José Ángel Cuaxospa Blancas
Expediente 85/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Ángel Cuaxospa Blancas
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la sentencia de veinticinco de febrero del dos mil veintidós, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1233/2020-II, promovido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer por conducto de su apoderado legal Alejandro Benz Flores. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el diez de diciembre de dos mil veinte en el buzón judicial de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido por dicha oficialía y turnado a este órgano el siguiente día, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer por conducto de su apoderado legal Alejandro Benz Flores solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Federal, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo con el número 1233/2020-II, se admitió la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al tercero interesado Erick Javier Antunez Alvarado; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la que luego de haber sido diferida inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables precisadas. El emplazamiento realizado a BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer en el expediente laboral 01/3364/11-JE1, actualmente radicado en la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, todo lo actuado en el mismo incluido el laudo y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, así como al Actuario adscrito a ésta, pues así lo manifestaron expresamente al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna tendiente a desvirtuarlo. En ese sentido, si bien dichas autoridades conocieron de inicio el juicio laboral de origen, lo cierto es que como lo refiere por lo actuado por la Junta con motivo del decreto decreto 5085 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos el veinticuatro de abril de dos mil trece, se ordenó el returno de los asuntos laborales siendo returnado el expediente laboral 01/3364/11-JE1 a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, quien substanció el juicio laboral y dictó el laudo. Por tanto, se tienen por inexistentes los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y el Actuario adscrito; luego se sobresee en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicha Junta, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Esto es así, sin que pase inadvertido para quien resuelve que la diligencia de emplazamiento combatida fue ordenada y practicada por una autoridad diversa, en el caso, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, toda vez que mediante decreto 5085 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos el veinticuatro de abril de dos mil trece, se ordenó el returno -en lo que interesa- el expediente laboral 01/3364/11-JE1 a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, quien es la autoridad que actualmente conoce del expediente que nos ocupa. Lo que se corrobora de las constancias que en copia certificada anexó a su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, relativas al juicio laboral 01/3364/2011-JE1, en las que obran el citatorio, razones actuariales, emplazamiento practicado y laudo emitido en el juicio de origen. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. De manera inicial, es útil precisar que el presente asunto se estudiará y resolverá conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigentes al momento de la presentación de la demanda laboral en el expediente de origen, es decir ocho de diciembre de dos mil once. Además, se precisa que conforme a la técnica de estudio en el juicio de amparo, el acto que se examinará en primer lugar, es el emplazamiento de la demandada, pues es la primera actuación de la secuencia del juicio, además, porque el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación; por ende, si de éste acto procesal derivan las demás etapas procesales hasta llegar a la resolución final, entonces, en caso de que se concediera la protección constitucional, tendría como consecuencia que quedaran sin efectos las demás actuaciones reclamadas en este juicio, y si se niega aquélla, se resolvería conforme competencia escalonada. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia P./J. 70/2010, con registro 189964, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 9, Novena Época, de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005)." Precisado lo anterior, es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal el primer concepto de violación expuesto por la parte quejosa quien adujo lo siguiente: La responsable vulnera el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dejar de observar lo ordenado por el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, puesto que al realizarse la diligencia de emplazamiento, el fedatario no se cercioró si el quejoso habitaba, trabajaba, tenía su domicilio o su asiento de negocios, en el lugar en el que se constituyó. A fin de advertir lo fundado del primer concepto de violación, se impone relatar las actuaciones principales del juicio laboral de origen: 1. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil once, Erick Javier Antunez Alvarado demandó al hoy quejoso y otras personas, diversas prestaciones laborales; la demanda fue radicada en la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos con el número 01/3364/11, y en la que se ordenó emplazar a los demandados, entre ellos el ahora quejoso. 2. Mediante diligencias de tres y cuatro de enero de dos mil doce, el actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realizó el emplazamiento de la parte demandada. 3. Mediante decreto 5085 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos el veinticuatro de abril de dos mil trece, se ordenó el returno de los asuntos laborales, siendo returnado el expediente laboral 01/3364/11-JE1 a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. 4. El catorce de agosto de dos mil doce se desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que se certificó que no compareció la ahora quejosa, allá parte demandada, y el uno de junio de dos mil veinte se dictó laudo en el juicio laboral de origen en el que se condenó al ahora peticionario de amparo, así como a diversos demandados al pago y cumplimiento de las prestaciones reclamadas por la parte actora. Ahora bien, como se mencionó en párrafos precedentes, el concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, por las consideraciones que enseguida se expondrán. Como argumento esencial la parte quejosa arguye que la diligencia de emplazamiento viola lo dispuesto por los artículos 742 y 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, puesto que el Actuario responsable no se cercioró si el demandado, hoy quejoso, habitaba, trabajaba, tenía su domicilio o su asiento de negocios, en el lugar en el que se constituyó y desahogó la diligencia de emplazamiento. Es conveniente destacar que el emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional, destinado a hacer saber a una persona la existencia de una demanda que se ha interpuesto en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica, ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 47/95, de número de registro 200234, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora bien, los artículos 742, fracción I, y 743, de la Ley Federal del Trabajo, en la parte que interesa establecen lo siguiente: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; [.]" "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I.- El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará, la resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla. III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; [.] En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." Con base en los preceptos invocados se advierte la obligación del actuario de cerciorarse al momento de realizar el emplazamiento, que la persona buscada, destinataria de la notificación habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación. Para el caso de no estar presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para su espera al día siguiente, a una hora determinada. Como se observa, el último párrafo del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo establece que el actuario está obligado a asentar razón exponiendo con claridad los elementos de convicción en que se apoye. Es decir deberá asentar de manera pormenorizada los elementos por los cuales le generen la convicción y a través de la cual ponga de manifiesto el cercioramiento de que la persona notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. También deberá exponer en esa razón si entregó copia de la resolución al interesado o a su representante. Establecido lo anterior, conviene verificar si las diligencias de emplazamiento cumplen con los requisitos expuestos en los párrafos precedentes. De la razón de los citatorios se advierte que el fedatario público asentó lo siguiente: "EN CUERNAVACA, MORELOS SIENDO LAS trece HORAS CON diez MINUTOS DEL DÍA tres DEL MES DE enero DEL AÑO DOS MIL DOCE, EL SUSCRITO ACTUARIO A ESTA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO CONSTAR QUE A EFECTO DE DAR FORMAL Y DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADA MEDIANTE ACUERDO (S) DE FECHA ocho de diciembre de dos mil once DICTADOS POR ESTA AUTORIDAD EN EL EXPEDIENTE AL RUBRO CITADO, ME CONSTITUYO EN EL DOMICILIO DE LA PARTE DEMANDADA MISMO QUE UBICA EN avenida Morelos, número trescientos veintitrés, colonia centro, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos EN BUSCA (.) Bancomer S.A. de C.V Y CERCIORADA PLENAMENTE DE ENCONTRARME EN EL DOMICILIO CORRECTO POR ASÍ INDICARMELO LOS SIGNOS EXTERIORES QUE TENGO A LA VISTA TAL Y COMO LO SON una placa metálica la cual me indica, municipio, colonia y avenida correctas, dicha placa se encuentra en la esquina de la calle más próxima al lugar donde actúo, así como por tener a la vista un inmueble de fachada verde, con el nombre de Bodega Aurrera en la parte superior del mismo, con puertas de acceso de cristal, así como por manifestármelo la persona que atiende en la presente diligencia Y CERCIORADO PLENAMENTE QUE las personas morales buscadas tienen su domicilio y las físicas buscadas laboran en el lugar en que me constituyo y por el dicho de la persona que me atiende EN EL QUE PROCEDO A INTRODUCIRME Y DESDE EL INTERIOR DEL INMUEBLE ACUDE A MI LLAMADO EL (LA) C: Beatriz Bahena QUIEN REFIERE SER empleada de recursos humanos Y A QUIEN EN ESTE ACTO LE HAGO SABER EL MOTIVO DE MI VISITA HACIENDOLE DE SU CONOCIMIENTO QUE SOY ACTUARIA ADSCRITA A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, AL MISMO TIEMPO QUE ME IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL EXPEDIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EN LA CUAL APARECE MI NOMBRE, FOTOGRAFÍA Y FIRMA ASÍ COMO EL NÚMERO DE LA CLAVE, LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENEZCO Y PUESTO QUE ME DESEMPEÑO; SOLICITÁNDOLE SE IDENTIFIQUE Y si LO HACE con credencial expedida por Bodega Aurrera número 3823 A QUIEN EN ESTE ACTO LE PREGUNTÓ POR LA (S) PERSONAS (S) QUE BUSCO, Y ME MANIFIESTA QUE no se encuentran PROCEDO A DEJAR CITATORIO DIRIGIDO A CADA PERSONA BUSCADA A TRAVES DE LA PERSONA QUE ME ATIENDE PARA EL EFECTO DE QUE LAS PERSONAS QUE BUSCO SE SIRVAN ESPERAR AL SUSCRITO EL DÍA Y HORA QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 743 FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.------------------------------------------- RH Plus S.A de C.V, por conducto de su representante legal, en su carácter de patrón, deberá esperar a la suscrita las catorce horas con cincuenta minutos del cuatro de enero de dos mil doce. Bodega Aurrera S.A de C.V, por conducto de su representante legal, en su carácter de patrón, deberá esperar a la suscrita las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de enero de dos mil doce. Nueva WalMart de México S. de R.L. de C.V, por conducto de su representante legal, en su carácter de patrón, deberá esperar a la suscrita las quince horas con cero minutos del cuatro de enero de dos mil doce. Bancomer S.A.de C.V., por conducto de su representante legal, en su carácter de patrón, deberá esperar a la suscrita las quince horas con cinco minutos del cuatro de enero de dos mil doce. Feliciano Venoso "N", deberá esperar a la suscrita las quince horas con diez minutos del cuatro de enero de dos mil doce. Monica Elvira "N", deberá esperar a la suscrita las quince horas con quince minutos del cuatro de enero de dos mil doce. TODOS DEBERAN ESPERAR EL DÍA Y HORA SEÑALADO EN EL LUGAR EN QUE SE ACTUA, APERCIBIDO QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LES NOTIFICARÁ DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 743 FRACCIÓN IV DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.------------- POR LO ANTERIOR DOY POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA Y EL SUSCRITO FIRMA AL CALCE PARA MAYOR CONSTANCIA LEGAL. DOY FE." (Lo resaltado es propio) De la lectura de la razón transcrita se advierte que no obstante que el fedatario de mérito refirió haberse cerciorado de ser el domicilio señalado por el actor como el de los demandados (entre ellos el ahora quejoso), ésta no cumple con las formalidades previstas en la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal de Trabajo. Ello es así pues de la razón actuarial se advierte que el fedatario: a) Se constituyó en el domicilio señalado para realizar el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral, a saber en avenida Morelos, número trescientos veintitrés, colonia centro, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. b) Narró haberse cerciorado de encontrase en el domicilio indicado, por los signos exteriores que tuvo a la vista una placa metálica la cual le indicó, municipio, colonia y avenida correctas; dijo que dicha placa se encuentra en la esquina de la calle más próxima al lugar donde actúa, así como por tener a la vista un inmueble de fachada verde, con el nombre de Bodega Aurrera en la parte superior del mismo, con puertas de acceso de cristal. c) Una vez en el domicilio señalado para el desahogo de la diligencia de emplazamiento, el fedatario atendió la diligencia con la persona de nombre Beatriz Bahena que dice lo "atendió", quien refirió ser empelada de recurso humanos y se identificó con credencial expedida por Bodega Aurrera con número 3823 y al hacerle saber el motivo de su presencia preguntó por las personas buscadas (entre ellas el quejoso), a lo cual refiere le manifestó que no estaban. d) En razón de lo anterior dejó citatorio dirigido al demandado Bancomer S.A. de C.V. (aquí quejoso) para que lo esperara a las quince horas con cinco minutos del cuatro de enero de dos mil doce, a fin de llevar a cabo el emplazamiento ordenado en día y hora señalado Por su parte, de la revisión al citatorio respectivo, se advierte que en la hora y fecha señalada, el fedatario se constituyó nuevamente en el domicilio y al no encontrarse el peticionario de amparo, fue atendido por Beatriz Bahena manifestándole ser empleada de recursos humanos identificándose con credencial expedida por Bodega Aurrera con número 3823. En ese orden, al no haber esperado la cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 743, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, procedió a realizar el emplazamiento a juicio del ahora quejoso con la persona que se encontraba en el inmueble, quien le dio su nombre y se identificó con credencial emitida por Bodega Aurrera sólo refiriendo ser encargado del lugar; siendo con éste con quien se entendió la diligencia, a quien entregó copias certificadas del escrito de la demanda, auto de radicación de ocho de diciembre de dos mil once, corriéndole traslado con los mismos, quien si firmó de recibido, emplazando al demandado a juicio. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión que tales diligencias no se ajustan a lo ordenado por la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende violan los derechos de audiencia y seguridad jurídica. Esto es así, toda vez que para cumplimentar el dispositivo legal de mérito, el fedatario debió constatar a través de diversos elementos (objetivos y subjetivos) que la ahora quejosa tenía su domicilio en el lugar en que actuaba y asentarlo en las actas correspondientes dejando constancias de lo siguiente: 1. Al constituirse en el domicilio señalado en autos, debió corroborar la dirección con los signos visibles en dicho lugar, como es el nombre de la calle, la numeración, la colonia y Municipio, y de tratarse de persona moral, algún el señalamiento indicativo de correspondencia a dicho establecimiento. 2. Preguntar expresamente a la persona que encontró presente, si en ese inmueble habitaba, trabajaba o tenía su domicilio en la casa o local Bancomer S.A. de C.V., así como el nexo de relación específico con dicha moral buscada. 3. Hecho lo anterior, esto es, logrado el cercioramiento de que la parte demandada en efecto tenía su domicilio en aquél inmueble, requerir la presencia del representante legal y sólo en caso de que éste no se encontrara presente entonces, proceder a dejarle cita de espera para hora determinada del día siguiente. 4. Al constituirse nuevamente, en caso de no encontrar al buscado, realizar la diligencia con la persona que lo atiende haciendo constar el traslado de las copias del juicio natural. Ahora bien, de las actuaciones remitidas como sustento del informe justificado, no se desprende que el fedatario responsable se haya cerciorado de que efectivamente la demandada (aquí quejosa) tuviese su domicilio en el inmueble en el cual se constituyó, ubicado en "Avenida Morelos, número trescientos veintitrés, Colonia centro, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos", porque -como se evidenció en líneas precedentes- era necesario recabar mayores datos tendentes a poner de manifiesto que el lugar donde se apersonó, efectivamente correspondía al domicilio donde tenía sus instalaciones la persona moral peticionaria de amparo y dejar constancia de ello en las actas relativas; lo que no ocurrió. A fin de justificar la afirmación anterior, es necesario tener en cuenta que de las actas exhibidas, sólo se desprende que el actuario responsable asentó que la persona que lo atendió en aquella ocasión, le proporcionó su nombre y dijo ser empleada del área de recursos humanos, identificándose con credencial expedida por "Bodega Aurrera", y al preguntarle por "la persona buscada" le informó que "por el momento no se encontraba". Esto resulta insuficiente para estimar que dicho fedatario cumplió con el deber legal antes precisado de cerciorarse de que la quejosa BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, BBVA Bancomer, verdaderamente tenía -en aquél lugar- su domicilio o que en él trabajaba, o que dicha persona con quien entendió la diligencia laborara con la parte quejosa o para ella. Por el contrario, de lo asentado no se desprende evidencia alguna de que en dicho lugar pudiera localizarse a la quejosa, y mucho menos que quien atendió al actuario tuviera nexo alguno con aquélla, pues se identificó con credencial expedida por diversa moral (Bodega Aurrera) y se ostentó como empleada de ésta última, perteneciente al área de recursos humanos; de ahí que la expresión al responder por la persona buscada, relativa a que "por el momento no se encontraba", de ningún modo justificaba la realización de la notificación por su conducto, por oponerse a lo dispuesto en el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior es así, en atención a conforme a la interpretación jurisprudencial que se ha hecho en torno a tal dispositivo legal, que exige al funcionario que realice la primera notificación personal, asegurarse de que la persona buscada verdaderamente habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar, señala que no está permitido que llegue a tal seguridad a partir de sus propias deducciones, sin contar con otros elementos que lo lleven a tal convicción; razonando al efecto que la expresión "no se encuentran" las personas que se buscan, no implica inequívocamente que tal persona ahí habita, trabaja o tiene su domicilio, sino que puede llevar a cometer errores. Siendo el caso que la jurisprudencia de que se ha dado cuenta, es la proveniente de la contradicción de tesis 75/98, identificada con el número 2a./J. 9/99, con registro digital 194555, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE "POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA" PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO El emplazamiento a juicio laboral es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y, por eso, el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que al realizarlo el actuario debe cerciorarse que en el lugar señalado en autos habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que busca; por lo que cuando alguien le informa que "por el momento no se encuentra" la persona que busca, ese funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación no conduce inequívocamente al estado de certeza que exige el precepto legal en cuestión, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al particular conocer el inicio del procedimiento." Ciertamente, porque el hecho de que la persona que encontró presente en aquella ocasión, le informara que es empleada de recursos humanos, se identificara con credencial expedida por la Bodega Aurrera, y refiriera que el demandado por el momento no se encontraba, no implica de suyo verdaderamente ahí tenía su domicilio y que fuera empleada de la parte quejosa, a fin de considerar que tenía un vínculo con ella y que le informaría sobre la búsqueda y emplazamiento. De lo expuesto, es claro que el Actuario incumplió con el cercioramiento del domicilio del quejoso, en términos del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo vigente, dando como resultado que el citado emplazamiento y citatorio resulten ilegales. Por tanto, se advierte que la parte quejosa no fue emplazada al juicio laboral de origen con las formalidades necesarias que la ley establece para tal efecto, lo que se traduce en violación a su derecho de audiencia. Ello es así, en razón de que por la importancia y transcendencia procesal del emplazamiento a juicio resulta indispensable velar porque el interesado conozca con toda exactitud y certeza los mismos con el propósito de salvaguardar su derecho de defensa. Ahora bien, atendiendo al sentido de la presente determinación esta juzgadora prescinde del análisis de la inspección judicial realizada por el actuario de la adscripción el veintiséis de octubre del dos mil veintiuno. En consecuencia, al quedar demostrado que el acto reclamado es violatorio de los derechos de legalidad y seguridad jurídica que prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos: a) Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral 01/3364/11, desde las diligencias de citación y emplazamiento únicamente por cuanto al quejoso Bancomer S.A. de C.V., en su denominación correcta BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. b) Reponga el procedimiento y ordene que se practique el emplazamiento del quejoso al juicio laboral 01/3364/11, en los términos de la ley de la materia. Concesión de amparo que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Se precisa que la concesión del amparo sólo puede ser en beneficio del quejoso BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y no de diversos codemandados en el juicio laboral de origen, al no existir un litisconsorcio pasivo necesario; ya que la relación sustancial controvertida no es sólo una y tampoco puede considerarse que exista una sola acción y un solo tipo de excepciones a oponerse por los demandados. En efecto, existe litisconsorcio voluntario cuando se demanda a un ente como obligado principal y varias personas como garantes y obligados solidarios, en tanto que en este caso se reclamó el pago de una obligación que se estimó conjunta y solidaria en la demanda de origen, de ahí que cada uno de los demandados pudo ser enjuiciado por sí, y que la condena que se impusiera podría ejecutarse en uno o en varios de ellos, sin afectarlos a todos, por lo que sin duda existe dicho litisconsorcio, ya que existen tantas acciones, acumuladas voluntariamente, cuantos demandados, y no se trata, por tanto, de "una misma acción", ni de "una misma excepción". En el caso sujeto a estudio, el actor en el juicio laboral basó su acción en la existencia de una relación laboral con los demandados, incluyéndose al ahora quejoso BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; respecto a la condición del actor, señalando en su demanda laboral conjuntamente como parte demandada al aquí quejoso, así como a diversos demandados, lo que hizo que naciera el litisconsorcio pasivo; sin embargo, éste no tiene el carácter de necesario, puesto que las acciones y la excepciones que pudieran oponerse, no provendrían de una causa que sea común a todos de forma indisoluble. El criterio anterior, en lo conducente, encuentra apoyo la jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Julio de 2000, Tesis: 2a./J. 59/2000, Página: 72, del texto y rubro siguientes: "PLURALIDAD DE DEMANDADOS EN MATERIA LABORAL. NO BASTA QUE UNO DE ELLOS ADMITA SER EL ÚNICO PATRÓN PARA ABSOLVER AUTOMÁTICAMENTE A LOS RESTANTES, SINO QUE, ADEMÁS, DEBE HACERSE EL ESTUDIO DE LAS CONSTANCIAS PARA DECIDIR LO PROCEDENTE. Cuando en un juicio laboral la parte trabajadora reclama de diversos demandados el pago de prestaciones derivadas del vínculo laboral, el reconocimiento que de dicha relación haga cualquiera de ellos es insuficiente para relevar de responsabilidad a los demás codemandados, bajo el supuesto de que dicha manifestación entrañe que se encuentran protegidos los intereses de la parte actora. Dicha determinación dependerá de un estudio pormenorizado y minucioso que se haga respecto de quiénes son responsables de la relación laboral, conforme a los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, para resolver efectivamente tal cuestión, dado que el reconocimiento de ese carácter en relación a uno de los demandados tiene como consecuencia obligarlo a responder de las condenas que procedan; luego, para arribar a tal conclusión es necesario atender a los hechos en que se sustentan las acciones y las excepciones, así como a las pruebas aportadas al sumario, para determinar si los demandados son responsables solidariamente del nexo laboral o sólo corresponde a uno de ellos, sin que deba estimarse incluidos a los demás, al no haber existido una relación personal subordinada respecto de aquéllos. Lo anterior tiene como sustento evitar que cuando exista responsabilidad solidaria, una persona insolvente asuma una responsabilidad que no le corresponde, dejando desprotegida a la parte trabajadora, provocando la absolución de los patrones.". Máxime que en el caso, debe tomarse en consideración que el laudo no determinó la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario entre los demandados, debiendo ser ello una referencia para fijar los efectos concesorios del amparo en relación con los demás codemandados. Se invoca al respecto la jurisprudencia de la Época: Décima Época, Registro: 2015413, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: XXVII.3o. J/34 (10a.), Página: 2359, que a continuación se trascribe: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA AL DELIMITAR LOS EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE DECLARA ILEGAL EL EMPLAZAMIENTO DEL QUEJOSO QUIEN SE OSTENTÓ COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, DEBE CONSIDERARSE Y NO DESCONOCERSE LO RESUELTO EN EL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL. En la jurisprudencia P./J. 9/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 78, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos de la sentencia de amparo que concede la protección federal deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario, o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de amparo, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. En relación con ello, en la jurisprudencia 2a./J. 103/2011, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 690, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN MATERIA DE TRABAJO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD LABORAL DETERMINAR SU EXISTENCIA.", la Segunda Sala de ese Alto Tribunal precisó que en materia de trabajo corresponde a la autoridad que conoce del juicio resolver la existencia o inexistencia del litisconsorcio pasivo necesario. Consecuentemente, para determinar la existencia de litisconsorcio pasivo necesario al delimitar los efectos de la protección constitucional en el juicio de amparo indirecto, cuando se declara ilegal el emplazamiento del quejoso quien se ostentó como tercero extraño por equiparación, el juzgador de amparo debe considerar lo resuelto en el laudo dictado en el juicio común, pues mediante esa resolución la Junta de Conciliación y Arbitraje fijó la existencia o inexistencia del litisconsorcio, y tal pronunciamiento constituye una verdad legal que no fue puesta a discusión, por lo que no se debe desconocer.". Concluyendo que ante la inexistencia de un litisconsorcio pasivo necesario dentro del juicio laboral, los efectos protectores de la presente sentencia no pueden beneficiar a los codemandados en el juicio laboral del aquí peticionario de amparo. Por lo que autoridad responsable deberá atender la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 72/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro I, tomo I, página 933, octubre de 2011, Décima Época, de rubro y tenor siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Es pertinente aclarar que las jurisprudencias que se citaron en este estudio, son aplicables conforme al artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, a pesar que algunas fueron emitidas conforme a la anterior ley, no se oponen a la vigente a partir del dos de abril de dos mil trece. Por lo anterior, deviene innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación, pues aún de resultar fundados no se lograría un beneficio mayor que el alcanzado con la concesión del amparo otorgado. SEXTO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos de lo expuesto en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa por los motivos y efectos expuestos en el quinto considerando del presente fallo. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en que las labores de este Juzgado así lo permitieron, asistida del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la comparecencia que antecede, por la cual JOSÉ ÁNGEL CUAXOSPA BLANCAS, reconoce y ratifica la firma plasmada en el escrito presentado en este juzgado el quince de febrero del año en curso, con folio 2433. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Luego, tomando en consideración que por el aludido escrito subsana la prevención formulada el dos de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia provéase lo que conforme a derecho corresponda. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. Bajo ese contexto, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama lo siguiente: ".LA NEGATIVA DE ENTREGAR EL BILLETE DE DEPOSITO AL HOY ACTOR Y QUEJOSO." (SIC) Ahora bien, la parte quejosa al momento de subsanar la prevención realizada en autos, ésta manifestó BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que se presentó en las instalaciones de la Junta responsable en las siguientes fechas: Siete de octubre de dos mil veintiuno Diecinueve de octubre de dos mil veintiuno Veintiséis de octubre de dos mil veintiuno Ocho de noviembre de dos mil veintiuno Diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno Uno de diciembre de dos mil veintiuno Diecisiete de enero de dos mil veintidós Con la finalidad, de que la autoridad señalada como responsable le hiciera entrega del citado billete de depósito, siendo en cada ocasión antes señalada, omisa realizarle dicha entrega. En el caso, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En primer lugar se citará el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, debe señalarse que el quejoso en su escrito inicial de demanda así como el aclaratorio, señaló BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD como acto reclamado la negativa por parte de la autoridad responsable en realizarle la entrega del billete de depósito, en cada una de las diversas ocasiones en que acudió a las instalaciones de la Junta solicitando dicha entrega, siendo la primera ocasión el siete de octubre de dos mil veintiuno y la última el diecisiete de enero del año en curso. Por ende, dicha manifestación como confesión hace prueba plena de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo. Por lo tanto, el plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo inició a partir del ocho de octubre de dos mil veintiuno, ello es así puesto que, como ya quedó precisado, la parte quejosa tuvo conocimiento de dicha negativa el siete del mismo mes y año. Entonces, el cómputo de la oportunidad en la impugnación de los actos reclamados debe realizarse a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado la ahora parte quejosa, esto es, a partir del ocho de octubre de dos mil veintiuno y feneció el veintinueve del mismo mes y año, sin contar en ese lapso los días inhábiles que mediaron entre ellos; en esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintiocho de enero de dos mil veintidós se advierte que fue presentada fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y como consecuencia se ha consentido tácitamente el acto que se reclama. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS." Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se reclama se estima consentido tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala este último precepto, como en seguida se pondrá de manifiesto. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por JOSÉ ÁNGEL CUAXOSPA BLANCAS, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito a nombre de José Ángel Cuaxospa Blancas, mediante el cual pretende subsanar la prevención realizada por auto de dos de febrero de dos mil veintidós; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda sin proveer respecto a su contenido, toda vez que la firma que calza el escrito de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece en el escrito inicial de demanda de garantías, tal y como se advierte a continuación: Firma del escrito de demanda. Firma del escrito registrado con el folio 2433. En consecuencia, requiérase a José Ángel Cuaxospa Blancas, para que dentro del término de tres días, que le será contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado Federal en hora hábil debidamente identificado, con la finalidad de que ante la presencia judicial manifieste sí reconoce o no la firma que calza en el escrito de cuenta, y en su caso, si ratifica el contenido del mismo; en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta; se advierte a la parte promovente de los delitos en que incurre quien declara con falsedad ante la autoridad judicial. En el entendido de que dicha ratificación se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, la cual deberá agendar directamente el interesado, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales"; además, una vez que obtenga ésta deberá hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Además, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, se faculta al fedatario de la adscripción para el caso de que la notificación del presente proveído la entienda de manera directa con la promovente de amparo pueda realizar la ratificación del escrito de cuenta. Asimismo, se autoriza la utilización de medios electrónicos y tecnológicos, a través de plataformas que permitan la realización de video llamada, a fin de llevar a cabo el desahogo de la ratificación señalada en líneas que anteceden, lo anterior en términos de lo establecido en el Acuerdos General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual podrá comunicarse al número telefónico 777 388 7240, con la finalidad de coordinar el día y hora hábil para llevar a cabo la diligencia correspondiente. Orienta el criterio anterior la tesis doscientos cincuenta y ocho, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y cuatro, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, cuyo rubro es "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA "QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE "RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y "DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE "CORRESPONDA.". HABILITA ACTUARIOS EN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. *Nmtg.
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