Jose Angel Domingo Fierro Miranda

Expediente 23/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
23/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Jose Angel Domingo Fierro Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo del Notario Público Número Veintinueve del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual realiza diversas manifestaciones relacionadas al inmueble materia de la litis, sin embargo, no se realiza mayor pronunciamiento, toda vez que de autos se advierte que no es parte dentro del presente juicio, ni este órgano jurisdiccional le ha requerido ninguna información. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Los actos reclamados materia de análisis de este juicio fueron los siguientes I. Del Tribual de Arbitraje del Estado de Puebla a) La resolución interlocutoria de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del incidente de liquidación de laudo relativo al juicio laboral D-239/2014. II. Del Actuario del Tribual de Arbitraje del Estado de Puebla b) La diligencia de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual requirió al demandado para que reinstalara en su fuente de trabajo a la actora Ana Lilia Macías Quiroz, en los términos y condiciones que venía laborando. c) La diligencia de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, a través de la cual hizo constar el requerimiento de pago realizado al demandado, respecto de la cantidad a que fue condenado dentro del juicio laboral D-239/2014. Por resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, a través de la Síndico Municipal María de Jesús Rosales Rueda, contra del acto del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para los siguientes efectos - Deje insubsistente la resolución interlocutoria de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y, emita otra, con libertad de jurisdicción, pero tomando como punto de partida la fecha de diecisiete de junio de dos mil catorce, para realizar la cuantificación de los salarios caídos o vencidos a favor de la actora Ana Lilia Macías Quiroz." En consecuencia, una vez transcurrido el término sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el trece de marzo de dos mil veinte la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Posteriormente, mediante oficio 1615/2020 de los Magistrados Integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, recibido en la oficialía de este Juzgado el seis de octubre de dos mil veinte, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitieron copia certificada de la resolución emitida el cinco de octubre de dos mil veinte, dentro del incidente de nulidad de actuaciones, de la que se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente laboral D-239/2014, de su índice. Declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por María de Jesús Rosales Rueda, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla -aquí parte quejosa-. Señaló las diez horas del veinte de octubre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de liquidación correspondiente. Luego, por oficio 2027/2020 de los Integrantes del Tribunal responsable remitieron copia certificada de la audiencia de liquidación celebrada a las diez horas del veinte de octubre de dos mil veinte, correspondiente al juicio D-239/2014, de su índice, de la que se aprecia que se turnaron los autos al auxiliar para emitir la resolución respectiva. De igual forma, por oficio 2277/2020 recibido el cinco de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable envió copia certificada de la resolución interlocutoria del incidente de liquidación dictada el cuatro de noviembre de dos mil veinte, correspondiente al juicio D-239/2014, de su índice. Por lo anterior, el seis de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por los Magistrados Integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por los Magistrados Integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que se realizó lo siguiente Dejó insubsistente la resolución interlocutoria de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, emitió otra, con libertad de jurisdicción, tomando como punto de partida la fecha de diecisiete de junio de dos mil catorce, para realizar la cuantificación de los salarios caídos o vencidos a favor de la actora Ana Lilia Macías Quiroz. Lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por otra parte, respecto a las manifestaciones vertidas por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla en el ocurso recibido en este juzgado de Distrito el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que manifiesta que el cumplimiento fue incompleto, sin embargo, dígasele a la parte quejosa que deberá estarse a lo resuelto en el presente proveído. Ello, toda vez que los efectos de la concesión del amparo dentro del presente juicio, fueron los siguientes - Deje insubsistente la resolución interlocutoria de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y, emita otra, con libertad de jurisdicción, pero tomando como punto de partida la fecha de diecisiete de junio de dos mil catorce, para realizar la cuantificación de los salarios caídos o vencidos a favor de la actora Ana Lilia Macías Quiroz." Y como se precisó en los párrafos que anteceden, al realizar el estudio de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que dio cumplimiento a cada uno de los efectos por los cuales se concedió la protección federal. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18 fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que por una parte se determinó sobreseer y por otra conceder el amparo solicitado. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso c, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso por una parte se concedió y por otra se negó la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente, así como los cuadernos incidentales carecen de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destacan las Circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, signadas -electrónicamente- por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo, relativa a las "Propuestas de medidas que deben adoptarse del 1 al 17 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", mediante las cuales se decretó que del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en la referida circular en la fracción II, numeral 16 se determinó que Puebla (Sexto Circuito), deberá de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, V, VI y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional y se señalan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional; cuya reanudación de plazos operará, hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el referido portal de servicios en línea. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Santiago Soberanes Azar, en contra de los actos reclamados del Juez y Diligenciaria, ambos adscrito al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla; así como del Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Atlixco, Puebla, los cuales quedaron precisados en el considerando segundo, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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