, en efecto obra una norma que ordena al resto de las autoridades a la absolución del inculpado, toda ve que como se ha analizado en los párrafos supracitados, en apego a lo establecido en los artículos ., el sobreseimiento de la causa penal, tiene el efecto de una sentencia absolutoria que constituye el derecho finalmente reconocido, y pone fin al procedimiento inhibiendo una nueva persecución por el mismo delito; lo que incide en el presente procedimiento en razón de la eficacia refleja de la cosa juzgada, en términos de la tesis citada anteriormente de rubro "COSA JUZGADA. SU EFICACIA REFLEJA SE EXIENTE A ASPECTOS AUN NO DECIDIDOS EXPRESAMENTE EN EL JUICIO PRIMIGENIO"; en consecuencia, en identidad de condiciones, dicho principio de presunción, ha de aplicarse al ámbito administrativo sancionador con sus respectivos matices, como en el caso que nos atañe; por lo cual la presunción de inocencia al ser considerada como derecho fundamental y por ende, de aplicación directa e inmediata, lleva a esta Dirección General de Procedimientos de Remoción adscrita al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República -como se ha reiterado-; a garantizar la protección máxima de los Derechos Humanos que tiene todo gobernado, vinculando nuestra actuación a la debida aplicación de la interpretación más favorable que procure la mayor protección de ese derecho que se pretende proteger.-. [.] Determinación, en la que se valoró los motivos expuestos en la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, que emitió el Consejo de Profesionalización de la entonces Procuraduría General de la República hoy Fiscalía General de la República, en el expediente administrativo de separación número CP/SEP/021/18 y que el procedimientado ofreciera como prueba superveniente. Por los motivos expuestos y una vez analizado y valorado el cúmulo probatorio que conforma el disciplinario que se resuelve, para fijar el resultado final, en los términos que han quedado precisados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos ., respectivamente; esta Instancia Administrativa, determina que se ha actualizado la causal establecida en el artículo 348 del citado código adjetivo, en el que se señala que si al estudiar previamente las excepciones alguna de éstas, se declara procedente y se abstendrá la Autoridad de entrar al fondo del negocio; por lo que en ese sentido, es dable concluir que esta instancia administrativa, no puede entrar al fondo del asunto de que se trata el presente asunto, dado que, como se ha analizado en el cuerpo de la presente resolución, la presunta conducta irregular que se ventila, ya fue resuelta en otra instancia en atención a los artículos 186, 189 y 302 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el sobreseimiento de la causa penal por cumplimiento de la solución alterna fijada, con efectos de sentencia absolutoria, y con ello se causó ejecutoria, resaltándose con tal solución alterna, no se entró al fondo del asunto; luego entonces, en identidad de conductas que devienen del mismo hecho, la misma suerte debe correr para la conclusión del presente procedimiento, y con ello, se concluye que las presuntas irregularidades atribuidas a ****, no constituyen responsabilidad administrativa, más allá de toda duda razonable y que en su caso, pudieren actualizar la causa de responsabilidad prevista en el artículo 62, fracción XI, por el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 63, fracción VII, ambos dispositivos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ., y consecuentemente, en apego a lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, antes citada, se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa de ******, por las imputaciones contenidas en el oficio de Vista génesis. [.] VII.- LEVANTAMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL. Como ha quedado señalado en el resultando SEGUNDO de la presente resolución, con fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se determinó la suspensión temporal de *****, por lo que atentos al presente resultado, lo procedente es que se levante la determinación en cita, y se giren oficios a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Institución, para que en el ámbito de sus facultades y efectos legales a que haya lugar, sea restituido *****, en el goce de cada uno de sus derechos del que se le hubiere privado desde la fecha de la aplicación de la misma; al Titular de la Policía Federa Ministerial, a efecto de que en el ámbito de su competencia, le sean asignadas las funciones correspondientes, al citado servidor público, con motivo de la presente determinación, y finalmente al Director General del Servicio de Carrera, para los efectos legales convenientes; de conformidad con el artículo 74, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicable de conformidad con el Transitorio Tercero, del Decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; así como por los acuerdos *****, publicado en dicho medio electrónico los días nueve de mayo y cinco de septiembre ambos de dos mil diecinueve, respectivamente. Aunado a lo anterior, se deberá girar oficio al Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, por ser quien presentó el oficio por el que se dio la Vista que generó el inicio del expediente que por esta vía se resuelve; lo anterior, para su conocimiento y efectos legales que en el ámbito de su competencia corresponda; debiendo registrarse de igual manera en la base de datos de esta Dirección General de Procedimientos de Remoción adscrita al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, como asunto total y definitivamente concluido; únicamente por lo que respecta a JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ CHIGO, lo anterior, de conformidad con lo establecido por los artículos 19, fracción VI y 75, fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintit´res de julio de dos mil doce. [.] Por lo anteriormente expuesto, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el Considerando VI, de la presente resolución se determina la inexistencia de responsabilidad administrativa de *****, respecto de la irregularidad que se le atribuyó en el oficio ******, por el que se formuló la Vista por la Directora General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la entonces Visitaduría General hoy Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. SEGUNDO.- Se determine el levantamiento de la determinación de suspensión temporal a ****, que fue dictada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en autos del expediente citado al rubro, en atención a los razonamientos que han quedado descritos en el Considerando VI, de la presente determinación. TERCERO.- Notifíquese la presente determinación a *****, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. CUARTO.- Gírense oficios a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Institución, para que en el ámbito de sus facultades y efectos legales a que haya lugar, sea restituido ******, en el goce de cada uno de sus derechos de los que se le hubiere privado desde la fecha de la aplicación de la misma; al Titular de la Policía Federal Ministerial, a efecto de que en el ámbito de su competencia, le san asignadas las funciones correspondientes al citado servidor público, con motivo de la presente determinación, y finalmente al Director General del Servicio de Carrera, para los efectos legales correspondientes. QUINTO.- Comuníquese la presente determinación al Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, para su conocimiento, registro y efectos administrativos que en el ámbito de sus respectivas competencias correspondan, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República." A través de escrito presentado en este Juzgado el dos de octubre del año en curso, la parte quejosa manifestó estar parcialmente conforme con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. CONCLUSIÓN Ahora bien, del análisis de las documentales destacadas con antelación, se advierte que el Director General de Procedimientos de Remoción adscrito al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, emitió una resolución en la que resolvió el procedimiento de remoción VG/PR/023/2018, de su índice; en la que tomó en consideración el sobreseimiento total de la causa criminal que le dio origen, al haberse extinguido la acción penal a favor de **** con efectos de sentencia absolutoria firme, por lo que dejó sin efectos la suspensión temporal del quejoso y ordenó la restitución de todos los derechos de los que hubiere sido privado desde la aplicación de la misma. Sin que pase inadvertido, que la parte quejosa manifiesta que para determinar que la sentencia de amparo ha quedado cabalmente cumplida, deberá observarse el cumplimiento al resolutivo cuarto de la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, como es la restitución de su cargo y el pago de las remuneraciones diarias ordinarias y demás prestaciones que dejó de percibir el quejoso con motivo de la ilegal suspensión; sin embargo, tal circunstancia no fue materia de la protección constitucional otorgada, ya que ésta se circunscribió a que la responsable resolviera el procedimiento de remoción VG/PR/023/2018, tomando en consideración el sobreseimiento total de la causa penal 717/2017, iniciada en contra del quejoso, lo cual ya aconteció, tal como quedó precisado en párrafos precedentes. Por tanto, es evidente que la restitución de su cargo y el pago de las remuneraciones diarias ordinarias no fue materia de la concesión otorgada dentro del presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, toda vez que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento al fallo constitucional; en consecuencia, en términos del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que la sentencia SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.-".NOT.-
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